¿Existe la democracia?

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Por Luis Merlo Flores              

Prevalece un consenso no escrito de que la democracia es el único sistema de gobierno aceptable y, como consecuencia, todos los gobernantes de Occidente se han cubierto con mayor o menor descaro con la manta de la “democracia”. Pero, ¿la democracia de la que hablan los políticos es auténtica?

Al ciudadano que desconoce los entretelones de la política, le basta que existan elecciones (sin cuestionarse su validez) para creer que vive al amparo de la democracia. Particularmente cuando tanto los medios como los políticos se encargan de hacérselo creer a fuerza de constantes declaraciones.

¿Engañan tanto los unos como los otros con gran desfachatez a los ciudadanos al hacerles creer en la existencia de una auténtica democracia en sus naciones? En este escrito daremos respuesta a esta pregunta

¿Qué es en realidad la democracia?

Todos sabemos que la democracia se originó en Atenas hace más de dos milenios. Democracia alude esencialmente al grado de participación de los ciudadanos en su propio gobierno.

En una auténtica democracia el pueblo detenta el poder, por lo tanto es propietario del Estado y titular de la soberanía. Es decir: el gobierno está sometido al pueblo, el gobierno nunca debe predominar sobre el pueblo.

Es el pueblo quien tiene derechos, el gobierno sólo ha adquirido obligaciones; al fin y al cabo los gobernantes no son otra cosa que empleados del primero.  De manera similar a los ejecutivos de una empresa que son empleados de los accionistas o propietarios de la misma.

La Real Academia define Soberanía como “autoridad suprema del poder público”, y agrega “la que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”. Para definir democracia, Abraham Lincoln utilizó una frase que perduró en el tiempo por ser muy acertada“Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Pero al observar casi todas las “democracias” actuales, las mismas se podrían definir como “gobierno de los políticos, por los políticos para el pueblo”. Es importante afirmar que una falsa democracia  inevitablemente implica gobernantes venales o incompetentes,resulta ser mucho más fácil de influenciar e incluso de infiltrar por intereses espurios. De hecho es el peor sistema de gobierno posible.

Siempre se critica a las dictaduras y con razón, pero al menos sus gobiernos totalitarios lo son de forma abierta y sin tapujos. Generalizando, se puede afirmar que en el mundo actual no existe nación alguna donde se haya implantado una auténtica democracia, y ya veremos por qué.

Ni siquiera existe en los EEUU, el autodenominado “campeón de la democracia”, que se ha esforzado por exportar el muy limitado concepto de “un hombre un voto” para definir a la democracia.

Interesante corroborar que USA dispone de la mayoría de las leyes propias de una auténtica democracia, pero desde sus inicios como nación, permitió que grupos financieros, aportando dinero para las campañas de los candidatos a parlamentarios, presidentes, gobernadores, e incluso alcaldes, controlen a los candidatos electos. Es decir, que en los EEUU el que manda es el dinero.            

Hemos mencionado repetidamente la palabra “democracia” sabiendo que la misma es uno de los conceptos más controvertidos y distorsionados por los políticos y los medios, al punto que la mayoría de ciudadanos tienen una idea muy poco clara sobre lo que realmente es.

También podemos aplicar esta afirmación a conceptos tales como: “soberanía”, “Estado”, “libertad” y “ciudadanía”, que consideramos preciso explicar previamente, para poder a continuación definir democracia. En este análisis surgirá la diferencia entre una democracia verdadera y una falsa.

Soberanía y Estado

Soberanía es uno de los conceptos más difíciles y espinosos de la Teoría del Estado y de la Ciencia Política. El uso más corriente del vocablo lleva a relacionarlo con la integridad territorial de una nación.

Bajo esta interpretación, parecería ser algo propio del país que puede ser lesionado si es atacado desde fuera, pero no parece tener relación directa con los individuos que gobiernan y los que habitan dicha nación.

Cuando los periódicos hacen mención de un hecho que “lesiona nuestra soberanía”, usualmente se refieren a invasión del territorio o al avasallamiento de algún derecho propio de un Estado independiente por otro.

La apropiación de Gibraltar por parte de Inglaterra en 1704 (y cedido a Inglaterra en 1717 por Felipe V en el Tratado de Utrecht), debe ser considerado como un acto que lesiona la soberanía española, pero sucede, como veremos,  que la soberanía puede ser lesionada por otro tipo de acciones.

El padre dominico Francisco de Vitoria (1485-1546), destacado teólogo, filósofo y jurista, enseñó en Paris y Valladolid, y en 1526 se le ofrece una cátedra en Salamanca, donde permanece hasta su fallecimiento.

Se le considera el padre del derecho moderno y el iniciador de la Escuela de Salamanca. Él afirmaba que la soberanía reside por derecho divino en el pueblo, quien delega el poder en el príncipe en función del oficio de este”.

Francisco Suarez de Toledo (1548-1617), un preclaro jesuita, formó parte de la Escuela de Salamanca y se le puede considerar como el continuador de Francisco de Vitoria, al apoyar sus principios. Es posible afirmar que la anterior definición representa el más auténtico antecedente de la democracia, mal que les pese a los ingleses con su “Magna Carta”.

La Real Academia define soberanía como “autoridad suprema del poder público” y, respecto a soberanía nacional, “la que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”.

Se puede ver que la Real Academia coincide básicamente con la afirmación del padre Francisco de Vitoria. Desgraciadamente, en la actualidad nos encontramos que muy pocos políticos tienen la capacidad para ser clasificados como “siendo del oficio”.

En relación a la interpretación que liga la soberanía al territorio, me atrevo a plantear que un territorio sólo está relacionado de forma indirecta con la soberanía. Esta reside exclusivamente en el pueblo, tampoco en el Estado o en el gobierno, que al fin y al cabo son sólo proyecciones de aquel.

El pueblo judío, en su peregrinación hacia Israel y luego en la Diáspora, no tenía tierras pero era un pueblo soberano que tenía su propio gobierno. El concepto de soberanía engloba por lo tanto la suma de todos los derechos de los individuos que forman un determinado pueblo o nación y el libre ejercicio de tales derechos.

Entre esos derechos posiblemente se encontrará el de posesión de un territorio. Pero en posición preeminente, se encuentra el derecho que tiene cada pueblo de regir su propio destino a través de la participación real y efectiva en las decisiones que lo gobiernan.

Si fuéramos a aplicar el concepto de soberanía a una empresa, diría que ésta reside en sus accionistas, es decir que en este caso se relaciona con la idea de propiedad. Pero no olvidar que los ciudadanos son, al fin y al cabo, los propietarios de su nación.

Ciertamente, la soberanía de un pueblo puede verse afectada por la apropiación por parte de extraños de un tramo de su territorio, pero también puede serlo por la apropiación o impugnación indebida de derechos del pueblo por su gobierno.

El concepto de Estado tiene a su vez varias acepciones; aunque dos destacan en lo referente a nuestro tema. La interpretación amplia y correcta, considera que el Estado se refiere a la totalidad de una sociedad organizada políticamente; es decir: el pueblo, el territorio y el gobierno.  En una interpretación restringida, el Estado estaría representado por las instituciones del gobierno.

Respecto a quien detenta el poder, los expertos en ciencias políticas también presentan diferentes versiones: Merriam considera en su definición, que “soberanía” sintetiza el poder del Estado sobre el individuo. El fascismo italiano preconizaba el sometimiento del individuo al Estado, en línea con esta concepción.

