La asociación Hazte Oír fue la primera organización que solicitó al magistrado instructor de la Audiencia Nacional que pidiera la imputación ante el Tribunal Supremo del secretario de Organización del PSOE y diputado, Santos Cerdán, «por su presunta implicación en una organización criminal y otros delitos investigados en la causa».
A finales de noviembre de 2024, Hazte Oír, presentó una petición formal para que se elevara una exposición razonada al Tribunal Supremo de Santos Cerdán, como diputado en el Congreso, goza de aforamiento, por lo que solo puede ser investigado por este órgano judicial.
La solicitud se basaba en indicios suficientes de que el actual secretario de Organización del PSOE podría haber cometido delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, en el marco de una presunta trama de adjudicaciones irregulares durante la pandemia.
Según estamos conociendo en las últimas horas, el informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO) de 491 páginas que ya está en manos del Tribunal Supremo, contiene audios entre Koldo Garcia, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos y el propio Santos Cerdán, donde se habla del cobro de comisiones de varias obras públicas.
Uno de los elementos más relevantes que Hazte Oír aportó fue el testimonio del empresario Víctor de Aldama, quien aseguró haber entregado un sobre con 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán en un bar cercano a la sede del PSOE en la calle Ferraz.
Este testimonio, que ya obra en el sumario del caso Koldo, fue considerado por la organización como una prueba contundente de la implicación directa de Cerdán en una presunta red de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos otorgados durante la pandemia.
La petición de Hazte Oír también argumentaba que Cerdán mantenía desde al menos 2017 una relación estrecha con José Luis Ábalos y Koldo García, lo que reforzaba la hipótesis de que existía una estructura organizada dentro del PSOE para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones. Según la acusación, se habrían establecido “cupos” y zonas territoriales para el reparto de los beneficios ilícitos, lo que apunta a una posible financiación irregular del partido.
