La Policía Nacional y los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han procedido a retirar y destruir esta noche la lona que la asociación Hazte Oír desplegó este lunes frente al Congreso de los Diputados, donde se acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “corrupto”.
Al parecer han acudido miembros de las UIP (Unidades de Intervención Policial) que habitualmente se utilizan para manifestaciones de tipo violento, para cercar la calle con vallas y echar a los allí presentes.
Lo más alarmante del caso es que, según ha denunciado la propia organización a través de su cuenta oficial en Twitter (X), la retirada se llevó a cabo sin orden judicial y sin que existiera alteración del orden público alguna.
El propio abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán ha contado en directo en El Mundo Al Rojo de Distrito TV, como estaban destruyendo la lona porque al parecer el PSOE habia interpuesto una denuncia por delitos e injurias.
Pero según relata el propio letrado, no han recibido ninguna resolución judicial y en caso de que no exista debe llevarse a cabo un acto de conciliación antes del consiguiente juicio.
Una lona de Hazte Oír que no vulneraba ninguna ley
La lona en cuestión mostraba una imagen intervenida de Pedro Sánchez, con una estética que recordaba a la película El Padrino, acompañada de la palabra “corrupto” y referencias a varios escándalos que salpican a su entorno: el caso Koldo/Ábalos, el caso Begoña Gómez, el caso del hermano de Sánchez, el caso del Fiscal General y el caso Hidrocarburos.
La lona, claramente crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez, se colgó en un edificio privado frente al Congreso, y según ha asegurado Hazte Oír, existía un contrato legal y vigente de quince días con la empresa que gestiona la publicidad en ese inmueble.
La intervención de las autoridades, ejecutada con una rapidez que contrasta con la habitual lentitud burocrática, ha sido calificada por Hazte Oír como un acto de censura política impropia de una democracia europea.
¿Qué justifica que se movilicen cuerpos públicos como la Policía y los Bomberos para desmontar una lona crítica con el Gobierno sin respaldo judicial?
Ni la lona suponía un riesgo físico, ni había altercados relacionados con su colocación. La actuación se produce tan solo horas después de que el PSOE presentara una denuncia por injurias y calumnias, lo que refuerza la percepción de que ha habido una presión política directa para eliminar un mensaje incómodo en pleno centro de Madrid.
Una maniobra que erosiona la libertad de expresión
La libertad de expresión, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Española, ampara no solo la difusión de ideas consensuadas o populares, sino también —y sobre todo— aquellas que resultan incómodas, disruptivas o provocadoras. La crítica al poder político, aunque dura, es esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad libre.
El propio Tribunal Constitucional ha reiterado que las autoridades públicas deben tener un umbral más alto de tolerancia ante las expresiones críticas que se dirijan a ellas. ¿Qué mensaje se lanza a la ciudadanía cuando se elimina de forma arbitraria un cartel crítico con el Gobierno?
Un precedente peligroso para el activismo ciudadano
Este episodio sienta un precedente inquietante. Si una organización civil puede ser silenciada sin intervención judicial, ¿qué garantía tienen otras entidades, periodistas o ciudadanos de no ser objeto de la misma censura?
El problema no es solo lo que ha ocurrido hoy con la lona de Hazte Oír, sino el modelo de actuación institucional que se está validando: el del silencio impuesto por medios coercitivos ante la crítica política, sin debate judicial ni análisis legal previo.
Hazte Oír ha calificado la acción como un «acto de censura y abuso de poder», y ha informado que emprenderá acciones legales tanto por la destrucción de material privado sin autorización judicial como por la violación de su derecho a la libre expresión.
Resulta paradójico que el PSOE, que enarbola constantemente los valores de la democracia, haya reaccionado con tanta contundencia ante una simple lona. En lugar de defender la pluralidad ideológica y el debate libre, ha optado por judicializar el hecho
