El actual presidente de la Generalitat y ex ministro de Sanidad, Salvador Illa solicitó que se reunieran en las residencias las personas mayores contagiadas de coronavirus según una información publicada por el diario El Debate . Asimismo, se prohibió su traslado a hospitales. Esta información desmorona la versión del Gobierno en relación a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien se le culpa actualmente de las muertes ocurridas en la región durante la crisis sanitaria. Por otro lado, sí permitió el exministro que los reos con síntomas de la enfermedad fueran transferidos desde la prisión a un establecimiento médico.
La Sanidad determinó que «si un residente presenta una infección respiratoria aguda leve, debe ser separado del resto de los residentes» y que, si no se puede realizar un aislamiento individual, «se puede optar por el aislamiento por cohorte». Esto implica que, en tal situación, el Gobierno instruyó a las residencias de ancianos a agrupar a los pacientes de avanzada edad infectados en una sola habitación, estableciendo que «deben permanecer alejados del resto de los residentes».
El documento, por un lado, admite que el Ejecutivo era consciente desde el 31 de enero de que el coronavirus tenía un carácter mortal y que se debían intensificar las medidas de seguridad. También se reconocía la vulnerabilidad de las personas mayores, así como la elevada tasa de mortalidad. «Para la población de 70 a 79 años, la tasa es del 8% y del 14,8% para aquellos que superan los 80 años», señala el escrito.
No obstante, en lugar de enviar al hospital a los enfermos, se instruyó a las residencias que confirmaran algún caso para que los pacientes permanecieran en el centro «debiendo limitar al máximo sus movimientos y quedándose en una habitación con buena circulación de aire». La fecha en que se divulgó este informe, el 5 de marzo de 2020 –es decir, nueve días antes de que se proclamara el primer estado de alarma por parte del Ejecutivo– aún no existía colapso ni en el sistema de salud pública ni en el privado y, por lo tanto, tal como indican ahora varios altos funcionarios hospitalarios a El Debate, «no se justificaba la orden de no hospitalizar a los contagiados».
El segundo informe que publica dicho diario, también del área de Sanidad, establece puntos fundamentales como «prohibir las visitas de los familiares a los ancianos que residen en las instalaciones y, de igual manera, impedir todas las salidas de los ancianos de las residencias» y, nuevamente, se prohibió que los ancianos fueran hospitalizados. «Las salidas del centro para los residentes se suspenden hasta que una nueva evaluación del riesgo revalore esta recomendación», señala el documento. «Uno de los sitios donde, por ejemplo, podrían haber sido trasladados es el Hospital de IFEMA, que recibió sus primeros pacientes el 22 de marzo. Este lugar nunca se colapsó y siempre hubo camas disponibles», recalcan los médicos.
El gobierno de Sánchez acusa a Ayuso de las muertes en residencias
A pesar de las directrices que el Gobierno impuso en relación con las residencias de mayores, cinco años después, mediante varios de sus ministros, el Ejecutivo señala a Ayuso como responsable de las muertes de los ancianos en los centros de la Comunidad de Madrid. Reyes Maroto, quien fue ministra de Industria durante la pandemia y ahora es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, calificó las muertes en dicha región de «homicidios», mientras que desde la administración autonómica de Madrid se anunciaron medidas legales. Posteriormente, Maroto se defendió argumentando que deseaba «subrayar que esas personas perdieron la vida en las residencias madrileñas sin recibir la atención médica adecuada» sin mencionar que, de hecho, fue el Gobierno del que ella formó parte quien impidió que los ancianos fueran trasladados a hospitales.
