Una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se ha desplazado a España para investigar el alarmante incremento de agresiones a policías. Esta visita, de carácter oficial, ha sido impulsada por la Confederación Española de Policía (CEP) y pone de relieve una creciente preocupación en el seno de la Unión Europea sobre la falta de protección jurídica que sufren los agentes de seguridad pública.
El objetivo de esta misión, que se desarrolla del 26 al 29 de mayo, es analizar sobre el terreno el creciente número de ataques a policías, una situación que afecta tanto a España como a otros países europeos. Ocho parlamentarios comunitarios participan en esta visita, que incluye reuniones con autoridades en Barbate, Algeciras y Sevilla, tres ciudades especialmente golpeadas por esta problemática.
La comitiva está compuesta por representantes de varios grupos políticos europeos, incluyendo a miembros del Partido Popular Europeo como Maravillas Abadía y Juan Ignacio Zoido, del grupo Patriotas por Europa como Mireia Borrás, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos con Nora Junco, y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas representada por Lina Gálvez.
16.878 delitos de agresiones a policías y guardias civiles en 2024
Uno de los datos que más preocupan a la CEP es que, según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.878 delitos de atentado contra policías y guardias civiles en España, lo que representa una media mensual de 1.406 agresiones. Esta cifra supone un aumento del 36,5% respecto a 2018, un deterioro que evidencia la falta de protección jurídica y personal de los cuerpos de seguridad en el país.
En respuesta a esta situación, la CEP ha solicitado al Parlamento Europeo la aprobación de una Directiva que reconozca a los policías como profesión de riesgo. Esta normativa incluiría medidas de protección jurídica, médica, psicológica y formativa, así como recursos físicos que disminuyan la exposición de los agentes durante sus intervenciones.
Un problema europeo: hacia la tipificación del eurodelito
La CEP propone también que el atentado contra un agente de seguridad sea considerado un eurodelito, una figura legal que permitiría homogeneizar el castigo penal en toda la Unión Europea. Actualmente, la disparidad de criterios jurídicos entre países provoca situaciones de impunidad, debilitando así el principio de autoridad que sustenta a cualquier Estado de Derecho.
Como subrayó la CEP durante su exposición ante los eurodiputados, la violencia contra los policías no entiende de fronteras, afectando a países como Francia, Alemania, Italia o Polonia. En esa línea, hoy se celebra una reunión con la European Police Union (EPU), el sindicato policial europeo, que contará con la participación de su vicepresidente, el polaco Rafal Jankowsky, para aportar el testimonio de policías de otros Estados miembros.
La elección de Barbate, Algeciras y Sevilla como sedes de la visita parlamentaria no es casual. Solo en la provincia de Cádiz, se registraron en 2024 507 delitos de agresión a agentes, lo que supone un aumento del 7,64% respecto a 2023 y del 10,5% frente a 2018. La tasa por cada mil habitantes en la zona supera incluso la media nacional, convirtiendo a la región en un foco de alta conflictividad para los cuerpos de seguridad, en una zona donde operan bandas de narcotraficantes.
Entre 2016 y 2024, 14 agentes de la Policía Nacional perdieron la vida en acto de servicio o durante sus desplazamientos. En el caso de la Guardia Civil, el número es aún mayor. Estos datos deberían ser una llamada urgente a la acción para las autoridades españolas y europeas, quienes deben priorizar la inversión en protección jurídica, psicológica y material para los cuerpos de seguridad.
Críticas al Ministerio del Interior y la ‘Ley Mordaza’
La CEP también denuncia la falta de voluntad política del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, para endurecer el Código Penal en lo relativo al delito de atentado. Además, señalan que el Ministerio se niega a ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2024 que obliga a implementar un seguro de responsabilidad civil para los agentes.
Mientras tanto, se anuncian recortes a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’, debilitando aún más las herramientas legales con las que cuentan los policías para hacer frente a situaciones de riesgo. En contraste, en Europa se está avanzando para reforzar la protección de los agentes, escuchando sus demandas y dándoles visibilidad institucional.
