La Fiscalía Provincial de Badajoz ha solicitado formalmente a la Audiencia Provincial el archivo de la investigación judicial contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con su contratación y labor como coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz.
Esta petición se produce tras varios meses de instrucción judicial iniciada a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, que acusaba a David Sánchez de haber accedido a su puesto de forma presuntamente irregular, así como de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
La Fiscalía descarta indicios de delito
En un extenso escrito de más de cien páginas, la Fiscalía sostiene que no existen indicios racionales de criminalidad ni contra David Sánchez ni contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, también investigado.
“No se acredita que el procedimiento de contratación respondiera a una voluntad dolosa o al uso ilegítimo del cargo público”, señala el informe, que desmonta las principales acusaciones de nombramiento ilegal, enchufismo y favorecimiento político.
Unas «hipótesis» que a juicio del Ministerio Fiscal «pudieron ser consideradas suficientes para justificar la incoación del procedimiento«, pero que según señala, «no cuentan -ni siquiera con la provisionalidad propia de esta fase procesal- con el respaldo fáctico necesario para concluir» que el puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios fuera creado «a la carta, con el objetivo de beneficiar» a David Sánchez.
La solicitud de archivo de la Fiscalía no es vinculante, por lo que la decisión definitiva queda en manos de la Audiencia Provincial de Badajoz, que deberá valorar también las posiciones de la acusación popular y de las defensas.
Origen de la causa contra David Sánchez: la denuncia de Manos Limpias
El proceso judicial se inició en mayo de 2024, cuando el sindicato Manos Limpias presentó una denuncia alegando irregularidades en la contratación de David Sánchez. Según el sindicato, el puesto fue creado a medida en el año 2017 para colocar al hermano del presidente, que entonces ya era una figura relevante en el Partido Socialista.
La denuncia afirmaba que David Sánchez fue contratado sin concurrencia pública, sin reunir los requisitos exigidos y que su retribución superaba la media del puesto. La jueza instructora, Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, aceptó la denuncia y en abril de 2025 dictó un auto de procesamiento contra Sánchez, Gallardo y otros responsables de la Diputación.
La acusación popular pide tres años de cárcel contra el hermano de Pedro Sánchez
La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, mantiene su postura y ha solicitado una pena de tres años de prisión para David Sánchez, así como la devolución íntegra de los sueldos percibidos entre junio de 2017 y febrero de 2025, que ascenderían a más de 400.000 euros.
Según el escrito de acusación, el hermano del presidente habría incurrido en un delito continuado de tráfico de influencias, en concurso con prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La acusación considera que la contratación se realizó para favorecer a un familiar directo del presidente del Gobierno, lo que vulneraría los principios de mérito, capacidad y transparencia en el acceso a la función pública.
Desde el entorno de Pedro Sánchez se ha defendido en todo momento la legalidad del proceso y la profesionalidad de su hermano. Moncloa ha calificado la causa como una “campaña de difamación con fines políticos”, dirigida por una organización ultra conservadora para perjudicar la imagen del presidente en año electoral.
Próximos pasos del proceso judicial
La Audiencia Provincial de Badajoz deberá ahora estudiar la petición de archivo de la Fiscalía y decidir si continúa adelante el procedimiento o lo archiva definitivamente. Esta decisión se espera en las próximas semanas y marcará un punto de inflexión en el desarrollo del caso.
Si la Audiencia decide seguir adelante, el caso podría ir a juicio a finales de 2025. Si se archiva, el asunto podría cerrarse sin mayores consecuencias legales para David Sánchez ni para los demás investigados.
David Sánchez Pérez-Castejón, de momento, sigue defendiendo su inocencia y se mantiene apartado de la vida pública.
