El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo al actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse su procesamiento por parte del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.
A pesar de las presiones de la oposición para que dimita, el Ejecutivo ha reafirmado su confianza en el fiscal y ha hecho un llamamiento a respetar su presunción de inocencia, un principio básico del Estado de Derecho.
La decisión del alto tribunal se basa en la supuesta filtración de un correo electrónico que incluía detalles comprometedores sobre un acuerdo de conformidad entre la Agencia Tributaria y Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En ese correo se reconocían dos delitos fiscales, lo que ha desatado un terremoto político y judicial.
El Gobierno cierra filas con el Fiscal General del Estado
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática,, Ángel Víctor Torres, ha dejado clara la posición del Gobierno en declaraciones realizadas tras conocerse el auto del Supremo. “El Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y considera que debe respetarse la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme”, ha afirmado. Según Torres, se trata de un caso que debe seguir su cauce judicial sin interferencias políticas.
El Ejecutivo también ha recordado que en situaciones similares no se han producido dimisiones inmediatas y que la coherencia institucional exige prudencia. “No hay una condena ni una situación que justifique la dimisión de forma automática”, señala el ministro.
La oposición exige responsabilidades
Por su parte, el Partido Popular ha reaccionado con dureza ante el procesamiento. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión inmediata de García Ortiz, En la red social X(Twitter) ha publicado: «es el momento de que se vaya el Fiscal General del Estado y quien le daba las indicaciones.
El portavoz nacional del PP, Borja Semper, ha exigido la dimisión del Fiscal General del Estado. Considera que el presidente del Gobierno tiene que cesar a Garcia Ortiz y que Pedro Sánchez no puede estar más tiempo escondido sin dar explicaciones, ya que lleva más de 40 días sin comparecer ante los periodistas.
Los hechos que investiga el Supremo
La decisión del Tribunal Supremo de abrir procedimiento abreviado contra Álvaro García Ortiz se produce tras admitir una querella presentada por la pareja de Ayuso. El auto considera que existen indicios racionales de criminalidad al haberse difundido un correo interno que podría estar protegido por el secreto de las actuaciones judiciales.
En dicho correo se hacía referencia a un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de González Amador, en el que se contemplaba una posible admisión de los delitos fiscales. Según el alto tribunal, la revelación pública de este documento podría constituir una vulneración grave del derecho a la intimidad y del principio de confidencialidad procesal.
Álvaro García Ortiz descarta dimitir
En unas declaraciones hace unos días al canal 24 horas, el propio Álvaro García Ortiz afirmó que no tiene intención de dimitir y que defenderá su actuación ante los tribunales. El fiscal sostenía que su actuación estuvo amparada por su función institucional y que no existió ninguna voluntad de dañar a terceros.
Según fuentes de la Fiscalía, la comunicación pública del contenido del correo se produjo para contrarrestar informaciones falsas y proteger el interés público. Desde el entorno del fiscal general insisten en que la intención nunca fue perjudicar a ninguna persona concreta, sino garantizar la transparencia del Ministerio Público.
Asociaciones de fiscales exigen su dimisión
Por su parte, varias asociaciones han pedido al fiscal general que presente su dimisión, entre otras la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria de la carrera– y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han solicitado la dimisión de García Ortiz, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –a la que pertenecía– le ha respaldado.»Sin perjuicio de defender el principio de presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz –como el de cualquier otro ciudadano– la AF considera que no puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la Fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos», defendía la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en un comunicado.
«El caso de García Ortiz podría convertirse en el primero en la historia de la democracia en el que un Fiscal General del Estado se sienta en el banquillo de los acusados.
