La Comisión Europea ha sacado los colores al Gobierno de Pedro Sánchez ante la preocupante situación de la vivienda en España y le ha instado a incrementar su oferta de vivienda pública y asequible, ya que esta se sitúa «muy por debajo» de la media de la Unión Europea, para lo que pide implantar medidas que deben centrarse en los jóvenes y los hogares con bajos ingresos.
Así se desprende del informe del semestre europeo que Bruselas ha presentado este miércoles, que avisa de que el parque de viviendas sociales de alquiler en España representa sólo el 1,5% del parque total, frente al 9% de media en la UE, según datos del Banco de España. El documento acusa que «la escasez de vivienda y su efecto en el precio de la misma repercute en la renta disponible de los hogares y representa un reto, sobre todo para las familias con rentas bajas y los jóvenes».
La Comisión se basa en los datos del Banco de España que muestran que casi el 40% de los inquilinos españoles gastan el 40% de sus ingresos en alquiler y servicios públicos, frente a la media de la UE del 27%, al tiempo que la economía española presenta un déficit de vivienda de aproximadamente 600.000 unidades.
Para abordar el problema de la oferta, Bruselas ha apremiado al Gobierno a culminar la reforma pendiente de la ley del suelo, que «facilitaría el desarrollo de nuevas viviendas reduciendo los plazos de tramitación, fomentando la estabilidad normativa y eliminando cuellos de botella administrativos innecesarios».
Además, destaca que «resolver la escasez de mano de obra en el sector de la construcción es fundamental, ya que más del 50% de los empresarios del sector señalan importantes dificultades para encontrar trabajadores».
«Es un problema social que se está convirtiendo en un problema económico y financiero que puede afectar también al crecimiento económico«, ha explicado un funcionario de la Comisión, que ha advertido de que si los individuos tienen dificultades para encontrar alojamiento, esto «podría frenar los flujos migratorios potenciales» que mantienen la solidez del mercado laboral.
El Ejecutivo comunitario apunta que «el aumento selectivo de los volúmenes de promoción de viviendas puede tener beneficios fundamentales en España, ya que mejoraría la capacidad de absorción de la oferta de mano de obra en las áreas metropolitanas saturadas, al tiempo que fomentaría la movilidad laboral interna».
Por otro lado, advierte de un aumento de las viviendas de alquiler turístico, un cambio que «ha reducido posteriormente la disponibilidad de viviendas de alquiler para primera residencia, a lo que se suma el escaso parque de viviendas sociales y un repunte relativamente lento de las nuevas construcciones o remodelaciones para satisfacer la creciente demanda».
Sanchez plantea invertir 7.000 millones en los próximos cuatro años
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, planteará a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de este viernes triplicar la inversión pública en vivienda, alcanzando los 7.000 millones en los próximos cuatro años, que es de todo insuficiente teniendo en cuenta que según el Banco de España, nuestro país acumula un déficit de 600.000 viviendas en los últimos años, mientras que anualmente se construyen una media de 125.000o viviendas .
Según ha informado Moncloa, Sánchez ha enviado una carta a los presidentes autonómicos para que la Conferencia de Presidentes de Barcelona sirva como punto de partida para la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda.
Desde el Gobierno central se comprometen en el nuevo plan a aportar el «grueso» de esa suma, unos 4.000 millones, siempre y cuando las comunidades autónomas «asuman su corresponsabilidad y aporten al menos 2.700 millones.
En los últimos 45 años, las Administraciones públicas construyeron en España más de 2,4 millones de viviendas protegidas, pero la práctica totalidad de esas viviendas acabaron siendo descalificadas y vendiéndose en el mercado libre a precios elevados o en manos de fondos buitre», sostiene Moncloa.