En las interpretaciones más modernas, dentro de esta línea de pensamiento, se establecen limitaciones a dicho poder. En otras acepciones se establece que “soberanía” es la identidad de una sociedad política que la diferencia de otras. Así piensa J.A. Zarzalejos, quien considera que soberanía y estado son ideas correlativas.

Ruiz del Castillo y H. Heller, asimismo, sostienen que la soberanía es propia del Estado. Desgraciadamente, es bastante usual que los gobiernos tiendan a confundirse a sí mismos con el Estado, adoptando de esta manera la interpretación restringida y actuando arbitrariamente sobre la soberanía, apropiándosela.

Un caso claro de lesión a la soberanía de un pueblo es cuando un individuo o un grupo determinado se hacen del poder por la fuerza o por medios cuestionables. Aquí surge la figura clásica del dictador, usualmente militar, que se apodera del “trono” por la fuerza.

No cabe duda que ha lesionado gravemente la soberanía de su pueblo y la prensa mundial siempre lo destaca sin paliativos. Pero también podemos preguntarnos, ¿qué diferencia existe entre el militar que por la fuerza asume el poder y el político poco cualificado que lo logra por medio de un sistema electoral trucado?

Ambos han lesionado los derechos del pueblo por igual.  Incluso hasta es posible argumentar a favor del militar que lo ha hecho abiertamente y sin tapujos y por lo tanto los ciudadanos al menos saben a qué atenerse.

El político que llega por engaños bien camuflados, es en realidad mucho más peligroso ya que normalmente no hay defensas levantadas contra él que seguramente presume de “democrático”.

Pero el ejemplo más usual de perjuicio a la soberanía se presenta cuando los gobernantes, electos o no, se atribuyen a sí mismos un grado excesivo de poder, en lugar de permitir que sea el pueblo quien ceda o retire el poder que considera conveniente.

Cuando el pueblo elige a sus representantes para que gobiernen en su nombre, sacrifica parte del ejercicio de su soberanía ante la necesidad de vivir en sociedad, pero no entrega un mandato abierto.

Podemos entonces afirmar que el pueblo podrá confiar el cuidado de su patrimonio a sus representantes que se constituyen en gobierno, pero nunca abandona su derecho soberano. De manera similar, los accionistas confiarán la administración de su empresa a dirigentes contratados, pero de ninguna manera en este acto les entregan la propiedad de la organización.

Un gobierno podrá actuar como delegado del pueblo al ejercer sus funciones, pero no es el Estado y tampoco es propietario de la soberanía. En realidad un gobierno no tiene derecho alguno, sus dirigentes sólo han adquirido obligaciones. Desde luego, ningún gobierno debería tener el derecho de incrementar por su cuenta el poder que el pueblo le ha concedido.

Veamos tres claros ejemplos de abuso del poder por parte del gobierno:

En EEUU, utilizando en forma muy cuestionable el sistema judicial, el gobierno, creando la figura del “malpractice” (mal ejercicio) saboteó el excelente sistema tradicional de seguro médico, elevando sus costes y por supuesto las primas de los seguros para los médicos y para los pacientes.

Cuando Barack Obama se convierte en Presidente crea el “Obama Care”, es decir un sistema de salud controlado por el gobierno, incrementando significativamente el ámbito de poder del Ejecutivo.

En Argentina, la presidenta Cristina Kirchner nombró fraudulentamente a un número indeterminado de jueces en un esfuerzo para bloquear los diferentes casos judiciales que se le imputaban por mala gestión y estafa.

En España, el PSOE lleva el desempleo al 27%, la cifra más alta de Europa y a continuación pone en práctica una serie de medidas destinadas a dificultar la creación de empleo, con lo cual el desempleo español se convierte en crónico.

El mismo PSOE, así como los sucesivos gobiernos, con la falsa justificación de  reducir la tasa de desempleo, multiplican por cinco el número de empleados públicos y declaran un éxito al haber logrado reducir el desempleo. Con el agravante que la mayoría de los nuevos funcionarios (2,5 millones) son “enchufados” que no  han aprobado ninguna oposición.

El pueblo debe retener la capacidad de administrar su soberanía ejerciendo su poder sobre la nación y por supuesto sobre sus gobernantes, pudiendo así ceder o recuperar lo que considere justo y necesario en el poder cedido al gobierno.

Por eso las Constituciones deberían ser sumamente explícitas al definir el ámbito de actuación del gobierno, poner claros límites a la extensión de su gestión, especificar en detalle los derechos de los ciudadanos y garantizar medios para que el pueblo pueda hacer valer su preeminencia natural.

Para resumir, se puede afirmar que si Soberanía representa los derechos y el poder del pueblo, Democracia es el medio que permite a su legítimo dueño ejercer ese poder dentro de los límites y procedimientos impuestos por la sociedad.

Libertad y democracia

La libertad es ese vocablo casi mágico que define uno de los dones más preciados del hombre: su libre albedrío terrenal. El concepto académico de libertad es: “La facultad natural del hombre de obrar de una forma u otra”.  Por lo que el hombre libre es considerado responsable de sus actos.

La Academia provee también una acepción relacionada con la política. “Facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuánto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres”.

Vemos que mucho queda por precisar sobre tal definición. Asumiendo que en una nación bien gobernada las leyes sean justas, hay que preguntarse: ¿Cómo se gobierna bien a una sociedad? ¿Cómo se establece si las leyes son justas?

Existe una íntima vinculación de libertad con soberanía, pudiéndose interpretar que la primera es el ejercicio de la segunda. En su manifestación práctica, la palabra libertad no siempre ha respondido a la anterior definición.  Se la viene usando desde hace siglos o tal vez milenios, para justificar guerras y revoluciones. Incluso ha sido utilizada para esclavizar al hombre.

En algunas naciones modernas auto denominadas “libres” la utilizan a diario como si hubiere necesidad de convencer a la población. Asimismo, muchos confunden libertad con libertinaje, creyendo que la pornografía libre, la prostitución, la drogadicción y la homosexualidad, entre otras cosas, son manifestaciones propias de la libertad.

Pero vale preguntar: ¿En qué consiste, llevada al terreno práctico, la tan mentada libertad, tanto en el terreno empresarial como en el de las naciones?

Hablando de empresas, no surge el concepto de libertad con la misma fuerza que se utiliza al hablar de política.  Tampoco tiene el mismo alcance ni se presenta de tan variada forma; sin embargo,  es también un importante factor que entra en juego en los diversos estilos de dirección de organizaciones.

Sabemos que en una organización tiránica, los empleados tienen poco o ningún albedrío y deben limitarse a obedecer las órdenes de sus superiores. (“Los ejecutivos están para mandar y el resto para obedecer”) como gustaba decir Lord Stokes, Presidente del Grupo Leyland.

En una empresa donde se practica la Dirección Participativa, propiciada por el Management moderno, cada miembro de la misma goza de libertad que se traduce en un amplio margen de maniobra en el ejercicio de su trabajo y su participación en las decisiones de la empresa.

Se puede afirmar por lo tanto, que si en las empresas tiránicas o autoritarias los empleados carecen de libertad, en las empresas que siguen las leyes del Management, sus integrantes gozan de la máxima libertad compatible con el orden y coordinación necesarios.

Por supuesto que esa libertad está necesariamente restringida por las normas, políticas y objetivos de la empresa, que el empleado debe respetar. Pero entre quien debe limitarse a la estricta obediencia y aquel a quien se le permite poner en práctica su iniciativa en el ejercicio de sus funciones y participar en la toma de decisiones, hay una enorme diferencia.

