El acuerdo de la Junta de Gobierno del 30 de marzo ha modificado las competencias atribuidas a los Plenos de las Juntas Municipales de Distrito en materia de contratación de obras y concesiones, de cuentas a justificar, de gastos y de ayudas y subvenciones, atribuyéndolas al concejal presidente y al gerente de la Junta Municipal, lo que, a juicio del Grupo Municipal Socialista, resta capacidad de decisión al Pleno de la Junta y pone cortapisas a la transparencia. Por esa razón, la portavoz socialista Isabel Vilallonga postuló en el Pleno de junio una proposición conjunta con el Grupo Municipal de Izquierda Unida para que el Ayuntamiento reconsidere tal “retirada de competencias”, pues entienden que supone una vuelta a la centralización y un vaciamiento de contenido de los Plenos de la Junta. Aportó el dato de que en 1989 la Junta administraba el 20% del presupuesto, mientras que hoy sólo administra un 10%, favoreciendo así un “presidencialismo retrógrado”.
Por su parte, el Grupo Municipal Popular justificó el cambio en la asignación de competencias revelando que la única razón del mismo es la dinamización de la gestión municipal, y recordando además que ésa es la tendencia general en muchos municipios, incluyendo algunos gobernados por el PSOE, como Zaragoza, o por Izquierda Unida, como Córdoba. Asimismo, la concejala presidenta, Elena González Moñux, aclaró que la transparencia informativa está siempre garantizada, pues los expedientes y documentos están en todo momento a disposición de todos los grupos municipales. En el turno de réplica, la oposición atribuyó al gobierno una “deriva totalitaria”, pero éste explicó que ninguna instancia de control queda derogada con los nuevos cambios, y reiteró el criterio de racionalización que rige el cambio competencial.
Tanto ésta como el resto de proposiciones presentadas por la oposición fueron rechazadas.
