El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha recibido una solicitud del PSOE para que el empresario Víctor de Aldama sea enviado nuevamente a prisión provisional, debido a su implicación en el caso de los hidrocarburos.
En un documento al que ha tenido acceso El Distrito, los servicios legales del Partido Socialista acusan al intermediario de «traficar con documentación del caso», incluyendo un paquete con «documentación sensible» acerca de Venezuela que un compañero le pudo resguardar durante su tiempo en detención preventiva.
«No creemos que mantener en libertad al señor Aldama compense el riesgo en que se coloca el éxito de la investigación y la integridad de otros bienes jurídicos relevantes merecedores de protección», se establece en el documento presentado por el PSOE, que actúa como acusación popular ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El 21 de noviembre, Víctor de Aldama abandonó la prisión de Soto del Real después de alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, que le permitió presentar evidencias que contribuyeran a clarificar la red de corrupción que infiltró el Ministerio de Transportes bajo la titularidad de José Luis Ábalos.
En su documento, el PSOE afirma que la «supuesta colaboración» con la justicia que propuso Aldama era «una falacia», por lo que, según el criterio de esta acusación, debe regresar a la cárcel.
Las tensiones entre el empresario y la Fiscalía Anticorrupción han sido evidentes en los últimos días, y a esta situación se suma que, en uno de sus reportes sobre la red de hidrocarburos, la Unidad Central Operativa (UCO) alertó al juez Santiago Pedraz sobre el «riesgo de destrucción u ocultamiento de las pruebas» por parte del grupo encabezado por Aldama y su compañero Claudio Rivas.
Datado el 12 de diciembre anterior, el informe ocasionó que, cuatro días después, el instructor de la investigación sobre hidrocarburos diera luz verde a la detención y la inspección en las propiedades de varios imputados, incluyendo a Luis Alberto Escolano, quien es considerado un hombre de plena confianza de Aldama y descrito por los agentes en otro de sus reportes como el «custodio» de «documentación sensible» del comisionista del ‘Caso Koldo’.
Una de las evidencias que los investigadores estaban buscando en relación a Escolano, con el permiso del juez, era un paquete de tono marrón que los agentes -así como el propio Aldama en declaraciones públicas- califican de «sensible».
Mediante intervenciones telefónicas y el análisis del móvil del comisionista, la UCO continuó la búsqueda de ese sobre y lo identificó en unas imágenes que Aldama solicitó a Escolano el 12 de agosto pasado.
En el sobre hay una etiqueta que dice «CONFIDENCIAL», y éste fue enviado por el Presidente de Petróleos de Venezuela, siendo la destinataria Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro.
En el acuse de recibo del paquete se verifica que fue entregado a Víctor de Aldama el 4 de febrero de 2020, dos semanas tras la visita clandestina de la número dos venezolana a España.
El dueño de la empresa ha afirmado que la Fiscalía Anticorrupción «tiene conocimiento» de ese sobre, sin ofrecer más información, aunque desde el Ministerio Público enfatizan que no han podido acceder al mismo. Esta situación podría poner en riesgo el pacto por el cual el supuesto líder de la red de hidrocarburos está en libertad condicional.
Asimismo, el «riesgo de destrucción u ocultamiento de las pruebas» que mencionó la UCO podría servir como una justificación legal sólida para que el magistrado Santiago Pedraz disponga nuevamente el encarcelamiento temporal de Aldama. En realidad, esto ya fue considerado en la decisión inicial del juez instructor.