El Management considera que para que el trabajador logre una gran satisfacción en el ejercicio de sus funciones, sólo puede lograrse cuando goza de tal libertad, en lugar de hacer algo por obligación o necesidad. El rendimiento de un trabajador satisfecho siempre será mucho mayor.

Las grandes empresas líderes en todos los mercados representan el ejemplo viviente de la aplicación práctica de estos conceptos. La idea tiene más peso, se hace más amplia y a la vez más compleja, cuando hablamos de la libertad que disfruta o puede llegar a disfrutar el hombre dentro de una sociedad. Como veremos esta libertad es multifacética.

La libertad básica del hombre ha sido definida como ausencia de coerción irrazonable por parte de otros grupos o individuos. En esta definición, la existencia de obstáculos naturales, por molestos que sean, no son considerados normalmente como factores restrictivos de la libertad.

Por ejemplo, el obstáculo de un río imposible de vadear no representa menoscabo en la libertad del individuo.  Es decir que la “coerción” debe ser siempre producto del hombre o sus organizaciones.

Está claro que el hombre social no puede ni podrá nunca gozar de absoluta libertad.  Se debe a que el hecho de vivir en sociedad tiene un precio y lo pagamos sacrificando parte de nuestra libertad. Tal vez Robinson Crusoe, si existió, fue el único hombre auténtica y enteramente libre.

Por otro lado, cada persona tiene su enfoque personal a este respecto. Aunque el hombre generalmente reconoce que para vivir en sociedad precisa disponer de leyes e instituciones que guíen y ordenen la conducta, para algunas personas, todo gobierno y toda ley aparecen siempre como arbitrarios e injustos.

Además, el ideal del gobierno por consentimiento, nunca se realiza hasta el punto de asegurar la aprobación unánime.

Pero, aceptando la necesidad de un gobierno (concepción que nos llevaría a rechazar las ideas anarquistas) para poner orden en la sociedad, hay que admitir, que habiéndole encargado proveer servicios a la población y ejercer una función reguladora de la actividad privada, se le ha otorgado simultáneamente una enorme capacidad latente de restringir la libertad.  

Se dice y seguramente es cierto, que en un mundo capitalista impera la ley del más fuerte, pero a decir verdad, tal aseveración vale para cualquier otro tipo de sociedad.

Justamente una de las funciones del gobierno es la de evitar coerción y abusos de unos para con otros y para lograrlo se dictan leyes, como el código mercantil, el código civil, el código penal, la ley antimonopolio y otras y se dispone de instituciones como policía y justicia.

Pero si algunos gobiernos cumplen razonablemente con la función de proteger a los ciudadanos de la coerción de otros, ninguno lo hace respecto a la coerción proveniente del propio gobierno. No debemos olvidar que en nuestras sociedades el más poderoso enemigo potencial que tiene el ciudadano, en lo que atañe a su libertad, es siempre su propio gobierno.

Incluso si la población dispone de alguna legislación que la proteja de aquel, usualmente encontramos que esta defensa provista por las leyes en vigor, es muy relativa frente a las autoridades.

También sabemos que si en ciertos países el ciudadano dispone de algunos recursos para su defensa, en otros tiene pocos o incluso ningún medio para hacerse valer y en algunos (la mayoría) se encuentra virtualmente a merced del gobierno.  

En última instancia, el individuo enfrentado a una empresa o a otra persona que dispone de más medios, siempre tiene algún recurso; cambiar de actividad o de empresa si es empleado de la misma o de mercado si es competidor. Pero no es tan fácil cambiar de gobierno o de país, como bien lo saben aquellos que debieron vivir detrás del telón de acero durante más de medio siglo.

Es particularmente significativo que los Padres de la Constitución Norteamericana, afirmaran inequívocamente que entre todos los individuos o instituciones que amenazan potencialmente la libertad en la sociedad, es el gobierno, por un amplio margen, quien representa el mayor peligro para los ciudadanos.

Con ese concepto en mente redactaron la Constitución para que proteja a los ciudadanos de eventuales abusos de su propio gobierno.

Desgraciadamente se quedaron cortos en su cometido ya que aunque los ciudadanos disponen de leyes y medios legales para defenderse de posibles abusos de sus autoridades, el gobierno norteamericano ha ido creciendo en poder y arbitrariedad con el tiempo.

El factor más grave en este sentido es la fuerte influencia que el dinero tiene sobre los venales funcionarios y este es un tema que sigue sin corregirse. Además, Presidentes como Lincoln y Roosevelt han sabido incrementar significativamente el poder del gobierno y tal cosa sólo se puede hacer a costa de la libertad de los ciudadanos.

Lo anterior es muy de tomar en cuenta, pero además se han creado instituciones privadas tales como el Federal Reserve Bank (en 1912) que controla de forma absoluta la economía de USA, y el Council of Foreign Relations (creado por el “Colonel” Mandel House al final de la Primer Guerra Mundial) que provee la mayoría de los funcionarios para el Departamento de Estado, y que hoy tiene más de 300 Agencias en EEUU.

Un lobby financiero apoyó a Lincoln en su carrera a la presidencia y en la actualidad grupos financieros siguen controlando quienes son los candidatos a Presidente. Gobernador, Alcaldes y miembros del Congreso de ambos partidos.

El nombramiento de Barack Obama, un senador que nunca había asumido un cargo importante ni luchado por un principio, ni destacado en su accionar como parlamentario, bien se puede interpretar como un claro mensaje a los ciudadanos USA: “Vosotros podéis votar libremente, pero nosotros os diremos quienes son los candidatos”.

Dentro del mundo empresarial, aunque en menor escala, también existe la capacidad potencial que puede tener un Consejero Delegado o Director General de modificar el estilo de dirección de su empresa y convertirla en tiránica o tentar de asumir más poder.

Pero aquí se encuentra de por medio la voluntad de los accionistas que disponen de la Asamblea de Accionistas que les permite tomar cualquier medida que consideren necesaria respecto a la empresa. En cuanto al empleado, siempre dispone del simple recurso de buscar otro empleo.

Reconocemos entonces que el individuo que hoy vive en una sociedad desarrollada recibe una serie de beneficios de la misma y paga por ellos aceptando voluntariamente ciertas limitaciones impuestas a su libertad. Así, el hombre moderno acepta que precisa un permiso para conducir y que debe contribuir a los gastos generales de su sociedad.

Debe enviar sus hijos a la escuela, registrar todas sus actividades y circunstancias tales como nacer, casarse, morirse, comprar o vender una propiedad. Debe estudiar obligatoriamente e identificarse con documentos de identidad.

No puede agredir a su vecino, no puede ejercer ciertas actividades si no tiene los títulos correspondientes, no puede importar a su país o exportar del mismo, artículos razonablemente prohibidos. Para entrar o salir de su país precisa documentos otorgados por el gobierno. Está obligado a cumplir las ordenanzas municipales del lugar donde vive, etc.

A través de este listado parcial, es fácil ver que el hombre cede una buena parte de su tan apreciada libertad y hasta se ha acostumbrado a ello, reconociéndolo como una necesidad ampliamente recompensada.

El hombre sabe que deben existir ciertas restricciones para poder vivir en sociedad y acepta muchas de dichas restricciones como necesarias para que la sociedad provea los servicios que benefician a todos. Dijimos que a la libertad fruto de la falta de coerción, se la ha denominado básica. También recibe la categoría de “negativa”.

