Se adjudicaron contratos por un valor superior a los diez millones de euros por parte del Gobierno de Francina Armengol en el Servicio de Salud de Islas Baleares a empresarios que gestionaban sociedades off-shores en paraísos fiscales. Estas adjudicaciones ocurrieron durante la adquisición de productos fitosanitarios, como mascarillas o guantes, durante los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus. Actualmente, la Fiscalía europea está investigando los contratos firmados por el ejecutivo balear de Armengol, quien ahora es presidenta del Congreso de los Diputados, con la empresa del caso Koldo.
Ha sido resaltado por la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares que el IBSALUT [Servicio de Salud de Islas Baleares] otorgó un total de 10.161.576 € a «empresarios que, según la International Consortium of Investigative Journalists (Offshore Leaks Database), mantiene vínculos con sociedades off-shore establecidas en paraísos fiscales«. En un informe elaborado por este organismo, que depende del Parlamento balear y cuya función es prevenir e investigar posibles casos de malversación de fondos públicos, se encuentra esta información.
En el centro de las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil en el caso Koldo, donde se examina el presunto soborno en la adjudicación de compras de equipos sanitarios durante la pandemia, se encuentra una de estas organizaciones llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Este caso ha generado una controversial discusión en círculos políticos, llevando a la dimisión de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, como líder de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados y su posterior decisión de unirse al grupo mixto.
Vínculo entre Kodo y los contratos del Gobierno de Armengol
La empresa llegó a acuerdos con la administración pública para suministrar mascarillas y material fitosanitario durante la pandemia. Los contratos más grandes vinieron de Adif y Puertos del Estado, ambos dependientes del Ministerio de Transportes, que en ese momento era dirigido por Ábalos. Además, se realizaron adjudicaciones por parte del Ministerio del Interior y de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, bajo la presidencia de Armengol y Ángel Víctor Torres, quien ahora ocupa el cargo de Política Territorial.
Las indagaciones de la Oficina de Prevención y Combate de la Corrupción en las Islas Baleares se concentran en las asignaciones que durante la pandemia firmó el Gobierno de Francina Armengol, quien ahora es presidenta del Congreso. Según el informe redactado por este organismo, se menciona otro señalamiento hacia la comunicación que los empresarios tienen con paraísos fiscales, en este caso vinculado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.
En el desglose de la actividad empresarial y financiera de esta entidad, se destaca, según la oficina anticorrupción, a José Ángel Escorial Senante como único administrador. Un individuo que, en el caso de los llamados Paradise Papers, muestra dos empresas offshore en Malta.
Las compañías establecidas en dichas naciones o regiones se encuentran sujetas a una tributación mínima o inexistente, y su falta de transparencia posibilita evadir las típicas regulaciones financieras y fiscales.
También resalta en su informe la oficina balear contra la corrupción, consultado por Vozpópuli y fechado en marzo de 2021, que «en 2008 ocupaba la posición de gestor en Delta Advisory and Management Services Limited y en Arce Investment Consulting Límited, además de Malta Capital«.
Y agrega: «Según los datos que posee la Oficina, la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil indagaron el año pasado a esta firma, en relación a una supuesta malversación en Angola, en colaboración con otras compañías, a través del soborno a funcionarios públicos por parte de la compañía española Mercasa, en el marco de la ejecución de un contrato para edificar un mercado de provisiones en Luanda».
Defensa de Armengol
Este martes, compareció en la Cámara Baja la presidenta del Congreso para defenderse en el centro de la polémica por la gestión de su Gobierno en la adjudicación de contratos durante la pandemia. Armengol expresó su propósito de permanecer en el puesto y criticó al Partido Popular, a quien acusó de sobrepasar «todas las líneas rojas posibles» al demandar su dimisión.
En esa comparecencia, Armengol afirmó que no existió una comunicación directa entre su Gobierno y las diferentes empresas involucradas en el caso Koldo. Sin embargo, esta versión contrasta con la información de un informe elaborado por el Gobierno balear en 2021, donde se especifica que fue Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas quien estableció contacto directamente con el Ejecutivo regional.
En relación a los contratos que Francina Armengol y Víctor Torres suscribieron con la trama Koldo, la Fiscalía Europea ha iniciado una investigación después de recibir una denuncia por parte de un particular y comprobar su competencia. Específicamente, está indagando en los presuntos delitos de desfalco de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
