La organización Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra seis magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la constitucionalidad de la controvertida ley de amnistía. La denuncia alega un presunto delito de prevaricación judicial, argumentando que los magistrados dictaron una resolución «a sabiendas injusta» al interpretar de forma «patente y groseramente errónea» que la Constitución permite todo aquello que no prohíbe expresamente.
Los jueces señalados en la denuncia son:Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, vicepresidenta y ponente de la sentencia y el resto de los magistrados progresistas, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, Laura Díez y María Luisa Segoviano
Según el escrito presentado por Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, existen «indicios más que razonables» de que estos magistrados dictaron una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho.
La denuncia sostiene que la Ley de Amnistía vulnera varios principios fundamentales del ordenamiento jurídico español, entre ellos:el principio de independencia y separación de poderes, el principio de igualdad entre españoles, el principio de ejecución de sentencias y en definitiva, el Estado de Derecho.
Manos Limpias argumenta que los magistrados eran conscientes de estar dictando una resolución injusta, lo que constituiría un delito de prevaricación judicial según la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo.
Desde el sector conservador se acusó a la mayoría progresista del TC de actuar al dictado de intereses políticos del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. “Esto no es un tribunal”, habría dicho uno de los magistrados en una conversación privada ren referencia al modo en que se ha impuesto la mayoría, evitando un debate profundo y sincero
Desde la oposición, el Partido Popular y Vox habían denunciado que estamos ante un caso claro de degradación institucional, alertando de que el Constitucional ha pasado de ser “el árbitro del sistema” a un actor político más. Para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la sentencia representa “un punto de inflexión que pone en peligro la división de poderes”. Desde Vox, Santiago Abascal ha calificado la decisión como “el mayor ataque al orden constitucional desde el 23-F”.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había calificado el aval del Constitucional como una «magnífica noticia para España y la convivencia», sectores de la oposición y diversas organizaciones han expresado su rechazo frontal a la medida.
Además de la denuncia presentada por Manos Limpias, la organización Abogados Cristianos ha interpuesto una querella contra Cándido Conde-Pumpido por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, al considerar que debía haberse apartado del pleno en el que se analizó el recurso contra la Ley de Amnistía. La querella sostiene que la participación activa del magistrado en el procedimiento compromete su neutralidad, dado el vínculo conyugal con una vocal del Consejo General del Poder Judicial que emitió un informe sobre la ley.
La denuncia por prevaricación contra los magistrados del Tribunal Constitucional plantea un escenario inédito en la historia reciente de España. De prosperar, podría tener consecuencias significativas tanto en el ámbito judicial como en el político, cuestionando la legitimidad de una de las decisiones más controvertidas del alto tribunal.