Una vez que el hombre goza de esta libertad “negativa” y por lo tanto no se encuentra coaccionado para hacer esto o aquello, siente la necesidad de bienes tales como empleo, alimento, seguridad y en muchos casos riqueza.  A la posibilidad de gozar de este conjunto de bienes se le llama libertad “positiva”.

La libertad positiva se refiere entonces a los bienes, recursos y medios que el hombre libre de restricciones puede aplicar a la satisfacción de sus deseos y necesidades.

Cuando se invoca al gobierno para que ayude a sus súbditos a obtener esta libertad “positiva”, proporcionando empleo, evitando la depresión, manteniendo la salud, asegurando la vejez, otorgando subsidios etc. se hace necesario sacrificar una parte aún mayor de las libertades básicas y en cierta manera es como llamar en tu auxilio al matón del barrio.

Debe tenerse en cuenta que, cuantas más tareas se encomienden al gobierno, más poder deberá confiársele.

Inevitablemente, el aumento del poder gubernamental, justificado o no, entraña una disminución de la libertad ciudadana, de manera que al asignar una nueva tarea al gobierno, siempre se plantea el problema de reconciliar la atribución de nuevos poderes con los derechos de los ciudadanos.

Al ciudadano de cualquier país se le plantean así dos alternativas extremas en cuanto al tipo de relación con su gobierno. La decisión por una u otra alternativa afecta significativamente a su libertad. Una de ellas representa el camino aparentemente fácil y hasta tentador de solicitar la ayuda del gobierno para que éste provea por él más allá de sus funciones básicas.

Pero, en este caso, debe estar dispuesto a sacrificar una porción más importante de su libertad. La otra alternativa es encargarse él mismo de proveer por sus necesidades y hacerlo en un ambiente de mayor libertad. Un servicio adicional provisto por el gobierno nunca es gratuito; hay que pagarlo cediendo algo más de libertad.

Podemos asumir que una persona cabal deseará gozar del máximo posible de libertad y por lo tanto sólo estará dispuesta a entregar al gobierno el mínimo poder indispensable, optando por la segunda alternativa. Las naciones que se apoyan en un régimen de auténtica libertad son fáciles de identificar, ya que generalmente tienen gobiernos de poderes limitados y de estructura reducida.

Hay que tener en cuenta que en el mundo actual existen más y mejores medios para coartar la libertad de los pueblos que en el pasado. Genghis Khan pudo haber sido un terrible tirano, pero no contaba con el poder otorgado por la tecnología moderna, teniendo que limitarse a ejercerlo con los limitados medios de su época.

Por otro lado su “tiranía”, como la de tantos déspotas del pasado, era esencialmente improvisada y utilizando la fuerza, no el resultado de un sistema científicamente pensado para subyugar a la población.

Históricamente nunca existió una sociedad donde sus autoridades lograran cercenar la libertad de sus súbditos en un grado similar al logrado por los gobiernos de los diversos Estados Comunistas. Contaban con medios, tecnología y esencialmente un método, con los que los antiguos tiranos ni siquiera habían soñado.

Dejando de lado los extremos, se puede afirmar que no ha existido, existe ni existirá sociedad alguna en la que sus gentes vivan en total libertad.  

Para la clasificación de los diversos sistemas de gobierno, podemos muy bien basarnos en la libertad del pueblo como parámetro, en conocimiento de causa que tiene como contrapeso al poder del gobierno.

Sabemos que, entre el comunismo, imponiendo una limitación total de la libertad y la utópica e inexistente sociedad anárquica, donde reina la más amplia libertad, se encuentra una gran panoplia de sistemas de gobierno donde la libertad se encuentra o se echa de menos en distinto grado y diversas formas.

Para cualquier ciudadano, tanto la libertad “positiva” como la “negativa” son multifacéticas, ya que la vida de un hombre puede tener muchos matices.

Cada uno dará un peso distinto a temas tales como, la libertad de vivir sin trabas, la libertad de trabajar, la posibilidad de expresarse libremente, la libertad política, la libertad de poderse educar, la libertad religiosa, la libertad de viajar, la libertad de hacerse rico, la libertad de ser generoso, la libertad de sentirse seguro en su casa y calles, la libertad de montar un negocio, etc.

Un rico posiblemente deseará ante todo libertad para realizar sus activos, desplazarlos, invertir, etc. En cambio a un pobre eso posiblemente le trae sin cuidado; el deseará gozar de la libertad de buscar y encontrar trabajo digno.

A un político le interesará la libertad de expresarse políticamente y de poderse postular a un cargo gubernamental, en cambio a un industrial puede que esto no le importe y su preocupación se concentre en la libertad de poder fabricar y vender sus productos. No cabe duda que existe una gran variedad de libertades. Veamos si todas ellas son susceptibles de clasificación.

Además, desde el punto de vista de cada cual, la libertad toma un giro distinto. Incluso la libertad específica que le preocupa a un individuo puede variar según la coyuntura por la que atraviesa su vida.

Un estudiante puede estar preocupado por la libertad de expresión y por los impedimentos que pueda tener para estudiar.  Una vez graduado, pero aún desempleado, se inquietará por todo aquello que restrinja o limite sus posibilidades de ejercer una actividad.

La misma persona, una vez empleada y en caso de sufrir estrechez económica, le preocupará su nivel de ingresos y si existe desempleo tendrá miedo de perder su puesto de trabajo. Ya casado, si le toca vivir en un barrio marginal, temerá por la seguridad de su familia o la propia, por el peligro de la droga para sus hijos o por el nivel de las escuelas.

Si llega a tener dinero seguramente le preocupará la política fiscal del gobierno.

Como podemos ver por esos ejemplos, no siempre la libertad se ve afectada por acciones directas del gobierno, muchas veces la agresión proviene de otras fuentes como en el caso de la criminalidad o la droga, aunque sigue existiendo la participación indirecta del gobierno que tiene la responsabilidad de eliminar la acción criminal y el tráfico de drogas.

También un empresario que debe pagar chantaje a criminales ve afectada su libertad al encontrarse coaccionado por estos últimos.

Una organización o un individuo que ejerce un monopolio, restringe la libertad de sus conciudadanos que no pueden elegir libremente entre diferentes alternativas en ese sector de actividad o servicios y tampoco tienen la posibilidad de competir en ese rubro.

El propietario de medios de difusión que transmite información distorsionada también coarta la libertad de expresión de sus conciudadanos.

Pero justamente, una de las responsabilidades que deben asumir todos los gobiernos, (incluso adoptada en su momento por los señores feudales), es la de proteger a sus ciudadanos de la coacción o agresión de otros.

Como el gobierno no puede exonerarse de esta obligación, si el ciudadano sufre por su negligencia o connivencia, el gobierno puede resultar tan culpable como si la acción partiera de él.

En el derecho natural se habla de cuatro libertades positivas:

La libertad religiosa, hoy adoptada legalmente por casi todos los países. A pesar de la importancia que en un momento llegó a tener, hoy en los países occidentales, ante la ausencia de fanatismos y una tendencia hacia la indiferencia religiosa, representa sin embargo un factor trascendente. No faltan en el mundo países como Irán y Afganistán donde existen gobiernos teocráticos.

Pero en la actualidad existe una encubierta persecución de la Fe Cristiana en particular de la Iglesia Católica, con acusaciones, calumnias y distorsiones con una especie de “leyenda negra” y por medio de una falsa “religión laica” que se pretende imponer en su reemplazo.

