En medio de la creciente escalada bélica en Oriente Medio, España exige a la Unión Europea (UE) un embargo de armas a Israel, la aplicación de sanciones individuales y la suspensión inmediata del Acuerdo de Asociación UE-Israel.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se justifica por el «flagrante incumplimiento de los derechos humanos por parte de Israel en Gaza».
Albares anunció la propuesta este lunes, antes de una reunión crucial del Consejo de Ministros de Exteriores de la UE. La posición española se fundamenta en el artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que exige el respeto de los derechos humanos como condición básica para su vigencia.“No es aceptable que se sigan cometiendo crímenes en Gaza sin consecuencias políticas. Si Israel incumple sus compromisos, la UE no puede mirar hacia otro lado”, afirmó Albares.
España solicita que se active un proceso formal para suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel, firmado en 2000, y que regula las relaciones comerciales, políticas y de cooperación con el Estado israelí. Esta medida supondría un golpe simbólico y económico importante para el Gobierno de Benjamin Netanyahu.
«Tenemos que tener valentía. La hora de las palabras, la hora de las declaraciones ya quedó atrás. Los palestinos gazatíes necesitan acciones«, ha asegurado, reclamando que la UE vaya más allá de la denuncia de la situación en Gaza. El informe de Kallas indica «claramente lo que España ya sabía», ha señalado Albares, recalcando que señala una violación «flagrante» de los Derechos Humanos en la Franja Gaza.
Propuesta de España para el embargo de armas y sanciones personales
Junto a la suspensión del acuerdo, España ha planteado un embargo total de armas a Israel por parte de todos los Estados miembros de la UE. El objetivo es limitar el envío de armamento que podría ser utilizado en los ataques sobre Gaza o en una posible guerra regional con Irán.
Además, se propone imponer sanciones individuales a personas responsables de obstaculizar la solución de dos Estados. Aunque no se han detallado nombres, la medida podría alcanzar a altos cargos del Gobierno israelí e incluso al propio Netanyahu.
La iniciativa española cuenta con el respaldo de 17 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo países como Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia y Malta. Todos ellos han mostrado preocupación por el número creciente de víctimas civiles en Gaza y por el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército israelí.
No obstante, Alemania ha rechazado frontalmente la propuesta. Berlín mantiene su apoyo a Israel y ha confirmado que continuará con la exportación de material militar, argumentando que se trata de un derecho a la defensa legítima ante ataques como los de Hamás o los misiles lanzados desde Irán.
En paralelo, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición para revisar todas las exportaciones de material de defensa con destino a Israel, con apoyo de partidos como PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos. PP y Vox votaron en contra, argumentando que la medida rompe la neutralidad diplomática y daña las relaciones estratégicas de España.
El Ministerio de Defensa ya ha iniciado un análisis de contratos vigentes con empresas como Rafael Advanced Defense Systems, que suministran sistemas de defensa como el Domo de Hierro (Iron Dome), y proyectiles SPIKE.
Contexto internacional: Gaza e Irán
La propuesta española se enmarca en un contexto de extrema tensión internacional. Israel ha intensificado sus bombardeos sobre Gaza y ha entrado en una fase abierta de guerra con Irán desde el 13 de junio, con ataques cruzados y el involucramiento directo de Estados Unidos con el bombardeo este sábado de varios silos nucleares en apoyo de Tel Aviv.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha denunciado que en Gaza se han superado los 50.000 muertos, la mayoría civiles. entre ellos más de 20.000 niños muertos. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas israelíes, incluyendo ataques a hospitales, refugios y convoyes humanitarios.
Por su parte, el Gobierno israelí defiende que sus operaciones son una respuesta legítima al terrorismo de Hamás y acusa a la comunidad internacional de hipocresía y doble rasero.
De prosperar, la propuesta de España marcaría un cambio sin precedentes en la política exterior de la UE hacia Israel, tradicionalmente alineada con sus intereses. Aunque se necesita unanimidad para aplicar sanciones y embargos, el creciente respaldo podría derivar en medidas simbólicas o en una congelación progresiva de relaciones.
La Comisión Europea ya ha confirmado que evaluará en julio el informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre posibles violaciones del acuerdo por parte de Israel.
