El Tribunal Supremo ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. Ante esta situación, la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido cerrar filas en torno al máximo responsable del Ministerio Público, al que ha defendido sin matices, mientras ha lanzado duras acusaciones contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La estrategia ha sido clara: desacreditar a la oposición y desviar el foco sobre la gravedad de los hechos.
El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha definido hoy, en una entrevista a TVE, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como una persona «íntegra», mantiene en él su «confianza plena y absoluta» y ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de emprender una «guerra sucia» contra el Ejecutivo central.
Al hilo, ha recalcado que el origen de esta causa son los «delitos que comete» el novio de la presidenta y que para «intentar blanquearlos» el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, » filtra una mentira a los medios de comunicación para que la opinión pública reciba un mensaje que es falso».
Ha negado que haya una operación de Estado contra Ayuso, como afirma ella misma, sino que se está desplegando «justo lo contrario», una «guerra sucia contra el Gobierno de España» a «insulto y salvajada diaria«. «Es muy propio de estos tiempos y del PP esta acusación en espejo, esta gente hace lo que hace y luego te acusa a ti de hacerlo, es lamentable pero es lo que está pasando», ha apostillado.
Otros ministros como Óscar Puente han llegado a decir que “la oposición real al Gobierno la hace Ayuso desde Madrid”, y han sugerido que esta situación forma parte de una campaña mediática contra el Ejecutivo.
El Supremo pone en la diana al fiscal general
El auto judicial, firmado por el magistrado Ángel Hurtado, considera que existen indicios sólidos de que García Ortiz, junto a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, filtró a los medios un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en el marco de un procedimiento fiscal. La intención, según el juez, habría sido dañar políticamente a Ayuso, contrarrestando un relato mediático que perjudicaba al Ministerio Público.
La acusación se centra en un presunto uso espurio de información reservada con fines partidistas, lo que de confirmarse, comprometería gravemente la independencia del Ministerio Fiscal. El delito de revelación de secretos puede acarrear hasta cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación.
La figura de García Ortiz ha estado rodeada de polémica desde su nombramiento. Su cercanía con el anterior fiscal general, Dolores Delgado, y su sintonía ideológica con el Gobierno levantaron suspicacias en amplios sectores judiciales. Ahora, su continuidad en el cargo tras el procesamiento supone un desafío ético: se trata del máximo garante de la legalidad en el Estado, acusado precisamente de violar la ley que debe proteger.
Asociaciones de fiscales piden la dimisión de Garcia Ortiz
Incluso desde dentro de la carrera fiscal ha habido voces que piden su dimisión para preservar la imagen de neutralidad del Ministerio Público. La decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha llevado a dos de las principales asociaciones de fiscales a exigir su dimisión inmediata. Sin embargo, otra asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Ante esta situación, la portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha calificado el escenario de «insostenible». “Es una causa absoluta de sonrojo y de vergüenza», ha afirmado. Según Dexeus, mantener al fiscal general en su puesto tras ser procesado supone un grave daño reputacional para toda la institución. Sin embargo, ni el fiscal ni el Gobierno contemplan su salida, lo que alimenta aún más las sospechas de politización.
