La Comunidad de Madrid acusa a RTVE de mentir a los españoles en relación al documental emitido ayer miércoles sobre el aniversario del Covid y ha pedido por medio de una carta, el presidente de RTVE, José Pablo López, que también se transmita el vídeo referente a sus «logros» en la administración de la pandemia, así como la declaración de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, relacionada con esto, tras la difusión de un documental «parcial» sobre las condiciones de las residencias en Madrid a causa del Covid-19.
En una carta, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, expuso así su conocimiento sobre la emisión de un programa especial y el documental ‘7291’. El consejero ha señalado que «este documental, que presenta un claro sesgo ideológico, proporciona datos que no se alinean con la realidad, omitiendo de forma evidente una comparación de información verificada con otras comunidades autónomas, así como las acciones ilegales y negligentes del Gobierno central en ese periodo».
Asimismo, ha afirmado que el Gobierno de Madrid «fue el pionero en implementar acciones para enfrentar las consecuencias de una crisis sanitaria mundial que fue desestimada y negada durante varios meses por la administración de nuestro país». Además, señala que, en la elaboración de este documental, «se excluyó intencionadamente el contraste con los datos y hechos que, de manera unánime, en más de sesenta ocasiones, los Juzgados han respaldado a favor de la Comunidad de Madrid».
En su intento de justificarlo frente al presidente de RTVE, García Martín menciona el artículo 3.2.b de la Ley 17/2006, del 5 de junio, referente a la radio y la televisión de propiedad estatal, que ordena a la Corporación RTVE «asegurar una información objetiva, veraz y diversa, que deberá adherirse plenamente al principio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico que existe en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de manera clara, la información de la opinión».
Asimismo, el artículo 10 del Mandato Marco menciona a la Corporación RTVE, la cual debe asegurarse de que su labor «se regirá por principios de independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor, evitando cualquier postura ideológica que no esté relacionada con la defensa de los valores establecidos en la Constitución. Para ello, se deben considerar todas las opiniones y opciones que existen en la sociedad española, según su representación institucional, económica o social, y se requiere una precisión extrema respecto a la realidad de los hechos, que deberán ser verificados a través de múltiples fuentes».
Por esta razón, desde el Ejecutivo de Madrid consideran que la divulgación de este documental tiene que ser «comprobada con información objetiva», solicitando que se reproduzcan bajo las mismas condiciones las dos producciones audiovisuales del Gobierno regional sobre el Covid que «evidencian el éxito en la administración de la Comunidad de Madrid y las omisiones del Gobierno central en el transcurso de la crisis del Covid-19».
UN VÍDEO CON CARGOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
Ayer miércoles, un vídeo fue divulgado por la Comunidad de Madrid, en el que se dirigían críticas al Gobierno central por su «nefasto» manejo de la pandemia. El material comenzaba mencionando los más de 120.000 decesos ocurridos en España debido al Covid-19 y contenía imágenes de encabezados de periódicos.Además, un comunicado fue emitido por el Gobierno de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, con el fin de contrarrestar la campaña de «la ultraizquierda y la izquierda» relacionada con el Covid-19 y para expresar «la realidad de lo sucedido», frente a un Ejecutivo que pretende «emplear el sufrimiento para sus fines políticos».
«Al enterarnos de la producción de documentales manipuladores, que se enfocan de manera unilateral y partidista en la administración de la Comunidad de Madrid, un asunto que el Gobierno regional considera inaceptable, pasamos a especificar los datos precisos sobre lo que sucedió en esos días aciagos», declaró.
En el informe presentado por el Gobierno autonómico se rechaza la cifra de decesos en hogares de ancianos que «inquieta a la izquierda», y que excede los 7.000, considerándola «una invención del anterior consejero del área, el señor (Alberto) Reyero (Cs), quien tuvo que ser removido de sus funciones por ineficacia».