En el mundo musulmán la gente está siendo mentalizada en contra de los países occidentales y de los cristianos (el fundamentalismo). En conclusión se puede afirmar que la libertad religiosa ha sido carcomida de forma subrepticia y tortuosa.

La libertad económica, que contempla la posibilidad de ejercer una profesión sin cortapisas de leyes ni de gremios; implica poder llevar adelante una actividad lucrativa sin restricciones paralizantes.

Esta libertad se encuentra directamente relacionada con el nivel de vida de la población y representa el derecho de todo individuo de ganarse la vida y sostener dignamente a su familia.                                        

En sociedades donde existe una Ley Laboral restrictiva y los sindicatos resultan ser un instrumento político, y los impuestos restringen la creación de puestos de trabajo, esta libertad se encuentra seriamente restringida.

La libertad política, que lleva a constituir gobiernos representativos, con limitación de poderes y donde se asegura la participación de los ciudadanos. Bajo la misma, se considera que los hombres no son libres cuando sus “vidas, libertad y hacienda” quedan a merced de caprichosos decretos de la autoridad.

La libertad de palabra y de prensa. Íntimamente relacionada con la libertad religiosa y la política, se traduce en la eliminación de la censura y de la interferencia gubernamental o de otros intereses, en los medios de difusión, así como en la existencia de sistemas educativos que deben ser caracterizados por la libertad académica.

Un país donde el gobierno posee cadenas de radio y de TV mal puede presumir de gozar de esta libertad. Pero el gobierno no es necesariamente el único ente que puede restringir esta libertad, ya que consorcios privados pueden también hacerlo.

Los cuatros tipos de libertad se encuentran ligados entre sí: sería difícil preservar la libertad política sin cierta forma de libertad económica y viceversa. Faltando ambas, sería dudoso que sobrevivieran la libertad religiosa y la de prensa.

Asimismo, las cuatro facetas de la libertad natural que hemos mencionado, se pueden relacionar con las diferentes formas que puede asumir la libertad “negativa”. Aunque en este caso el ente ejerciendo esa potencial coacción sería principalmente el gobierno. Sin embargo, como veremos, puede darse el caso de existir una de las libertades mencionadas y no las otras.

Cuando nos encontramos con limitaciones a la libertad correspondiente al derecho natural, usualmente detrás de las mismas encontramos al propio gobierno.

Aunque parezca una perogrullada, es importante mencionar que la libertad siempre está directamente relacionada con el bienestar de los pueblos. Es difícil asumir la existencia de un pueblo falto de libertad económica y que sin embargo goce de bienestar. En América Latina y España los porcentajes de pobreza son elevados debido a que esta libertad se encuentra muy restringida.

Tampoco hay que dejar de lado el hecho que la libertad también puede verse afectada por medidas gubernamentales indirectas de acción u omisión. Medidas que pueden llegar a provocar; el desempleo, la inflación, la falta de justicia, la corrupción y la inmoralidad.

Una política fiscal de carácter expoliador, combinada con leyes restrictivas para la creación de nuevas empresas, seguramente provocará desempleo. Un gobierno que emite papel moneda sin respaldo, generará inflación y estará cometiendo un desfalco a nivel nacional.

Funcionarios corruptos están de hecho agrediendo a la ciudadanía al apropiarse de dinero del erario público o mal vendiendo una decisión que tampoco les pertenece.

Un gobierno que con el pretexto de respetar la libertad ciudadana retrocede en el ejercicio de sus funciones como administrador de la justicia y provoca de esa manera un fuerte incremento de la criminalidad está faltando a su cometido.  

A poco que analicemos todas estas circunstancias, parece ser que cuando la libertad se ve amenazada, sea quien sea el agresor directo, está siempre el gobierno involucrado de una u otra manera.

Definido el concepto de libertad, es conveniente aclarar la forma que adopta la misma bajo un sistema de gobierno democrático o participativo.

Se ha dicho a menudo que en una auténtica democracia primará la libertad, sin embargo, no hay que confundir ambos términos ya que puede darse el caso de una democracia donde la libertad se encuentre temporalmente coartada por voluntad del pueblo.

Para ejemplificar este caso, me remito a la democracia ateniense cuando el pueblo, enfrentado a un peligro determinado, decidía nombrar un tirano con amplios poderes. Situación, por otro lado, similar a un país contemporáneo en estado de guerra. Con la diferencia que en este último caso, es muy probable que el pueblo poco o nada haya tenido que ver con la declaración de guerra.

Además, recordemos que la libertad es multifacética y que es posible, por ejemplo, no tener libertad política y sin embargo tenerla económica.

Por lo tanto, al hablar de democracia, hay que evitar confundirla con el concepto de libertad.  En realidad, en la mente de la mayoría de la gente ambas ideas se encuentran fundidas entre sí, al darse por sentado que la democracia aporta necesariamente la libertad.  Incluso, no falta quien crea que democracia y libertad son la misma cosa.

Pero el caso es, que aunque sea posible afirmar que una democracia sin libertad es incompleta, se trata de dos conceptos bien distintos: democracia sólo significa participación del pueblo en su propio gobierno y libertad implica la posibilidad de hacer lo que queremos.  

Pero democracia no implica la existencia automática de libertad, ni siquiera tiene su exclusividad. Como vimos en el ejemplo ateniense, en una democracia casi perfecta, podría restringirse significativamente la libertad si así lo deciden los ciudadanos. Por otro lado, también es posible, aunque poco probable, gozar de un grado relativamente elevado de libertad bajo una dictadura.

Esta diferenciación es muy importante, puesto que la demagogia generalizada en muchos países, ha contribuido a extender la creencia que bajo cualquier tipo de gobierno que tenga un componente democrático (usualmente cuestionable selecciones populares), se goza de libertad en alto grado. Esta afirmación puede encontrarse en la práctica muy alejada de la verdad.

Resumiendo; libertad y democracia no sólo son conceptos distintos, sino que ninguno de ellos asegura la existencia del otro.

Por otro lado, el hecho que los políticos y los medios de comunicación de un país supuestamente democrático, se desgañiten declarando la existencia de la libertad, no significa que ésta existe, al menos en el nivel declarado.

Algunas manifestaciones malinterpretadas, como el ejercicio de la libertad ciudadana, tales como la posibilidad de ver espectáculos pornográficos, permitir comentarios criticando al gobierno, anular la pena de muerte, autorizar juegos de azar, solidaridad con los necesitados, permitir la prostitución, legalizar la parodia del casamiento de homosexuales y otros, tienen muy poco que ver con la auténtica libertad que analizamos oportunamente, ni con la democracia. De hecho, todo lo anterior podría estar tajantemente prohibido en una auténtica democracia.

Sabemos que el nombre de libertad se ha usado a menudo en vano. Con ese grito se han promovido revoluciones y provocado fuertes alteraciones sociales. También se ha llegado a subyugar pueblos pretendiendo hacerles creer que ganaban su libertad, como hicieron los bolcheviques en Rusia.

No cabe duda que justamente por ser tan manido, es importante que un término tan utilizado como libertad deba tener una interpretación correcta y compartida.

La imposición de una educación cívica imparcial en los colegios, puede contribuir a evitar caer en las terribles confusiones en las que han estado y siguen estando innumerables individuos que llegan a ser arrastrados a posiciones falsas e incluso violentas, debido al uso demagógico de la palabra libertad.

