Después de tres días de vaivenes jurídicos, los vecinos de Lleida y otros seis municipios de la comarca del Segrià amanecen este miércoles confinados.
Torra y el Govern intentaron sacar adelante la medida el pasado domingo ante el avance del covid-19, pero la jueza de guardia denegaba las restricciones al considerar que invadían una «competencia estatal».
En vez de recurrir el auto, Quim Torra cambió de táctica y blindó el confinamiento. Lo hizo a través de un decreto-ley que el fiscal jefe de Lleida no dudó en calificar este lunes de «ilegal». Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez descarta pedir por ahora su suspensión ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, mientras el virus sigue extendiéndose por Lleida, Moncloa no quiere poner en duda la legalidad de la medida.
Pasadas las tres de la mañana de este miércoles, el juzgado de instrucción número 2 de Lleida ratificó el nuevo confinamiento al amparo del decreto-ley. El magistrado solo rechazó la implementación de estas medidas en Massalcoreig; el municipio menos afectado por el brote, y fijó la validez de las restricciones por una plazo de 15 días prorrogables.
El magistrado lo argumenta señalando que «nos encontramos ante una situación de pandemia declarada oficialmente que; por tanto, permite la adopción de las medidas necesarias para su control y erradicación; medidas que pueden limitar la actividad en general, la prestación de servicios y los desplazamientos de las personas», argumenta el magistrado. «Cierto es que la situación actual es mejor que la que se vivió en los meses de marzo y abril, como también es cierto que las medidas que se pide se ratifiquen son menos restrictivas que las que se adoptaron en su día y delimitadas territorialmente», añade. En cuanto a la proporcionalidad de las mismas, el auto sostiene que cumplen este requisito porque «se procura proteger la salud y, al mismo tiempo, minimizar la afectación a las actividades económicas y el desarrollo de las actividades cotidianas de las personas».
