El que fuera líder de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha sido denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid, en un supuesto delito de tráfico de influencias vinculado a la recalifícacion de unos terrenos en Collado Villalba. De acuerdo con los documentos a la información publicada por OKDIARIO, Espinosa de los Monteros habría establecido contacto directo con la portavoz de la agrupación municipal de Vox en esa localidad, solicitando que recibiera a un empresario interesado en una operación urbanística.
No es Vox quien origina la denuncia, sino que ésta proviene de una primera que hicieron tres concejales descontentos de la formación de Collado Villalba en 2023, la cual dio pie a una investigación interna de Vox llevada a cabo por su Comité de Cumplimiento (Compliance), un órgano autónomo e independiente, que sugirió presentar la denuncia ante la Fiscalía.
Los hechos se sitúan en noviembre de 2023, cuando se estableció contacto con los cuatro concejales del grupo municipal de Vox en Collado Villalba para intentar influir en su decisión de voto respecto a un proyecto de modificación del Plan General de Ordenación Urbana. En un principio, la decisión de los ediles era abstenerse en la votación, alineándose con la postura oficial del partido.
Según informaciones a las que ha tenido acceso eldistrito.es lo que se encuentra en el documento preparado por el Área de Cumplimiento de Vox, la secuencia de hechos inició cuando Ana Isabel Dompablo Guerrero, la portavoz del grupo municipal, recibió una comunicación de José Luis Ruiz Bartolomé, quien es diputado en la Asamblea de Madrid y está vinculado a Rocío Monasterio (en ese momento presidenta de Vox Madrid). Él le sugirió que «lo adecuado era votar a favor de la recalificación», lo que implica respaldar una modificación específica de la normativa urbanística destinada a alterar el sistema de ejecución del área Cantos Altos-Vía de Servicio A-6, permitiendo así el desarrollo de este terreno, que ha estado detenido desde 2003.
Más tarde, la portavoz recibió una llamada de Espinosa de los Monteros, quien le pidió que atendiera de manera directa a un representante del propietario del terreno, asegurándole que «eran personas con recursos». Al comunicarle a sus tres compañeros concejales sobre estas llamadas y la sugerencia de una reunión, estos se mostraron en contra rotundamente, interpretando la propuesta como una interferencia en sus responsabilidades por parte de individuos influyentes del partido.
La complejidad de la situación aumentó aún más tras recibir una tercera llamada la concejal, que en esta ocasión provenía del propio delegado del dueño del terreno, quien pedía la reunión. Cuando se le inquirió sobre quién le había proporcionado su número telefónico, él contestó que había sido Rocío Monasterio, mujer de Espinosa de los Monteros y en ese momento presidenta provincial del partido.
Según la denuncia que se presentó ante la Fiscalía, lo más alarmante de la situación es que se evidenció posteriormente que Espinosa de los Monteros – quien ya no tenía ningún puesto en Vox tras su salida del partido en agosto de 2023 – sostenía una «relación comercial» con el empresario que posee una parte de los terrenos sujetos a la recalificación.
En contra de la oposición de sus colegas, la concejal que actúa como portavoz finalmente accedió a mantener una reunión individual con el representante del dueño del terreno. Después de este encuentro y varias pláticas internas entre los cuatro concejales, el grupo municipal optó por conservar su postura original: abstenerse en la votación. Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Collado Villalba dio luz verde al cambio de clasificación del terreno con el apoyo de los votos del PSOE y del PP, mientras que Vox optó por abstenerse, tal como habían decidido previamente a pesar de las presuntas presiones enfrentadas.
El inicio de la investigación se dio gracias a una denuncia inicial recibida por medio del Canal Ético de Vox el 7 de noviembre de 2024, la cual fue seguida por otra denuncia anónima el 5 de febrero de 2025 que ofrecía documentación referente a la propiedad de los terrenos.
El análisis jurídico que se adjunta a la acusación, realizado por el experto en derecho penal Carlos Gómez-Jara, llegó a la conclusión de que hay indicios racionales que sugieren la existencia de un delito de tráfico de influencias, conforme al artículo 429 del Código Penal. Este artículo sanciona a «la persona que influya sobre un funcionario público o autoridad, aprovechándose de cualquier circunstancia derivada de su relación personal con dicho funcionario o con otra autoridad, para lograr una resolución que pueda proporcionarle, de manera directa o indirecta, un beneficio económico, ya sea para ella misma o para un tercero».
Espinosa de los Monteros reconoce que contactó con la portavoz
Iván Espinosa de los Monteros, por su parte, reconoció haber contactado a la portavoz del grupo municipal en Collado Villalba, aunque negó que su intención fuera ejercer presión. «Están tratando de crear una narrativa que sugiere que llamé para influir en un cambio urbanístico, cuando ya me había alejado de la portavocía», comentó Espinosa de los Monteros en una entrevista concedida a VozPopuli. Además, añadió: «Simplemente fui a hablar con una de las personas del partido en un municipio para decirle: ‘Oye, hay alguien que quiere explicarte lo que vais a votar la próxima semana. Algunas de las implicaciones que tendrá y demás. Ya la han recibido el PP, ya la ha recibido el PSOE. Vosotros podéis recibirla y después votáis lo que consideréis».
Durante la misma entrevista, el que fuera un peso pesado de Vox manifestó su desacuerdo con el proceso interno que utiliza Vox: «Se me ha asignado un expediente. Existe un sistema de quejas. No es posible revelar qué tipo de denuncia se ha realizado. No se puede mencionar quién es el denunciante. No puedo decirte cuál es la acusación, ni cuándo ocurrió».
Vox ha comunicado que el Área de Cumplimiento del partido continúa con la tramitación de la investigación interna para «depurar las eventuales responsabilidades incurridas», y ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la documentación para «colaborar en el esclarecimiento de los hechos en lo que resulte necesario».
