La asociación HazteOír ha presentado una querella contra Leire Díez y contra el abogado Luis José Sáenz de Tejada ante el Juzgado de Instrucción de Badajoz, donde se les acusa de varios delitos entre ellos revelación de secretos, estafa, cohecho y tráfico de influencias por proteger a personas vinculadas con el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
La denuncia que consta de más de 15 páginas a la que ha tenido acceso El Distrito , solicita la investigación de una serie de audios, documentos y hechos que presuntamente demuestran un plan coordinado para obstruir causas judiciales, especialmente aquellas que afectan a personas del entorno del presidente del Gobierno, entre ellos su hermano David Sánchez.
Entre las pruebas aportadas destacan los audios desvelados por El Confidencial, donde intentaban desacreditar a la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) y concretamente contra el coronel Antonio Balas, cuya unidad estaba realizando varias investigaciones como el caso de David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno, o el de su mujer, Begoña Gómez.
La querella recoge la trayectoria de Leire Díez, desde su etapa como concejala del PSOE en Cantabria, hasta su nombramiento como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos. Posteriormente, y según la documentación aportada, pasó a trabajar directamente en la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde su labor como fontanera del partido, habría consistido en coordinar acciones para desacreditar a jueces y fiscales implicados en casos sensibles para el Ejecutivo.
Según el escrito de HazteOír, Díez mantenía reuniones con imputados y colaboradores para obtener información comprometedora que permitiera presionar o neutralizar a magistrados de instrucción. En una de esas reuniones, con el empresario Alejandro Hamlyn (implicado en la «operación Drake»), la querellada habría ofrecido interceder ante la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de información que permitiera «matar» profesionalmente al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO en investigaciones anticorrupción.
HazteOír aporta los audios en la querella
Entre las pruebas presentadas por HazteOír figuran audios en los que Leire Díez reconoce tener influencia sobre la Fiscalía, e incluso garantiza que un fiscal podría desplazarse hasta Dubái para facilitar un pacto con Hamlyn. En uno de los fragmentos más llamativos, la querellada afirma: “Te puedo sentar con la Fiscalía».
La propia Díez ha reconocido la autenticidad de los audios, aunque ha defendido que su actuación tenía fines periodísticos para la elaboración de un libro. Esta justificación ha sido calificada como poco verosímil por los querellantes, que destacan la naturaleza operativa y conspirativa de sus afirmaciones.
Sáenz de Tejada: intento de sabotaje judicial
El otro querellado, Luis José Sáenz de Tejada, abogado y exmagistrado condenado por violencia psicológica por el Tribunal Supremo, habría participado en la trama remitiendo documentación sensible a Leire Díez para atacar a jueces que instruyen causas contra el entorno del PSOE. Según los audios incluidos en la querella, incluso planeaba personarse como acusación popular con el objetivo de recusar a la jueza Beatriz Biedma, encargada del caso contra David Sánchez, hermano del presidente.
La Audiencia Provincial de Badajoz ya ha rechazado esta maniobra, considerándola un intento de fraude procesal. La querella también indica que, tras el fracaso de su personación directa, intentó hacerlo a través de su hermana, evidenciando un plan coordinado para perturbar el desarrollo judicial de los casos.
Según los querella de HazteOír, se dan indicios claros de que se utilizaron canales institucionales de forma ilegal para proteger a los investigados en causas de corrupción, perjudicando gravemente la independencia judicial.
La figura de Leire Díez, ya señalada por su relación con la gestión del voto por correo en las elecciones de 2023, vuelve al primer plano como presunta protagonista de una estrategia para deslegitimar a los jueces, fiscales, y miembros de seguridad del Estado que investigan a casos de corrupción que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez.
La petición de diligencias incluye la intervención de correos, mensajes y llamadas entre ambos querellados, así como su interrogatorio formal y la incorporación de pruebas procedentes de otros juzgados.
