La asociación civil Hazte Oír ha presentado una denuncia ante la Unión Europea contra la controvertida «Ley Bolaños», una iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez que, según la plataforma, pretende entregar el control de la instrucción judicial a la Fiscalía, apartando a los jueces de la fase investigadora.
En paralelo, la organización ha registrado más de 70.000 firmas ciudadanas en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, recogidas en tiempo récord. El objetivo: exigir que se preserve la independencia judicial en España y se impida que la Fiscalía —a la que consideran dependiente del Ejecutivo— asuma un rol exclusivo en las investigaciones penales, incluyendo el mando directo sobre unidades como la UCO de la Guardia Civil.
La iniciativa legislativa ha sido impulsada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y ha sido presentada por el Gobierno como una supuesta armonización con el modelo judicial europeo. Sin embargo, desde Hazte Oír lo desmienten tajantemente “Bolaños dirá que esto es para asemejarnos a la Unión Europea, pero es falso”, afirman desde la organización.
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ya ha recibido la denuncia, donde se expone la falta de independencia de la Fiscalía y se recogen las advertencias previas lanzadas por diversas instituciones europeas al Ejecutivo de Sánchez.
Para Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, esta reforma responde a una estrategia de supervivencia política: “Es un movimiento a la desesperada de Sánchez, acorralado por los escándalos judiciales que cercan a su entorno más cercano: su esposa imputada, su hermano en el banquillo y su Fiscal General al borde del procesamiento”.
Hazte Oír vincula esta reforma con intentos anteriores de blindaje judicial del Gobierno, como la fallida «Ley Begoña», que buscaba eliminar la figura de la acusación popular —instrumento clave en muchos casos de corrupción—.“La ciudadanía española no va a quedarse de brazos cruzados mientras se destruyen los pilares del Estado de Derecho. Europa debe actuar antes de que sea demasiado tarde”, concluye la organización.
