La Fiscalía del Tribunal Supremo ha salido una vez más al rescate de Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, al oponerse formalmente a que sea investigado por su posible implicación en el conocido como caso Begoña Gómez.
En un informe enviado a la Sala de lo Penal del Supremo, el fiscal Fernando Prieto rechaza la solicitud del juez Juan Carlos Peinado, quien pidió la apertura de una causa contra el ministro por presuntos delitos de falso testimonio y malversación de fondos públicos.
Esta decisión de la Fiscalía supone un nuevo gesto de protección institucional hacia el entorno más próximo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que el caso afecta de lleno a su esposa, Begoña Gómez, investigada por sus vínculos con empresas beneficiadas por contratos públicos mientras ejercía como directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
La investigación se originó en torno a la contratación de Cristina Álvarez, una asesora personal de Begoña Gómez que trabajó en Moncloa. El juez Peinado sostiene que esta asesora no solo prestó apoyo a la esposa del presidente en actos oficiales, sino también en su actividad profesional privada, cobrando un salario con dinero público.
Para el juez, la contratación de Cristina Álvarez podría haber sido autorizada o al menos conocida por Félix Bolaños, lo que implicaría un posible delito de malversación. Además, considera que Bolaños incurrió en falso testimonio por haber negado irregularidades en su comparecencia judicial, contradiciendo las declaraciones de otros altos cargos de Moncloa, como Raúl Díaz, responsable de personal.
En cuanto a la malversación, razonó que Bolaños era el responsable de velar por los fondos públicos con los que se pagó a Álvarez para que asistiera a Gómez no solo en su faceta de mujer del presidente del Gobierno sino también en sus actividades privadas.
La Fiscalía cierra filas en defensa de Bolaños
Sin embargo, la Fiscalía del Supremo ha decidido cerrar filas en torno a Bolaños, argumentando que no existen indicios suficientes para abrir una causa penal. En su escrito, el fiscal Fernando Prieto considera que las discrepancias en las declaraciones no son relevantes penalmente y que no se ha acreditado que el ministro actuara con dolo ni que ordenara irregularidades en la contratación.El juez Peinado no se rinde
A pesar del rechazo de la Fiscalía, el juez Juan Carlos Peinado mantiene su postura y ha trasladado toda la documentación a la Sala Segunda del Supremo, que ahora deberá decidir si admite o no la investigación contra Félix Bolaños. El magistrado se ha convertido en una figura incómoda para el Gobierno, especialmente desde que comenzó a instruir el caso Begoña Gómez con un enfoque independiente, sin ceder a presiones políticas.
Fuentes judiciales señalan que Peinado considera que la negativa de la Fiscalía no debería ser vinculante, y que la Sala tiene margen suficiente para abrir diligencias si así lo considera oportuno, en función de los elementos que ya obran en el sumario.
Bolaños remarcó que él no tenía las competencias para firmar ni proponer el nombramiento de la asesora de Gómez y que el funcionamiento de ello consta en un real decreto. «En la ley se clarifica todo. La contratación fue absolutamente legal conforme a todas las leyes. Fue conforme a derecho y es un puesto necesario para atender a los enormes compromisos de la mujer del presidente del Gobierno», ha esgrimido
El Supremo tiene la última palabra
La última palabra la tendrá la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que deberá valorar si existen elementos suficientes para abrir una causa contra Félix Bolaños. Aunque lo habitual es seguir la recomendación de la Fiscalía, el alto tribunal puede tomar una decisión autónoma si aprecia relevancia penal en los hechos descritos por el juez Peinado.
Mientras tanto, el caso Begoña Gómez sigue creciendo en complejidad y alcance, arrastrando a figuras clave del Ejecutivo y generando un clima de tensión política e institucional que amenaza con erosionar aún más la credibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.