En innumerables casos, su auténtico significado ha sido el de “libertad para imponer a otros aquello que yo quiero”.

Las mujeres anarquistas en España adoptaron el nombre de “libertarias” y ellas y sus compañeros se lanzaron a la lucha por una supuesta libertad mayúscula, pero lo hicieron en unión de quienes en realidad eran sus irreconciliables enemigos y polo opuesto en cuanto a ideología; los comunistas, quienes terminaron asesinando a todos los anarquistas que cayeron en sus manos.

Los pueblos iberoamericanos se adhirieron a los movimientos independentistas bajo el lema de la libertad para caer bajo gobiernos que en la mayoría de los casos restringieron su libertad mucho más allá de lo que el régimen español nunca lo había hecho.

Los franceses que de buena fe apoyaron la Revolución Francesa cayeron bajo el Terror de los jacobinos. Gran parte del pueblo cubano apoyó a Fidel Castro para derribar la corrupta dictadura de Batista, para caer inmediatamente bajo la más férrea y retrógrada dictadura comunista.

Las revoluciones hechas en nombre de la libertad a menudo han significado sólo un cambio de poder de un grupo a otro, con poca o ninguna mejoría en la libertad de la enorme mayoría. En muchos casos incluso ha sucedido que la misma sufrió en el proceso una grave merma.

Asimismo, muchos cambios políticos, así se llamen revoluciones o transiciones, sólo han sido cambios de titulares en el sitial del poder, sin haberse producido alteración significativa en la maquinaria del gobierno.

La revolución norteamericana es tal vez una de las excepciones a la regla, debido a las particulares circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo. Los primeros norteamericanos habían emigrado a América llevados en su mayoría por su deseo de libertad, tanto religiosa, como económica y política.

Cuando se inicia la revolución, los colonos se encontraban divididos en 13 Estados que tenían dos cosas en común: su deseo de sacudirse de encima el control inglés y el mantener su bien ganada libertad.

Por supuesto, no debemos olvidar que la independencia norteamericana fue al igual que la hispanoamericana, programada y llevada a cabo por la Masonería que supo manipular a todos los actores del proceso.

La lección que la historia y los hechos contemporáneos aportan, hace que independientemente de la etiqueta asignada a un determinado tipo de gobierno y de las muletillas que priman públicamente, debemos en cada caso, analizar con ojo crítico la existencia o la falta de libertad para poder juzgarlos.  

Como hemos dicho, libertad y democracia son dos cosas distintas, aunque la segunda sin la primera pierda su razón de ser.

Accionistas y ciudadanos

Hemos estado analizando los gobiernos de las naciones bajo la óptica del Management o ciencia de la Dirección de Empresas. Y para ello nos resulta imprescindible definir a los propietarios de esas organizaciones llamadas países. Al hablar de Soberanía se estableció que los ciudadanos son los propietarios. Veamos entonces que características tienen como tales.

Los titulares de una empresa privada son usualmente llamados accionistas. Puede darse el caso de una empresa con sólo un accionista que es propietario del 100% del capital y en el otro extremo una con miles de accionistas teniendo cada uno de ellos una pequeña participación.  Entre ambos casos existen todo tipo de combinaciones.

Respecto a los “accionistas” de una Nación, también llamados ciudadanos, se puede asumir a efectos de esta disquisición, que cada uno de ellos es el poseedor de una acción de la misma.

Los accionistas o propietarios de una empresa, particularmente si son muy numerosos, se constituyen en Asamblea y eligen a los miembros del Consejo de Administración que ha de representarlos en relación a la gestión de la empresa.

Además, los accionistas actúan como “Tribunal Constitucional” estableciendo y modificando, por medio del Estatuto, las normas básicas para el funcionamiento de la organización. El Consejo de Administración de las empresas, funciona en cierta manera como órgano legislativo, supervisando la conducta de la Administración Ejecutiva y los resultados obtenidos.

También establece o aprueba muchas de las reglas de juego que rigen la operativa de la empresa. El Consejo además, elige al Director General y aprueba la selección hecha por éste último de los directivos de primera línea.

Cuando se trata de un número reducido de accionistas, es común que ellos mismos constituyan el Consejo de Dirección. Para este caso podemos encontrar un paralelo en la democracia directa de Atenas donde los ciudadanos en número relativamente reducido, se reunían para tomar decisiones.  

Una gran Nación moderna, a similitud de una gran corporación, encontraría muy difícil o incluso imposible, a pesar de la tecnología disponible y de la que vendrá, tomar todas las decisiones en forma directa por los ciudadanos que deben elegir representantes para que actúen en nombre de los accionistas/ciudadanos.

Los Estatutos o “Constitución” de una sociedad deben ser aprobados por los accionistas así como cualquier modificación a los mismos. La Asamblea de Accionistas, equivalente al pueblo de una Nación, tiene poder, tanto para nombrar a los miembros del Consejo como para destituirlos.

Asimismo, la  Asamblea podría desautorizar el nombramiento hecho por el Consejo de un Director General y obligar a este último a renunciar. La  Asamblea se reúne normalmente una vez al año para informarse del estado de la gestión y votar, si ha lugar, cambios en el Consejo o en la empresa.

Pero a solicitud del Presidente o de un número predeterminado de accionistas, la Asamblea también puede  reunirse en cualquier momento.

El voto de cada accionista vale según el número de acciones que posea. Una persona que tenga dos acciones pesará, en el momento de votar, el doble que otra, titular de sólo una acción. Asimismo, los accionistas pueden delegar su voto en otro accionista que podría llegar a acumular una importante capacidad de voto.

Como se puede ver, esta disquisición sobre la parte correspondiente a cada accionista, podría llevarnos a diversas y controvertidas conclusiones. Pero realmente las mismas no hacen a la esencia de la naturaleza de los gobiernos y en particular de la democracia.

De manera que a efectos de nuestro análisis aceptaremos la hipótesis de que cada accionista es el portador de un voto en esa gran organización que es la sociedad de una determinada nación.

Es preciso afirmar que la fórmula “un hombre un voto” no define a la Democracia. En realidad, sin poder negar que posiblemente exista una fórmula mejor, este tema ni siquiera es un componente crucial de un sistema de gobierno considerado democrático.

Baste decir que la existencia de un sistema de voto clasificado, en principio no quita ningún mérito a la Democracia, incluso puede ser mejor que el clásico de un voto un hombre.

Resumiendo y a efectos del presente análisis, una Nación es una organización donde cada ciudadano es el poseedor de una acción. Todos los ciudadanos son por lo tanto dueños por igual del patrimonio común y por ende del Estado. Además, todos ellos reciben determinados servicios del gobierno y realizan sus actividades bajo una mayor o menor supervisión del mismo.

Algunos, son funcionarios en el propio gobierno y la mayoría agentes libres realizando actividades varias. Es decir que un ciudadano puede tener ante su gobierno tres posturas que podrían ser simultáneas: accionista, empleado y cliente.

Pero hay algo importante al referirse a la Constitución, ese instrumento crucial de todo gobierno: “Una Constitución redactada por los políticos es el equivalente de un Código Penal redactado por los delincuentes”.

Hay que tener en cuenta que el fin primordial de toda Constitución es garantizar los derechos ciudadanos, en especial contra un potencial avasallamiento de los mismos por parte del gobierno.

Está visto que antes de introducirnos en Democracia, se ha hecho necesario ciertas aclaraciones previas como las que hemos tomado en consideración.  Democracia es posiblemente el concepto político más distorsionado por su utilización demagógica.

