El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha cansado de las inmobiliarias y ha abierto un expediente sancionador a una «importante agencia inmobiliaria de alquiler» que opera a nivel nacional debido a posibles prácticas abusivas contra los arrendatarios en la gestión del alquiler y seguir cobrando comisiones por dicha gestión cuando está prohibida.
Además, también se está llevando a cabo una investigación sobre otras empresas similares por cobrar comisiones ilegales y forzar a los inquilinos a contratar servicios no solicitados, ha informado el Departamento dirigido por Pablo Bustinduy este jueves.
La investigación que Consumo inició en octubre pasado es la base del procedimiento sancionador contra esta «importante agencia inmobiliaria», cuyo nombre no ha sido revelado por el Ministerio, y se mantiene abierto respecto a otras inmobiliarias que podrían haber incurrido en estas o en otras prácticas.
Facua señala a Alquiler Seguro
Facua, la asociación de consumidores, ha señalado que la agencia en cuestión es Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre de 2023 por exigir el pago de honorarios a los arrendatarios, una práctica que la legislación en materia de alquileres prohíbe tras la aprobación de la ley de vivienda.
Según la denuncia de Facua, en concreto, se exige a los inquilinos por parte de Alquiler Seguro que paguen el equivalente a un mes de alquiler más el 21% de IVA, un cobro que justifican por ofrecer un «servicio de atención al arrendatario». Igualmente, la empresa ha informado a la asociación que dejó de forzar a los usuarios a contratar dicho servicio, proporcionando, después de visitar el inmueble, los datos de contacto del propietario a quienes opten por no contratarlo. Sin embargo, se indica en un comunicado que la Dirección General de Consumo ha detectado, en los últimos meses, una serie de irregularidades y ha iniciado un expediente sancionador en contra de la empresa.
Facua ha tenido conocimiento a través de fuentes externas al Ministerio sobre que Alquiler Seguro ha sido citada para presentar sus alegaciones a la propuesta de sanción. La compañía también puede optar por admitir la responsabilidad de una parte o de todas las infracciones por las cuales está siendo investigada, comprometiéndose a corregirlas y pagando la multa con una reducción significativa de su cuantía.
De esta manera, la Dirección General de Consumo ha solicitado información tanto a Alquiler Seguro como a otras agencias bajo investigación después de recibir denuncias sobre este tipo de acciones por parte de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Facua y el Sindicato de Inquilinas-CECU. Las denuncias de estas organizaciones apuntan a violaciones como el cobro de comisiones por la gestión del alquiler, la imposición de contratar un seguro o la obligación de aceptar servicios que no han sido solicitados por el inquilino.
En este contexto, Consumo recuerda que la Ley de Vivienda prohíbe de manera explícita pasar a los inquilinos los costos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Asimismo, señala que estas cláusulas o prácticas podrían considerarse infracciones que, de acuerdo a la Ley de Defensa de los Consumidores, podrían clasificarse como graves o muy graves. En caso de ser reconocidas como infracciones graves, las multas pueden llegar hasta 100.000 euros, y podrían incluso superar esos montos alcanzando entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Sanciones muy graves a las inmobiliarias por el cobro de comisiones por el alquiler
Si se calificaran como muy graves, las sanciones podrían ascender a un millón de euros, pudiendo exceder esa cifra hasta entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido por el cobro de las comisiones por el alquiler por parte de las inmobiliarias. Este nuevo proceso sancionador de Consumo se añade al expediente que el Ministerio abrió hace tres meses, en el ámbito de la vivienda, contra una plataforma dedicada al alquiler de alojamientos turísticos.
En este caso, el expediente fue iniciado porque la plataforma tiene miles de anuncios de alojamientos de este tipo que fueron catalogados como publicidad ilícita por infringir la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
La Dirección General de Consumo instó a esta plataforma a retirar de manera inmediata dichos anuncios y, ante su negativa, se abrió el expediente. Asimismo, Consumo abrió expedientes sancionadores en febrero a empresas que gestionan viviendas turísticas en diversas comunidades autónomas, tras detectar que estas agencias estarían ofreciendo «información engañosa o información veraz que podría inducir a error a los destinatarios, debido a su contenido o presentación», lo que podría considerarse una práctica desleal capaz de alterar el comportamiento económico, tal como se define en el Artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal.
La vivienda es un derecho protegido señala el ministro
Por ejemplo, en los anuncios se indica que quien gestiona un alojamiento turístico es un particular o varios, cuando realmente es una empresa. El Ministerio de Pablo Bustinduy sostiene que la vivienda es un derecho y un bien esencial protegido por la ley. Todas estas acciones, subraya Consumo, están alineadas con el objetivo prioritario del Ministerio de salvaguardar los derechos de los consumidores en su acceso a la vivienda.
En relación a los derechos de los inquilinos, desde Consumo se han llevado a cabo campañas informativas dirigidas a los actores del mercado acerca de posibles conductas abusivas en los contratos de alquiler.
Estas prácticas también contravienen la normativa vigente, como exigir a los inquilinos el pago de fianzas desmedidas, que asuman garantías adicionales o que deban abonar mensualidades por adelantado. La Dirección General de Consumo aclara que el inicio de este expediente sancionador no implica un juicio anticipado sobre el resultado final de la investigación.
