Desde el inicio de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, el pasado 7 de octubre de 2023, el Gobierno de España ha firmado 46 contratos con empresas de defensa de Israel, o sus filiales en el país, por un valor superior a los 1.027 millones de euros.
Las adjudicaciones se han producido durante un periodo especialmente delicado en el escenario internacional. Tras el ataque de Hamás el 7 de octubre, Israel lanzó una ofensiva militar a gran escala sobre Gaza. Desde entonces, España ha cerrado contratos con compañías israelíes de armamento como Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems e IMI Systems, algunas de las cuales están directamente involucradas en la fabricación de armas utilizadas en ese conflicto.
Entre los contratos más destacados:
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Adquisición del Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM), en colaboración con Elbit Systems, valorado en 576,4 millones de euros.
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Compra de 168 misiles SPIKE LR2, producidos por Rafael, por un total de 237,5 millones de euros.
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Contratos adjudicados a IMI Systems, entre ellos uno cancelado tras la polémica por 6,6 millones de euros destinado a la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil y que el Gobierno canceló ayer.
Estos productos han sido descritos en documentación oficial como “probados en combate”, que implica su uso directo en escenarios como Gaza, aumentando la controversia sobre la legalidad y legitimidad de estas compras.
¿Qué dice el Gobierno de España?
A nivel político, las decisiones contrastan con los mensajes públicos del propio Ejecutivo. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a las operaciones militares israelíes en Gaza y ha solicitado un alto el fuego inmediato, lo que posicionó a España como uno de los pocos países europeos en criticar abiertamente a Israel.
Sin embargo ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de Industria han interrumpido formalmente las relaciones comerciales con estas empresas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado algunos de los contratos por “razones técnicas”, alegando que contienen componentes tecnológicos que no tienen alternativa en el mercado.
También se ha enfatizado que buena parte de los contratos son con filiales en España, lo cual permitiría —según el Ejecutivo— “mantener la soberanía industrial” al tiempo que se genera empleo. Esta explicación, sin embargo, no satisface a ONG ni a parte del propio Gobierno de coalición.
Sumar y Unidas Podemos alzan la voz, PP pide que cumpla los contratos
Uno de los episodios que más repercusión mediática tuvo fue el contrato adjudicado a IMI Systems en octubre de 2024. La compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil se aprobó mientras se desarrollaban intensos bombardeos en Gaza, lo que generó una ola de críticas desde los socios del Gobierno.
Sumar, fuerza que actualmente forma parte de la coalición, exigió la cancelación inmediata del contrato. Finalmente, el Ministerio del Interior retiró el pedido tras la presión política y social, en un intento por minimizar el impacto diplomático y mediático.
El Partido Popular ha pedido que se cumplan los contratos firmados y presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa de Israel, esgrimiendo que es una resolución «arbitraria» y que responde a «motivos únicamente políticos» contra una adjudicación ya publicada «hasta» en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Centre Delàs, que ha monitoreado las relaciones armamentísticas de España durante años, ha sido tajante en su informe: España debe imponer un embargo completo de armas a Israel y cancelar los contratos vigentes con empresas que suministran tecnología militar usada en Gaza..
Contradicciones y pérdida de credibilidad internacional
La política del Gobierno de España en esta materia refleja una profunda contradicción entre el discurso y la acción, una disonancia que está afectando la credibilidad de España en la escena internacional. Mientras se posiciona como defensor de los derechos humanos en foros como la ONU o la Unión Europea, mantiene o ejecuta contratos que, según expertos, contravienen la Posición Común de la UE sobre exportaciones de armamento, que prohíbe la venta de armas cuando hay riesgo de que se utilicen para cometer abusos.
Además, España sigue figurando entre los principales socios comerciales europeos de la industria militar israelí, por detrás de países como Alemania, Reino Unido y Francia, lo que incrementa la presión desde sectores progresistas para que se revise a fondo la política de defensa.