Por lo mismo, su interpretación a nivel del ciudadano medio deja, en todos los países, mucho que desear y una adecuada explicación se hace muy necesaria.

Democracia: ¿Qué es? ¿En qué consiste una auténtica democracia?

Es posible afirmar que a medida que el uso de la palabra democracia  se ha ido extendiendo y popularizando, su contenido se ha vuelto cada vez más confuso para el hombre de la calle.

En una encuesta  pública, seguramente encontraríamos una gran variedad de interpretaciones: “forma de gobierno donde todos son iguales”,  “forma de gobierno donde reina la libertad”, “es lo opuesto de una tiranía”,  “cuando hay elecciones para las autoridades”, etc.  Debido a la demagogia que afecta el término, es común trastocar a democracia con libertad y con elecciones.

La representatividad, la libertad, la soberanía, la igualdad de derechos, etc. son conceptos que pueden estar ligados en mayor o menor grado a la democracia pero desde luego no deben confundirse con la democracia misma.

Comencemos por afirmar que democracia no define una forma de gobierno sino una característica propia de los gobiernos que puede darse en mayor o menor grado. La palabra democracia viene de dos vocablos griegos: demos, pueblo y kratos o autoridad.

Implica por lo tanto, un sistema donde prima la autoridad del pueblo sobre la de su gobierno. En consecuencia su práctica directa es o debería ser la participación concluyente del pueblo en su propio gobierno. Es decir; el vocablo se refiere a la autoridad del pueblo sobre su propio gobierno, estableciendo por lo tanto el principio que el pueblo debe predominar sobre aquel.

En la ciencia política se califica como democrático al tipo de gobierno donde “el pueblo es el titular del poder y se gobierna a sí mismo”. Bajo ambos conceptos, el etimológico y el correspondiente a la ciencia política, que poco difieren entre sí, surge con claridad que es el pueblo quien supone mandar sobre el gobierno y no la inversa.

Ya hemos mencionado la acertada definición de democracia hecha por Abraham Lincoln. Una primera conclusión aplicable a un sistema de gobierno calificado como democrático sería: En una auténtica democracia es inadmisible que el pueblo se encuentre sometido sin recursos a los dictados de su gobierno.”

En otras palabras, en una sociedad democrática, el pueblo debe participar o intervenir activa y efectivamente en el gobierno de sí mismo, manteniendo el control en sus manos.

Para ello no basta con bien intencionadas declaraciones de principios en Preámbulos y Constituciones; los ciudadanos precisan disponer de medios concretos para ejercer una decisiva influencia en el ejercicio del poder político e imponer, si lo consideran necesario, su voluntad.                      

Pensar que tales medios concretos se refieren exclusivamente al recurso del voto y que el pueblo puede, por lo tanto, en las siguientes elecciones, votar en contra del partido en el poder no sólo es insuficiente sino inadmisible como principio.

Pero eso es todo respecto a democracia.  La definición no establece como debe intervenir el pueblo ni el grado de dicha intervención; tampoco define como debe ser la estructura del gobierno ni el carácter de sus leyes.

Manteniendo nuestro paralelo con el mundo de los negocios, también resultaría inadmisible una empresa donde los accionistas se encuentren a merced de sus directivos. Pero sabemos que en el mundo de los negocios, los accionistas o propietarios, disponen de medios para mantener el control y siempre están en condiciones de ejercerlo e imponer su voluntad.

En resumen, democracia no es exactamente un sistema de gobierno. Es más bien una característica inherente al sistema de gobierno, que se traduce en la participación del pueblo en el gobierno. A mayor participación, mayor será el nivel democrático de una nación.

Pero para participar en el gobierno los ciudadanos precisan contar con instrumentos legales. Podemos mencionar cinco instrumentos principales:

.- Un Sistema Electoral que garantice la representatividad y la idoneidad de los funcionarios. Tomando en cuenta la generalizada baja calidad de los políticos, resulta que los sistemas actuales precisan ser modificados de forma radical adoptando medidas que filtren a los candidatos para asegurar su calidad.

La elección por Distritos representa un sistema razonable, donde la “boleta sabana” queda taxativamente descartada. Hay que tener en cuenta que bajo el sistema de la boleta larga los únicos electores válidos son quienes preparan la lista de candidatos. Exigencias obligatorias para los candidatos deben formar parte del sistema.

También los cargos a cubrir deben estar definidos por detalladas “Descripciones de Funciones”. Los aportes privados para los candidatos deben estar terminantemente prohibidos.

  • La Recusación de funcionarios electos: Los ciudadanos pueden destituir a quienes han elegido si lo consideran conveniente y elegir a su reemplazante. Por medio de un Plebiscito o Referéndum.
  • La Derogación de Leyes y Decretos: Los ciudadanos pueden anular leyes y Decretos de carácter nacional, regional o municipal. Como en el caso anterior, utilizando un Plebiscito o Referéndum.
  • La Iniciativa: Los ciudadanos pueden imponer al gobierno Leyes o Proyectos.
  • El Juicio de Residencia: Cuando un funcionario concluye su período como tal, los ciudadanos evalúan su gestión en un juicio así llamado bajo el Imperio Español que lo utilizaba.

Las mencionadas medidas se llevan a cabo por los ciudadanos sin intervención del gobierno por medio de Plebiscitos o Referéndums que pueden llevarse a cabo bajo demanda de un número previsto de ciudadanos.

Los medios legales de participación ciudadana deben complementarse con “Restricciones Específicas”  a la gestión gubernamental.

La anterior definición admite la existencia de distintos grados en la aplicación de la democracia. Efectivamente, si analizáramos la participación del pueblo, en los diversos países catalogados en primera aproximación como democráticos, encontraríamos una gran variedad de situaciones.  

La participación ciudadana, como es el caso en la mayoría de países “democráticos”, puede limitarse a la emisión de un voto dentro de un dudoso sistema electoral o en el otro extremo, disponer de medios efectivos para que el pueblo pueda imponer bajo cualquier circunstancia, sus deseos e iniciativas al gobierno, incluso llegar a destituirlo.

Entre las naciones modernas existe una amplia panoplia de Estados considerados democráticos: el sistema inglés de monarquía parlamentaria, el norteamericano de presidencia constitucional, el francés de presidencia parlamentaria, los sistemas presidencialistas latinoamericanos, etc.

Y en todos ellos encontramos diferentes aplicaciones del principio de participación ciudadana. Al mismo tiempo, (a excepción de EEUU y de Suiza) no encontramos ningún país donde los ciudadanos dispongan de los medios legales para imponer su voluntad al gobierno.

La Constitución de una nación es el instrumento esencial cuyo fin principal es garantizar los derechos de los ciudadanos, fundamentalmente ante su peor enemigo potencial: su propio gobierno.

La Constitución no sólo debe especificar en detalle dichos derechos sino proveer los medios legales (como los indicados más arriba) para que los ciudadanos puedan hacerlos valer bajo cualquier circunstancia. Si la soberanía pertenece al pueblo, este es el propietario del Estado y debe tener los medios para predominar sobre su gobierno, nunca darse la inversa.

También deben redactarse en detalle las limitaciones a la actuación del gobierno (fiscales, presupuestarias, endeudamiento, legislación, número de empleados, etc.).

Los cargos electos deben estar claramente especificados por medio de las Definiciones de Funciones y las exigencias para los candidatos a ocuparlos deben también detallarse en los correspondientes perfiles para el cargo.

