Cotejando recientes datos del propio Ministerio de Vivienda con otros anteriores del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España, resulta que en las dos últimas décadas han sido desahuciadas millones de personas de viviendas que habitaban en alquiler.
Enorme inseguridad jurídica y considerables dificultades económicas sufre, ciertamente, el desgraciado sector social de fuera del Registro de la Propiedad, sobre el que se viene descargando golpe tras golpe -con la serie de decretos y leyes en su contra- para “abaratar” las viviendas (ya hemos visto lo mucho que se han abaratado). Y debiendo recordarse, una vez más, que la principal causa de la retención de viviendas en desuso radica en los carísimos precios especulativos, cada vez más altos, que se vienen pudiendo pedir por su puesta en venta.
