El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha intervenido en apoyo a Puigdemont mediante la Fiscalía y la Abogacía del Estado, puesto que estas entidades han solicitado al Tribunal Supremo que acepte el recurso del independentista en fuga con el fin de que se le otorgue la amnistía por la malversación, al no contar con el «objetivo» de obtener un beneficio económico.

Es poco probable que los recursos sean estimados por el tribunal, conformado por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y la magistrada Susana Polo, dado que la Sala de lo Penal sometió a la corte de garantías una cuestión de inconstitucionalidad, donde manifiestan sus incertidumbres acerca de la legislación de amnistía.

Por ello, si la sala no acepta los recursos, Puigdemont podrá apelarse al Constitucional, que ya ha considerado los primeros recursos de amparo de aquellos condenados por el 1-O a quienes no se les otorgó la amnistía, como el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raul Romeva y Dolors Bassa.

El 1 de julio pasado, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó absolver el delito de malversación que se imputa al expresidente catalán y a los dos exconsellers, y decidió mantener en vigor las órdenes de arresto nacionales que existen en su contra.

Ante el juez, recurrieron en reforma Puigdemont, Comín y Puig; sin embargo, en septiembre, Llarena desestimó sus recursos, al igual que los de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que habían solicitado que el juez aplicara la norma a los acusados. En su auto, el instructor enfatizó que la amnistía excluye los delitos de malversación en situaciones en las que el individuo actúa con «la intención de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial», lo cual considera que se da en este caso.

La amnistía por malversación es considerada justificada por la Fiscalía

Ha defendido Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que «el ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía incluye los hechos que constituyen el delito de malversación». Por ello, ha solicitado a la Sala de Apelaciones que admita el recurso de Puigdemont y que, en consecuencia, se le conceda la medida de gracia que Llarena le ha negado en relación a este delito. Álvaro García Ortiz, la «número dos» del fiscal general del Estado, ha criticado al juez Llarena y a la Sala Penal (que está alineada con el instructor del «procés») por haberse «apartado» de una «numerosa cantidad de resoluciones judiciales» anteriores con esta decisión.

Sánchez Conde opina que resulta «asombroso» que en la actualidad se argumente que quienes lideraron el proceso secesionista en Cataluña utilizaran fondos públicos «con el fin de obtener un beneficio personal». En este contexto, la teniente fiscal del Tribunal Supremo ha afirmado que Llarena y la Sala «fabrican una intención de enriquecimiento individual» en los condenados y acusados de malversación para impedirles acceder a la amnistía.

Como resultado de las acusaciones, también se ha expresado la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox. La fiscal teniente del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha manifestado su apoyo para que el tribunal considere los recursos de los líderes independentistas. En su opinión, determinar que actuaron para obtener un provecho personal patrimonial «resulta, cuando menos, sorprendente».

La Fiscalía ha afirmado que los acusados no tenían como objetivo el «beneficio» económico al realizar la consulta del 1-O, por lo que ha argumentado «la posibilidad de amnistía de los hechos». Además, Sánchez Conde ha negado que las acciones de Puigdemont, Comín y Puig causaran algún perjuicio a los intereses económicos de la Unión Europea, tal como mencionó Llarena para rechazar la amnistía. «No se han utilizado fondos europeos. No ha habido disminución alguna. Los recursos eran de la Generalitat y esto está demostrado«, ha señalado.

La capacidad del abogado de Puigdemont es puesta en duda

Durante su intervención, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont -quien, mediante este recurso, explora la vía jurisdiccional antes de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) de Cándido Conde-Pumpido en busca de protección-, ha argumentado que el Tribunal Supremo carece de competencia para emitir un veredicto sobre este tema, dado que Puigdemont ya no ostenta el cargo de eurodiputado y el alto tribunal no es «el juez con jurisdicción» bajo el cual la Ley de Amnistía determinó su aplicación.

Vox se opone a la autorización de la amnistía solicitada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado

En contraste, la oposición a modificar la decisión de Llarena sobre la no concesión de amnistía a la malversación del procés ha sido claramente expresada por Vox, quien ha criticado a la defensa de Puigdemont por insistir en que el Supremo carece de competencia para deliberar al respecto. «Si un acto es ilegal, no puede estar protegido por ninguno de los mecanismos legales, y menos aún por esta ley de amnistía. No se debe a una interpretación extravagante del Supremo, sino que el Constitucional así lo manifestó en relación a las leyes de desconexión», ha declarado Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de Vox, durante la audiencia.