La directora de la Guardia Civil, en el punto de mira, tras los audios de Leire Díez y su presunta implicación en la operación contra la UCO

Directora Guardia Civil
La directora Guardia Civil, Mercedes González, Fuente EP
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Raúl Sánchez Folgueiras

Raúl Sánchez Folgueiras, economista y director adjunto de El Distrito Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, en periódicos como Estrella Digital como director y posteriormente como redactor jefe de Merca2. Colabora como tertuliano en diferentes TV y radios nacionales. IG /Twitter: RaulFolgueiras

La Guardia Civil atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. A la creciente preocupación por la falta de medios en zonas especialmente conflictivas, como el Campo de Gibraltar y Barbate, se suma ahora un escándalo político de gran calado que salpica directamente a su directora general, Mercedes González. Su nombre ha sido mencionado por el empresario Víctor de Aldama en relación con una presunta operación para desmantelar la Unidad Central Operativa (UCO), revelada a través de una serie de audios comprometidos protagonizados por Leire Díez, exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos.

Los audios difundidos señalan que Leire Díez, cercana al entorno del PSOE, habría impulsado maniobras para socavar la credibilidad de la UCO. En sus conversaciones con Alejandro Hamlyn, se desliza la existencia de una campaña contra los investigadores de esta unidad, en especial contra el teniente coronel Antonio Balas, quien ha estado al frente de importantes causas contra la corrupción.

La directora de la Guardia Civil estaba al tanto según Leire Díez

Díez, en la última reunión que hemos conocido con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villaba, para pedirle información necesaria para desmantelar la UCO a cambio de protección judicial y colocarle en un puesto de relevancia,  transmitió posteriormente tras dicho encuentro —a través de un intermediario— que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, fue informada del resultado del encuentro y que “la reunión salió mejor de lo previsto”.

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Este hechos de confirma tras las declaraciones de Victor Aldama, el empresario imputado en el caso Koldo. En una intervención en El Programa de Ana Rosa, Aldama aseguró que Leire Díez actuaba bajo las órdenes de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y que esta habría estado detrás de una operación para “cargarse a la UCO”, lo que conllevaría una implicación directa de la máxima responsable para desmantelar una de las unidades más importantes para luchar contra la corrupción.  Aunque González no aparece mencionada en los audios publicados hasta el momento, Aldama afirma que existen grabaciones adicionales que confirmarían su implicación

El silencio de Mercedes González

Desde la publicación de los audios, Mercedes González no ha emitido declaraciones públicas. Fuentes internas de la Guardia Civil han calificado su silencio como «atronador». Su ausencia en actos institucionales recientes, como el desayuno informativo del Foro Nueva Economía, ha alimentado las sospechas.

La falta de respaldo explícito por parte de la directora a los agentes señalados en el escándalo ha generado un profundo malestar dentro del cuerpo. En un momento en que la Guardia Civil necesita cohesión y respaldo político, la dirección del cuerpo parece ausente o, peor aún, cuestionada por su propio entorno. Pero este no es el único escándalo de la directora de la Guardia Civil, nombrada en septiembre de 2024.

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Por su parte todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han expresado este martes su apoyo a la Unidad Central Operativa (UCO) ante los ataques que están sufriendo. De forma conjunta han publicado un comunicado en el que inciden del trabajo de estos agentes y una frase contundente: «No se la difama».

La cesión de competencias a Cataluña: otro frente abierto

El caso de la UCO no es el único foco de tensión entre la dirección de la Guardia Civil y sus bases. En paralelo a este escándalo, el Gobierno ha seguido avanzando en la cesión de competencias a la Generalitat de Cataluña, incluyendo funciones que hasta ahora correspondían a la Guardia Civil.

Este movimiento, fruto de los acuerdos con partidos independentistas para asegurar la legislatura, ha sido criticado por asociaciones profesionales y mandos del cuerpo, que lo interpretan como una forma de debilitar la presencia del Estado en una comunidad autónoma donde el independentismo sigue siendo una fuerza relevante. La transferencia de competencias, especialmente en materia de tráfico y seguridad ciudadana, ha dejado a muchos agentes en una situación de incertidumbre laboral y funcional.

Barbate y la lucha desigual contra el narcotráfico

Mientras tanto, en zonas como Barbate, el trabajo de la Guardia Civil se enfrenta a una dura realidad: la falta de medios humanos y materiales para combatir eficazmente el narcotráfico. El asesinato de dos guardias civiles en un operativo reciente en el puerto de la localidad gaditana puso de manifiesto la precariedad con la que operan muchos destacamentos.

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Las asociaciones de guardias civiles han denunciado reiteradamente que los agentes carecen de embarcaciones adecuadas, chalecos antibalas suficientes y personal de refuerzo. La presión del narcotráfico, que ha convertido el Estrecho en una auténtica autopista de droga, requiere una respuesta contundente del Estado. Sin embargo, la dirección del cuerpo, con Mercedes González a la cabeza, ha sido incapaz de proporcionar una estrategia clara y eficazpara revertir esta situación.

Una crisis de confianza sin precedentes

La combinación de estos tres factores —los audios de Leire Díez, la cesión de competencias a Cataluña y la desprotección frente al narcotráfico— ha provocado una auténtica crisis de confianza en la dirección de la Guardia Civil. Muchos agentes consideran que el cuerpo está siendo instrumentalizado por motivos políticos y que se están poniendo en riesgo tanto la operatividad como la reputación de una institución fundamental para la seguridad del Estado.

Por el momento, el Ministerio del Interior ha guardado silencio sobre la supuesta implicación de Mercedes González. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha defendido la labor de la Guardia Civil en términos generales, pero no ha respaldado públicamente al teniente coronel Balas ni ha abordado el contenido de los audios revelados.

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