El PP elevará a la Fiscalía y al juzgado el dictamen de la comisión de Begoña Gómez

El PP elevará a la Fiscalía y al juzgado el dictamen de la comisión de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid (España), a 13 de noviembre de 2024. - Eduardo Parra / Europa Press

El PP ha anunciado que elevará a la Fiscalía y al juzgado que investiga el ‘Caso Begoña Gómez’ el dictamen de la comisión de investigación que trata de aclarar en la Asamblea de Madrid si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha anunciado la portavoz de los ‘populares’ en dicha comisión, Mercedes Zarzalejo, en los pasillos de la Cámara después de que haya concluido la última sesión de esta comisión, que ha sido suspendida tras escuchar al exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM Juan Carlos Doadrio y a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez.

Queda en el aire el llamamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedido por el PP. La sesión se ha suspendido, precisamente, a la espera del informe del Consejo de Estado pedido desde la Asamblea que dictamine si el jefe del Ejecutivo nacional ha de comparecer en la Cámara y si, en caso de que lo haga, qué repercusiones tendría que no respondiera a preguntas o que mintiera.

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«Obviamente tenemos nuestras conclusiones ya en mente pero tenemos que trabajar en ese documento que además desde luego enviaremos a la fiscalía que es lo que corresponde y quizá también al juzgado competente en el conocimiento y en la investigación de estos hechos», ha planteado Zarzalejo, quien ha indicado que determinar si hay o no ilícito penal es «una cuestión que le corresponde a la autoridad judicial».

Lo que harán ellos es plasmar y «poner en conocimiento» a Fiscalía y juzgado «todos los condicionantes y circunstancias de facto» que apuntarían a «posibles indicios o posibles delitos».

Sobre los comparecientes de este miércoles, ha criticado que Álvarez no haya querido declarar y de Doadrio ha destacado que «le sorprendió que esta cátedra viniera ya hecha cuando le llegó a él» y el desconocimiento sobre «qué ha pasado» con el ‘software’.

Vox reclama ampliación

Por su parte, la portavoz de Vox en la comisión, Ana Cuartero, ha afirmado que tras 17 comparecientes aún quedan «testigos clave» que deberían acudir a aportar información.

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«Animamos al Partido Popular a que de una vez se decida a hacer un trabajo eficaz y que podamos tener aquí al presidente del Gobierno y a todos los testigos clave, pero sobre todo al presidente del Gobierno», ha remarcado Cuartero.

Considera la parlamentaria que a lo largo de las sesiones se ha demostrado que debería haber «responsabilidades políticas» por la gestión de esta cátedra. «Por supuesto, como es obligación de la comisión de investigación, poner en manos del juez todos los testimonios en los que creo que hay información que puede resultar muy esclarecedor», ha concluido.

Más Madrid pide el cierre y no «alargar este bochorno»

Por su parte, la diputada de Más Madrid María Pastor ha pedido el cierre de la comisión para que no «alargar este bochorno». Considera que se ha evidenciado en las seis sesiones que ha tenido esta comisión que el PP no ha querido «investigar nada».

«Ayuso y sus diputados han utilizado la institución madrileña, la Asamblea de Madrid, para rascar cuatro titulares, retorciendo el reglamento y avergonzándonos a todos por el camino», ha planteado la parlamentaria.

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Frente a ello, ha afirmado que su partido trabajará por la universidad pública madrileña, algo en lo que el PP «no estaba interesado» en estudiar. Cree, además, que la solicitud de un informe sobre el Consejo de Estado es «una burla».

Por último, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha cuestionado que se necesite «alargar este circo» y ha incidido en que el Consejo de Estado ya ha señalado que los cargos dependientes del Estado tienen que comparecer en Congreso y Senado.

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