Anoche, en El Mundo al Rojo de Distrito TV, se abordó con carácter urgente el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, así como otros escándalos que azotan al Gobierno, como el registro en la vivienda de José Luis Ábalos y las duras críticas de la Comisión Europea a la ley de amnistía, tildándola de “autoamnistía”gestada para asegurar el respaldo de partidos independentistas.
En el programa participaron periodistas y expertos en Derecho, quienes coincidieron en la justa preocupación por la creciente politización del Poder Judicial. Se analizó el procesamiento de García Ortiz, por presunta revelación de secretos por el Tribunal Supremo y se debatió si su procesamiento apunta a presiones desde La Moncloa, como reflejan versiones del auto del magistrado Ángel Hurtado.
También se abordó el operativo de la UCO en el domicilio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, investigado por posibles mordidas y tráfico de influencias durante la gestión de contratos sanitarios en plena pandemia. Según los analistas, estas rutas de investigación revelan una guerra jurídica que tiende a expandirse más allá del fiscal general, alcanzando a ministros del PSOE y a su entorno más inmediato.
Bruselas desmonta la ley de amnistía: “parece una autoamnistía”
Uno de los momentos clave fue la lectura del informe confidencial de la Comisión Europea ante el TJUE, muy criticado en la mesa por ser un varapalo para el Gobierno de Sánchez.
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Bruselas cuestiona que la ley no responda a un “interés general” y la tilda de autoamnistía, diseñada para blindar a los apoyos independentistas del Ejecutivo.
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Señala además que fue tramitada por vía de urgencia, evitando informes de órganos expertos como la Comisión de Venecia o el CGPJ, lo que agrava la percepción de que la norma busca blindar políticamente a los implicados
La mesa de El Mundo al Rojo puso énfasis en que estos tres frentes —Fiscal General, registro a Ábalos, y ley de amnistía— configuran una estrategia común del PSOE: fortalecer su defensa jurídica, contrarrestar narrativas adversas y legitimar su gestión frente a la opinión pública y los tribunales.
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En el caso de García Ortiz, el fiscal sigue al frente pese al procesamiento, con el Gobierno argumentando que aún no existen pruebas concluyentes.
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El registro de Ábalos añade presión mediática y penal, sumando otro foco al que responder legalmente.
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Finalmente, las críticas de la Comisión Europea otorgan peso internacional a la denuncia de que la amnistía es un mecanismo de autoprotección política, no una medida de reconciliación constitucional.
Reflexiones críticas desde la independencia institucional
Desde el formato se advirtió:
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Que el Poder Judicial debe conservar su autonomía frente al Ejecutivo.
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Que estos episodios configuran una multipolar ofensiva del PSOE, que no solo se defiende, sino que ataca judicialmente a la oposición y trata de influir legislativamente en los procesos judiciales.
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Que el respaldo institucional —y mediático— del Gobierno a García Ortiz y Ábalos parece responder más a intereses políticos que a valores de integridad institucional.
El análisis dejó claro que el Ejecutivo está inmerso en una especie de guerra judicial permanente, en la que las figuras de García Ortiz y Ábalos son piezas clave. Y la ley de amnistía, descrita por Bruselas como una “autoamnistía”, proporciona un contexto legislativo al que se acude para blindarse jurídicamente.
Todo ello plantea cuestiones profundas:
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¿Está el PSOE usando las herramientas del Estado para defenderse o para controlar?
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¿Se están cruzando líneas en la separación de poderes?
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¿Es legítimo reforzar el gabinete jurídico o es un síntoma de que acerca el conflicto político al terreno judicial?
