Los comerciantes mayoristas del barrio de Embajadores, muchos de ellos de origen asiático, llevan meses protestando contra el cierre al tráfico de esta zona del distrito de Centro. Ya se han manifestado tres veces en la Plaza de la Villa, frente al Ayuntamiento, para exigir medidas que frenen el progresivo descenso de la actividad comercial de sus negocios. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido respuesta alguna por parte del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, ni del propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, al que han solicitado reiteradamente una entrevista.
La última concentración tuvo lugar el pasado 15 de marzo, con el respaldo de los sindicatos CC.OO. y UGT, para solicitar “con urgencia” que se amplíen los horarios de carga y descarga, se incrementen las plazas de aparcamiento rotativo para los clientes y se abran a la circulación varias calles donde las empresas han quedado aisladas.
La Asociación de Mayoristas de Madrid (Asomam), organización integrada en la patronal de la pequeña y mediana empresa Copyme, denunció que los mayoristas están viviendo “una crisis muy marcada” desde la implantación del Área de Prioridad Residencial en Embajadores (APR). Una crisis que se manifiesta en las pérdidas del sector alcanzando ya los 54 millones de euros, el 15% de su facturación anual, y en la inestabilidad de 600 empresas y más de 2.800 puestos de trabajo. Además, en opinión de los mayoristas la medida ha llevado aparejado el crecimiento de la inseguridad en las calles con la instalación de nuevos “mercados públicos” de droga en ellas. Por tanto, aunque no se oponen a las iniciativas puestas en marcha para mejorar la seguridad y las condiciones del barrio, piden poder realizar su actividad libremente ya que no es incompatible con los deseos de los vecinos de la zona.
Opiniones enfrentadas
Los residentes del barrio de Embajadores, por el contrario, mantienen una posición muy alejada a la defendida por los mayoristas. Muchos vecinos aseguran que desde la llegada de este tipo de comercio a la zona, esta se ha convertido en un infierno. Furgonetas y camiones cortando el tráfico, kilos y kilos de embalajes y basura en cada esquina, y peatones esquivando carretillas de transporte han convertido un barrio residencial en un polígono industrial en pleno centro de la ciudad. Niegan también el incremento de la inseguridad desde la implantación del APR y, sin embargo, solicitan mayor control para los permisos de residencia y los contratos de trabajo de los comercios mayoristas regentados por ciudadanos orientales.
Por el momento, el Ayuntamiento madrileño, a tenor de las últimas medidas adoptadas, parece más receptivo a la postura vecinal, aunque también deberá conciliar los intereses de los comerciantes mayoristas afectados.
