El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido esta semana una sentencia que pretende bloquear que el Tribunal Supremo (TS) pueda recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Según el fallo, el alto tribunal no podrá acudir ahora a la justicia europea tras haber planteado previamente una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma.
El Tribunal Supremo elevó en julio de 2024 una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía por considerar que podría ser contraria a la Constitución Española en cuanto al derecho a la igualdad y la seguridad jurídica. Este paso fue previo a una eventual cuestión de prejudicialidad ante el TJUE.
Sin embargo, según el tribunal presidido por el polémico Conde-Pumpido, este tribunal -o cualquier juez- debería haber recurrido primeramente a Europa. Y, en consecuencia, deja entrever que ya no pueden ir a Europa una vez que el Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la ley.
La decisión del Constitucional afecta directamente al caso Puigdemont
La resolución del TC establece por tanto que, si un órgano jurisdiccional tiene dudas sobre la compatibilidad de una ley con la Constitución y con el derecho europeo, debe primero formular la cuestión prejudicial ante el TJUE, y solo después, en su caso, recurrir al TC. Como el Supremo ya ha optado por plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pierde la posibilidad de llevar el asunto a Europa.
Es por tanto un nuevo intento del TC para impedir que cualquier otro tribunal pueda poner trabas al aval de la ley de amnistía.
Esta limitación afecta de lleno a la estrategia de los magistrados del Supremo en el caso de Carles Puigdemont, a quien la Sala Penal se niega a aplicar la amnistía por malversación, alegando que vulnera los principios de igualdad y seguridad jurídica reconocidos por el derecho europeo.
Puigdemont celebra el fallo y acusa al Supremo
El entorno del expresidente catalán ha reaccionado con satisfacción. Su abogado, Gonzalo Boye, ha afirmado que la resolución del TC “confirma que el Supremo no puede seguir utilizando la justicia europea como vía para frenar la aplicación de la amnistía”.
Por su parte, Carles Puigdemont ha calificado la sentencia como un “gran éxito jurídico” y ha acusado al Supremo de mantener una actitud “sediciosa y prevaricadora”, negándose a cumplir una ley que ha sido aprobada por el Parlamento.
La decisión del Tribunal Constitucional ha generado un nuevo episodio de fricción entre los principales órganos del poder judicial en España.
Mientras el Supremo insiste en que ciertos delitos no deben ser amnistiados, el Constitucional recuerda que se deben seguir los cauces legales y que no se puede acudir al TJUE una vez se ha optado por la vía interna, lo que acrecienta la sensación en la ciudadanía de que el Constitucional se ha convertido en un tribunal politizado y que no es independiente.
Desde el PP, el portavoz nacional, Borja Sémper, aseguró este viernes que su partido acata la sentencia que avala la ley de amnistía, pero insistió en que es una “transacción mercantil” para que Pedro Sánchez gobierne y aseveró que el Tribunal Constitucional “no es un órgano jurisdiccional, sino que es político”.
“El Partido Popular siempre acata todas las sentencias, pero entenderá que tenemos perfecta legitimidad para no compartir en absoluto una sentencia de un órgano que es, por su naturaleza, político, no judicial. Esto no es una interpretación del Partido Popular. Todos los españoles saben que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, sino que es un órgano político”, afirmó en unas declaraciones ante los medios.
Aunque el TC ha limitado el margen de maniobra del Supremo respecto al recurso europeo, el alto tribunal aún puede negar la amnistía en ciertos casos, como ha hecho con Puigdemont y Antoni Comín, al considerar que su malversación estuvo ligada al lucro personal o al perjuicio grave a los intereses financieros de la UE.
Ambos líderes independentistas podrán ahora recurrir al Tribunal Constitucional, abriendo un nuevo capítulo en la batalla legal sobre la aplicación de la ley de amnistía en nuestro país, en una norma que se aprobó para que el presidente Pedro Sánchez pudiera contar con el apoyo de los independentistas catalanes para mantenerse en Moncloa.
