Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, ha declarado en el juicio de las mascarillas que facilitó a Luis Medina un correo del Ayuntamiento de Madrid para ofrecer material sanitario en la pandemia y ha aseverado que «nada» de lo que pudiera haber dicho entonces, hubiera afectado en los trámites de la contratación al calificar a la coordinadora general de la Alcaldía en aquella época de «persona rigurosa» y «muy profesional».
El juicio por la supuesta estafa de Medina y Alberto Luceño al Consistorio capitalino ha celebrado este martes su tercera sesión con la declaración del familiar de José Luis Martínez-Almeida y varios testigos, entre ellos los dos empleados de banca que alertaron de las elevadas comisiones que una empresa Malaya transfirió a los procesados.
Fue el Sepblac, la Unidad de Inteligencia Financiera, la que trasladó a la Fiscalía Anticorrupción la existencia de las citadas mordidas millonarias, dando lugar a la investigación judicial. Los procesados declararán el próximo 25 de febrero, una vez se practique la prueba de la vista oral.
En la sesión, ha declarado la responsable policial que participó en los registros del domicilio de Alberto Luceño ubicado en Pozuelo de Alarcón y de la empresa Takamaka, situada en la calle Lagasca de la capital. En el mismo, el procesado tuvo una actitud colaboradora y facilitó a los agentes las claves para acceder a sus dispositivos electrónicos.
En el registro, la Policía Científica halló un carnet plastificado que parecía ser del CNI, que resultó ser falso. La placa llevaba la fecha de marzo de 2020, mes en el que los comisionistas llevaron a cabo la operación de compraventa con el Consistorio. También se hallaron placas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.
Solo facilitó un correo
En su declaración, Carlos ha explicado que medió entre Luis Medina y el Ayuntamiento de Madrid a raíz de una llamada de su amiga María Díaz de la Cebosa, presidenta de la universidad en la que estudió el hijo menor de Naty Abascal.
El primo del alcalde madrileño ha señalado que se limitó a facilitar al investigado un correo que le dio Matilde García Duarte, la coordinadora general de Alcaldía y única persona que conoce del Consistorio madrileño por su amistad.
«Me dijo que tenía experiencia en textil en China y que podía traer mascarillas. La conversación duró 40 segundos. No tenía criterio para valorar», ha subrayado a preguntas de la abogada del PSOE. Según ha dicho, mantuvo solo dos llamadas con el aristócrata.
A preguntas sobre si consideró tener referencias de Medina, ha replicado que no ya que le valía solo que se le hubiera comentado María Díaz. «Yo no convenzo a nadie. Nadie me dice si es o no altruista. Nada que hubiera podido decir, hubiera afectado en los trámites, que los desconozco», ha reseñado.
Voz de alarma de los bancos
A continuación, ha comparecido Cristina Sierra Daimiel, directora de la sucursal del Deutsche Bank en la que Luis Medina ingresó su comisión de un millón de dólares, aportando un contrato por correo de la empresa Leno.
Así, ha detallado que el investigado acudió a la oficina en varias ocasiones para informar de que iba a cerrar un negocio de comercio internacional y que necesitaba abrir una cuenta en dólares.
Cuando se recibió la transferencia desde Malasia, se le solicitó que aportara el origen y la naturaleza de los fondos. «Cuando hay una operación inusual se solicita documentación y se manda a servicios centrales. No era una operativa normal del cliente y venía de un país como de Malasia, ha indicado.
Por su parte, Javier Martín ha detallado que Luceño se adelantó en aportar documentación en relación a la operación por la que iba a ingresar unos cinco millones de dólares. Según su testimonio, el acusado le comentó que era agente exclusivo de la empresa Leno.
En su querella, la Fiscalía Anticorrupción apuntaba que estos papeles que aportaron a sus respectivos bancos estaban falsificados, de manera que no sería información veraz.
También ha testificado Francisco Javier Cortés, quien fue director de gestión del Hospital Puerta de Hierro, al que se destinó una parte de las 238.000 mascarillas donadas por los acusados dado que la mujer de Luceño trabajaba en este centro hospitalario. Según ha apuntado, eran de tal mala calidad que no valían ni siquiera como mascarillas higiénicas.
