El informe concluye que se ha producido una transformación de la prostitución provocado por la pandemia y las medidas adoptadas para el freno de la misma
El 44% de las prostitutas asentadas en la Comunidad de Madrid ejerce en pisos, el 31% en clubes y el 25% lo hace en la calle, mientras que el 94% es extranjera y el 76% quería dedicarse a otra cosa antes de ser meretriz.
Estos son algunos de los datos del informe elaborado por la asociación In Género (Interculturalidad y Género), dedicada a la atención integral de personas en contextos de prostitución y de víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a raíz de los datos obtenidos en su intervención diaria con personas que ejercen prostitución y víctimas de trata en los lugares de ejercicio de prostitución de la región.
El informe en cuestión se centra las personas atendidas en los 260 lugares de ejercicio de prostitución interceptados en su intervención diaria durante el año 2021. Sus resultados fueron recogidos, analizados y elaborados por su equipo de profesionales durante estas visitas.
Más concretamente, el informe revela el perfil sociodemográfico de las personas que ejercen la prostitución y victimas de trata y cómo se encuentra la situación de los lugares de ejercicio. La asociación ha atendido a 2.358 personas en toda la Comunidad de Madrid, datos muy superiores al ejercicio del 2020, que no llegaban al millar. De ellas, 2005 son mujeres cis, 312 mujeres trans y 41 hombres cis.
Trabajan en 260 lugares de ejercicio, 115 clubes, 131 pisos y casas y 14 espacios de calle. El 44% de las personas que ejercen prostitución en la comunidad de Madrid, se han encontrado en pisos privados. El 31% de las meretrices ejercen en clubes de alterne, con un descenso importante respecto al pasado año, y un 25% en calle.
La edad media de las personas que ejercen la prostitución en la Comunidad de Madrid es de 36 años. Los principales países de origen de las personas que ejercen la prostitución en Madrid son Colombia, República Dominicana, Rumanía, Ecuador y Paraguay aunque un 20,45% del total tienen nacionalidad española.
También ha crecido el número de mujeres de origen español frente al 2020, alcanzando un 6,5% frente a un 3,8% del pasado año.
Un 25,4% de las personas que ejercen la prostitución en Madrid se encuentran en situación administrativa irregular y el 29,3% no tiene Tarjeta Sanitaria. El 88,8% tienen amplias cargas familiares (entre uno y cinco familiares a su cargo) y un 11,2% más de 6 familiares a su cargo, según el informe.
El 23,6% reconoce haber venido a España para ejercer la prostitución, y un 76,4% afirma lo contrario, que venían con otras expectativas laborales y de vida, pero la dificultad de acceso al empleo, condicionada por una rígida y obsoleta ley de extranjería, las ha llevado al ejercicio de la prostitución.
Impacto del Covid
Además, In Género ha desarrollado y presentado en 2021 un estudio paralelo titulado ‘El impacto de la Covid-19 en la vida de las personas que ejercen la prostitución: un estudio en cinco comunidades autónomas en España’, en entre ellas la Comunidad de Madrid.
El informe concluye que se ha producido una transformación de la prostitución provocado por la pandemia y las medidas adoptadas para el freno de la misma, y que han afectado a las personas que ejercen la prostitución y a las víctimas de trata.
Así, se ha producido un aumento de los pisos de ejercicio, donde es más complicado el acceso de las ONG, por lo que «se incrementa la invisibilidad y la vulnerabilidad de las mujeres, aumenta la edad de las personas que ejercen, empeoran las circunstancias económicas y sociales del colectivo, regresa la prostitución de personas que hacía años que ya no ejercían y que estaban integradas en el mundo laboral y se incrementan las personas con nacionalidad española, todas ellas, con alta vulnerabilidad social».
En base a su experiencia como organización de atención integral, la entidad insiste en la importancia de conocer (y de dar a conocer) los ejes de discriminación social asociada a estos entornos para la restitución de los derechos vulnerados, así como la exigencia a las administraciones públicas «de políticas activas y ajustadas a la realidad que mejoren la vida de estas personas».
