La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha dado un paso relevante en la investigación sobre el presunto uso irregular de fondos europeos Next Generation al imputar al empresario Juan Carlos Barrabés y a un alto cargo de Red.es, el organismo público dependiente del Ministerio para la Transformación Digital.
Esta actuación se produce en relación con varios contratos adjudicados a una UTE en la que participó una sociedad vinculada a Barrabés, y que fueron avalados mediante una carta de recomendación firmada por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, según ha adelantado El Confidencial.
La citación se produce un año después de que la Fiscalía Europea asumiera las pesquisas sobre estos contratos públicos, centrando el foco en aquellos financiados con fondos europeos. El caso cobró mayor relevancia política y mediática al conocerse que Begoña Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, había respaldado documentalmente a la empresa que resultó adjudicataria de dichos contratos.
Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, al frente del juez Juan Carlos Peinado, la sociedad Innova Next SLU, propiedad de Barrabés, concentró el grueso de las adjudicaciones del grupo empresarial en cuestión: 28 contratos públicos por un valor total de 22.857.805,49 euros, lo que representa el 91,7% del total adjudicado al grupo empresarial.
El juez Peinado, que abrió diligencias tras la denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias, trasladó parte de la causa a la Fiscalía Europea, que decidió quedarse únicamente con los contratos sufragados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
Los contratos investigados adjudicados a Barrabés
En el marco de las diligencias de comprobación, la Fiscalía Europea solicitó a Red.es la documentación completa sobre tres contratos públicos adjudicados a la UTE vinculada a Barrabés. Estos contratos estaban destinados a programas de formación para el empleo en la economía digital, con dos de ellos dirigidos a jóvenes y otro enfocado a personas desempleadas.
Además, el órgano europeo reclamó que se remitiera información adicional a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UAFSE) con el fin de confirmar si estos contratos fueron realmente financiados con fondos europeos y, en su caso, si se había procedido a su certificación.
La parte española mantiene una investigación paralela
Mientras tanto, el juez Peinado mantiene abierta la investigación en su juzgado sobre los contratos adjudicados al entramado de Barrabés que no fueron pagados con fondos europeos, en paralelo a la actuación de la Fiscalía Europea. Esta doble vía judicial complica aún más el caso.
Cabe recordar que Barrabés ha estado estrechamente vinculado a proyectos de innovación tecnológica y transformación digital, y que en su trayectoria profesional ha mantenido contactos con el entorno académico y político, incluyendo su participación en proyectos respaldados por la cátedra dirigida por Begoña Gómez.