Por ejemplo, es inadmisible que un candidato a presidente no tenga experiencia ejecutiva (gobernador, alcalde, ejecutivo de una gran empresa). En una empresa privada se consideraría inadmisible un candidato a Director Gral. o Consejero Delegado que no tenga amplia y exitosa experiencia ejecutiva en cargos similares.

Es decir que un candidato cuyos antecedentes se limitan a la actividad parlamentaria no sería elegible. EEUU, el autodenominado “campeón de la democracia” merece ser analizado debido a su influencia en el resto de las naciones occidentales.

Es irónico que Lincoln improvisara su famosa frase justamente cuando en la época no existía en USA la democracia, sino una partidocracia donde el pueblo votaba por medio de una “boleta larga” donde se listaban a todos los candidatos de un partido para los diferentes cargos a llenar en el gobierno.

Fue recién en 1904 cuando se produjo en California la “Revolución de la boleta larga”, eliminándola e imponiendo la elección por distritos. Sistema que supone aportar las dos características que un sistema electoral debe asegurar: Representatividad e Idoneidad.

Pero resulta que en los EEUU los barones del dinero supieron encontrar la fórmula para distorsionar el sistema, al permitir a los “sponsors” (quienes aportan dinero) financiar a los candidatos. De manera que muchos de los miembros del Congreso, presidentes, gobernadores y hasta alcaldes, responden a las directivas del dinero.

El control de los funcionarios por grupos financieros le costó la vida a J. F. Kennedy quien imprudentemente  lo denunció en su discurso a la Asociación de Prensa de 1961, afirmando con énfasis que la existencia de sociedades secretas o sectas era inadmisible en USA y que en los funcionarios sólo se podía aceptar la lealtad incondicional a la Nación, que no era compatible con ninguna otra.

Que él como presidente, tomaría las medidas pertinentes para evitar la indeseable doble lealtad. Dos años después fue asesinado en Dallas. Un magnicidio cuyo informe oficial (Warren) es considerado muy cuestionable, particularmente en la actualidad.

Para “cerrar esta rendija” que permite la doble lealtad de los altos funcionarios, es preciso prohibir todo aporte privado a la financiación de los candidatos. El dinero lo puede proveer el Estado a todos los candidatos por igual; la influencia de terceros sobre los candidatos quedaría eliminada o muy restringida.

Es interesante el hecho que los EEUU al convertirse en los presuntos campeones de la democracia, se han limitado a exportar un sistema simplificado de elecciones de “un hombre un voto” para que ese gobierno sea calificado como democrático.

Esta falsa “democracia” es el sistema que se ha impuesto en la mayoría de los así llamados países democráticos. Del resto de los derechos pocos o ningún país los tiene y la mayoría sigue con elecciones de la “boleta larga”.

Es decir, nos encontramos con una “democracia fraudulenta”, donde hay cuestionables elecciones y los políticos no son del “oficio”; una vez en el gobierno hacen lo que quieren y los ciudadanos se encuentran a merced del gobierno sin disponer de medios para imponer su voluntad. Tal sistema de gobierno es decididamente totalitario y es el peor de todos los gobiernos.

Como indicamos más arriba, EEUU es la excepción a la regla en cuanto a legislación, ya que sus ciudadanos  disponen de leyes que les permiten ejercer los derechos mencionados. Recientemente, en California los ciudadanos destituyeron al gobernador y lo reemplazaron por Arnold Schwarzenegger.

Los ciudadanos de muchos Estados restituyeron la pena de muerte que había sido eliminada. También tuvo lugar el “impeachment” de Nixon por el Watergate, si bien aquí intervino la prensa en demasía.  

Sin embargo, aun disponiendo de tales instrumentos ciudadanos, hay que reconocer que los EEUU es un país totalitario dominado por los grupos financieros que controlan con sus aportaciones económicas a los funcionarios electos (incluyendo a los presidentes).

Las finanzas del país están controladas por el Federal Reserve Bank, una institución privada con una autorización oficial que incluso impide que la auditen.

Las comunicaciones, incluyendo a Hollywood, pertenecen a los mismos grupos financieros y poderosas organizaciones como el Council of Foreign Relations, el “Center for American Progress”, la “Trilateral Commission” el “Na’i Brith”, el G300, los Bildebergers y otras,  controlan las actividades de la nación.

Sólo existe una importante libertad para los ciudadanos: la libertad de trabajar sin cortapisas, permitiéndoles desarrollar industrias, empresas y grandes organizaciones, adquiriendo fortuna aquellos con espíritu empresario.

China desde hace algunos años, sin abandonar el régimen totalitario comunista, ha otorgado libertad económica al pueblo, donde la gente puede trabajar sin cortapisas e incluso han surgido algunos millonarios. Curiosa la similitud con los EEUU en ese aspecto. Además han logrado no sólo mejorar el nivel de vida y alcanzar e incluso superar a USA como potencia económica.

España durante los 40 años del franquismo tuvo una situación similar s la de China y EEUU, ya que durante la Dictadura del Gral. Franco los ciudadanos dispusieron de total libertad en el trabajo y además los trabajadores ni siquiera pagaban impuestos, medida que permitió a España recuperarse de los estragos de la guerra civil y alcanzar para 1975 los mejores índices de desarrollo de su historia. Ese período fue bautizado como “el auge español” y el Banco Mundial calificó a España como la 10ª potencia económica mundial.  

A partir de la “Transición”, con el cambio de la Dictadura del Gral. Franco a la Dictadura de los políticos, los índices de gestión (desempleo, PIB, pobreza, industrialización, etc.) pasaron a ser números rojos. Conseguir un trabajo o crear nuevos puestos de trabajo son objetivos llenos de dificultades.

En las falsas democracias latinoamericanas todas las libertades se encuentran restringidas, incluso la de trabajar.

Bajo el punto de vista político, podemos afirmar que aquello que en última instancia cuenta, es el grado de libertad del pueblo en su sentido más amplio, pero la democracia se refiere en particular a la libertad política, que desde luego no se limita al poder hablar públicamente contra el gobernante de turno o que la clase política reemplace a un dictador, sino en disponer de medios concretos de participación ciudadana que sirvan para imponer en todo momento a los dirigentes del gobierno la voluntad del pueblo.

La dificultad práctica para lograr tal imposición no es óbice para que existan los medios que la permitan. Además la existencia de tales medios actuará como una restricción de facto en la actitud de los gobernantes al ser conscientes que los ciudadanos gozan del poder de destituirlos si no actúan correctamente.

Libertad política sólo existe cuando los ciudadanos están en condiciones de imponerse en todo momento sobre su gobierno. Jefferson afirmaba que una nación donde el pueblo teme a su gobierno es una tiranía, pero una nación donde el gobierno teme al pueblo es una donde prima la libertad.

Los ciudadanos en su accionar como tales, en lugar de votar por uno u otro partido o dejarse comprar con los subsidios gubernamentales, deberían centrarse en lograr la implantación de una verdadera democracia tal como la descrita.

En España el PSOE tiene 2,5 millones de votos a su favor en los funcionarios “enchufados” por el partido, que temen ser despedidos si no ganan los socialistas.

En realidad, la mayoría de los políticos actuales preferirán que la falsa democracia actual continúe, porque son ellos los mayores beneficiarios y porque si se instaurara una auténtica democracia, la mayoría de tales políticos no tendrían cabida en el gobierno que surgiría.

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