Las grabaciones que alberga el magistrado que llevó a cabo la investigación del conocido como caso Delcygate permanecerán en su juzgado. Antonio Serrano-Arnal ha contestado al Senado que no proporcionará las grabaciones solicitadas por la cámara alta debido a que están resguardadas «por el carácter reservado» que le concede la Ley de Procedimiento Penal. De esta manera, mantendrá bajo custodia judicial estas grabaciones relacionadas con la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
De esa forma lo explica en un documento legal, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que detalla que «a pesar de la obligación general de colaborar con las Cortes Generales», en este caso es prioritario el derecho fundamental a la privacidad. Por eso decide mantener las grabaciones de Barajas que el juzgado ha conservado desde 2022 como evidencia, según informó este medio.
Según el magistrado, «las grabaciones solicitadas, cuya preservación y depósito acordó el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, a la vista de que existían dos procedimientos abiertos en cuanto a la reseñada escala de la Señora Vicepresidenta de la República de Venezuela (…) permanecen en la caja fuerte de este órgano bajo la custodia de la Sra Letrada de la Administración de Justicia»,.
El caso Delcygate
Así, los registros sobre lo sucedido en Barajas durante la madrugada del 20 de enero de 2020 serán resguardados en los tribunales de Plaza Castilla. Allí han estado desde mediados de 2022 cuando el magistrado solicitó su entrega a Aena. Los registros, transformados en una evidencia fundamental de este proceso, estuvieron bajo el control de esta entidad, aunque, tras el cierre de las actuaciones, el magistrado las solicitó para su resguardo judicial.
El proceso judicial que se llevó a cabo en los tribunales de Madrid por supuesta prevaricación, omisión del deber de perseguir crímenes, desobediencia y usurpación de funciones, finalizó con su archivo. Siguió así la línea de actuación de la Fiscalía, al considerar que de los informes obtenidos de la Policía y de la Fiscalía no se demostró que Delcy Rodríguez vulnerara «la prohibición de entrada en territorio Schengen». Esto se debe a que «en todo momento permaneció en la zona de tránsito internacional».
La derivada de estas diligencias iniciadas en el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado de José Luis Ábalos, quien en aquel momento era responsable de Transportes, también tuvo lugar debido a la falta de pruebas de delito por parte del exministro socialista.
No obstante, la Cámara Segunda estableció que la subordinada de Nicolás Maduro en realidad estuvo presente en territorio español. Por ello, habría infringido la restricción de acceso en el Espacio Schengen, de acuerdo con las pautas de la Unión Europea. Sin embargo, el tribunal superior comprendió que este supuesto incumplimiento no podía considerarse delito penal, sino más bien decisiones de índole política que van más allá del ámbito judicial.
Solicitud de las grabaciones entre Ábalos y Delcy Rodríguez
Después de cuatro años de inicio de las investigaciones, las grabaciones del Delcygate han vuelto a destacar debido a la aparición del ‘caso Koldo’. Las diligencias iniciadas por el negocio fraudulento de las mascarillas a la compañía Soluciones de Gestión han vuelto a poner en el centro de atención estas imágenes. Y es que algunos de los implicados en este caso de corrupción estuvieron presentes esa madrugada.
Se ha ido descubriendo a través de las investigaciones que, aparte de Ábalos, estuvieron presentes en la reunión su antiguo conductor Koldo García, el capitán de la Guardia Civil acusado en el caso, Rubén Villalba, y también Víctor de Aldama, a quien algunos medios ubicaron en el sitio del incidente.
En ese contexto, se presentó un requerimiento de información por parte del Partido Popular, que cuenta con la mayoría en el Senado. Este requerimiento incluía una serie de solicitudes, entre las cuales se encontraban las grabaciones del encuentro secreto entre Ábalos y Delcy Rodríguez.
El objetivo era aclarar los participantes de esa reunión, así como también investigar lo referente a las maletas que supuestamente fueron llevadas por la embajada venezolana desde el avión de Delcy Rodríguez; este último hecho fue testimonio de un guardia de seguridad que presenció los acontecimientos y lo documentó ante notario.
Sin embargo, el magistrado, en acuerdo con la Fiscalía, descarta la solicitud y recuerda que la causa está resguardada por la confidencialidad que le otorga el artículo 301 de la Ley de Procedimiento Penal (LECrim) en relación al secreto de instrucción de las diligencias.
