La Confederación Española de Policía ha tomado la decisión de revocar el ‘Premio Justicia y Libertad’ que otorgó en mayo de 2010 al por entonces juez de la Audiencia Nacional y actualmente ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debido a su “constante desprecio” y “completa indiferencia hacia los policías y sus derechos laborales”, tal como se detalla en el acuerdo unánime del Comité Ejecutivo Nacional de este sindicato de la Policía Nacional.
Por un lado, la acción se fundamenta en la falta absoluta de progresos en las principales demandas de mejoras laborales que el Ministerio del Interior continúa ignorando, tales como la jubilación digna, el reconocimiento como profesión de riesgo, la verdadera equiparación salarial y una mayor protección, tanto física como jurídica, frente al inaceptable incremento de agresiones hacia los agentes de policía.
Asimismo, la pérdida de reconocimiento está relacionada con el anuncio reciente de la Proposición de Ley, que cuenta con el respaldo del PSOE y Junts, a través de la cual las competencias que hasta ahora, durante casi cincuenta años de democracia, solo ejercían policías y guardias civiles en el ámbito de puertos, aeropuertos e inmigración, serán incorporadas a los Mossos d’Esquadra.
Todo esto ahonda en el vasto vacío que ya distingue a los agentes del orden del titular de la cartera. Pues una persona que desconoce cualquier progreso en nuestra labor o que permite, acepta y justifica el colapso del modelo policial sostenido hasta el momento por administraciones de UCD, PSOE y PP, no encarna ya ni unos pocos de los principios que defiende CEP.
Fernando Grande-Marlaska, cuando recibió el ‘Premio Justicia y Libertad’ de CEP, ocupaba el cargo de magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional. No obstante, su comportamiento hacia los sindicatos de la Policía Nacional experimentó un cambio drástico tras ser designado ministro del Interior el 6 de junio de 2018.
De esta manera, aunque desde aquel instante han tenido lugar nueve encuentros del Pleno del Consejo de Policía -el organismo paritario que representa a los agentes y al Ministerio mismo- solo ha estado presente Grande-Marlaska en tres de ellos durante estos casi siete años.
La falta de disposición a asumir su deber como Presidente del Consejo de Policía evidencia su escasa intención de comunicarse, y que el progreso y desarrollo profesional de los agentes de policía tienen un lugar sorprendentemente marginal en sus prioridades.
Sin embargo, a esa desatención constante hacia las demandas de los agentes policiales se añade el impacto devastador a nuestras atribuciones en Cataluña, al haber autorizado el Ministerio del Interior que, por primera vez en cerca de cincuenta años de democracia, los Mossos d’Esquadra asuman funciones que anteriormente solo pertenecían a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
La completa separación de Grande-Marlaska con los anteriores, lo que ha propiciado la aparición de un Cuerpo de seguridad local en funciones de índole nacional e internacional, ha originado una gran sensación de inseguridad y descontento entre los más de 3.400 colegas de la Policía Nacional que están en servicio en esa Comunidad Autónoma.
A pesar de los años que han pasado, CEP no puede continuar otorgando un premio de esta organización al ministro que está facilitando todos estos ataques a nuestra realidad profesional. No podemos quedarnos inactivos ante las constantes agresiones contra nuestros derechos y competencias.
No se puede permitir que quien ha tomado una posición en contra de todo el grupo policial pueda tener la capacidad de ostentar un reconocimiento del sindicato, en lo que respecta a los derechos laborales.
Esa diferenciación no puede ser sostenida por nuestra parte, en última instancia, en beneficio de quien no responde -no solo con acciones, sino incluso con una disposición al diálogo- a las peticiones de los auténticos representantes de los agentes de policía nacional.
