El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por el ministro Pablo Bustinduy, ha ordenado a Airbnb el bloqueo inmediato de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos que no cumplen con la normativa vigente. Esta decisión supone un hito en la lucha contra la proliferación de viviendas turísticas ilegales en las principales ciudades y destinos turísticos del país.
La resolución se basa en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obliga a Airbnb a retirar más de 5.800 anuncios ilegales publicados en su plataforma. El fallo sienta un precedente judicial, permitiendo al Ministerio extender la orden a otros 65.000 alojamientos que incurren en las mismas infracciones, principalmente por no mostrar el número de licencia turística, utilizar números falsos o no especificar si el arrendador es particular o profesional.
Pisos turísticos ilegales, un problema que afecta a toda España
Los pisos turísticos ilegales afectan a toda España, pero especialmente a diversas comunidades autónomas, en zonas de alta presión turística como Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco. Además, el Ministerio de Consumo ha detectado 9.000 anuncios sospechosos en Galicia, lo que podría derivar en nuevas sanciones si se confirman las infracciones.
Esta ofensiva responde a una preocupación creciente entre administraciones locales y ciudadanos ante el impacto negativo del alquiler turístico descontrolado sobre el mercado de la vivienda, el encarecimiento de los alquileres tradicionales y la convivencia vecinal.
Airbnb en el punto de mira del Gobierno
La orden del Ministerio a Airbnb, cuya sede operativa en Europa se encuentra en Irlanda, forma parte de una investigación abierta por publicidad ilícita y vulneración de la normativa de protección al consumidor. Esta actuación no es aislada: otras plataformas digitales y grandes inmobiliarias también han sido objeto de expedientes por prácticas abusivas y promoción de alojamientos sin licencia.
El ministro Pablo Bustinduy ha declarado que “no vamos a permitir que las grandes plataformas incumplan la ley en perjuicio de la ciudadanía”. Desde su llegada a la cartera de Consumo, ha impulsado una estrategia coordinada para erradicar la ilegalidad en el sector del alquiler turístico.
Ibiza como caso de éxito
Uno de los ejemplos más claros de colaboración entre administraciones y Airbnb se encuentra en Ibiza, donde desde febrero de 2025 se han retirado más de 700 anuncios ilegales. Este logro ha sido posible gracias a un acuerdo entre el Consell Insular, la patronal hotelera, la asociación de viviendas turísticas y Fomento del Turismo de Ibiza. Esta experiencia demuestra que la cooperación institucional es clave para frenar la expansión de los pisos ilegales.
La proliferación de pisos turísticos sin regular ha sido señalada por múltiples informes como uno de los principales factores que dificulta el acceso a la vivienda en las grandes ciudades y zonas costeras. La ocupación de viviendas destinadas al mercado residencial para uso turístico reduce la oferta disponible, dispara los precios y genera problemas de convivencia vecinal por el constante flujo de visitantes.
El precio de la vivienda se dispara en España
Esta tendencia ha provocado un trasvase masivo de viviendas del mercado residencial al turístico, reduciendo la oferta de pisos en alquiler de larga duración y provocando un aumento desproporcionado de los precios. En barrios céntricos de ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga o Valencia, los alquileres se han encarecido más de un 100% en la última década, en gran parte por la presión del alquiler turístico.
Los más afectados por esta situación son los inquilinos jóvenes, familias con ingresos medios y colectivos vulnerables, que ven cómo se encarecen los alquileres y disminuyen las opciones disponibles. Muchos propietarios optan por retirar sus viviendas del mercado residencial para obtener mayores beneficios mediante el alquiler vacacional de corta estancia.
Además, la saturación de pisos turísticos también afecta a la convivencia vecinal, con quejas por ruido, inseguridad o cambios en la fisonomía de los barrios. En algunos distritos, la población residente ha disminuido drásticamente mientras aumenta el número de alojamientos turísticos.
Por ello, desde el Ministerio insisten en que esta medida no es contra el turismo, sino contra la ilegalidad. Se trata de garantizar que el sector opere bajo las mismas reglas para todos, protegiendo tanto a los consumidores como a los vecinos y vecinas de los barrios afectados.
La orden de bloqueo a Airbnb se enmarca en un plan estatal contra los alquileres turísticos ilegales, iniciado por el Ministerio de Consumo en 2024 y reforzado en 2025 con una batería de inspecciones y expedientes sancionadores. En ciudades como Madrid, el plan ya ha permitido identificar más de 15.000 viviendas turísticas sin licencia.
El objetivo del Gobierno es actuar de forma coordinada con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los competentes en materia urbanística y turística, para detectar, sancionar y cerrar las viviendas que no cumplan con los requisitos legales.
Reacción de la plataforma Airbnb
Hasta el momento, Airbnb no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a la orden ministerial. No obstante, fuentes cercanas a la compañía han asegurado que están “analizando la resolución” y que su intención es “colaborar con las autoridades para mejorar la transparencia y legalidad del servicio”.
Cabe destacar que Airbnb ya ha tenido conflictos similares con otros países europeos, como Francia e Italia, donde también se han impuesto restricciones y sanciones por anuncios irregulares. La presión regulatoria en la UE va en aumento, y España se sitúa ahora a la vanguardia del control sobre este fenómeno.
