La tormenta política que ha desatado la filtración de los mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos sigue creciendo. Sin embargo, no solo el contenido de los mensajes ha generado polémica, sino también la reacción del Gobierno, especialmente la del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha exigido públicamente a la justicia que investigue la divulgación de los Whatsapp
. Este gesto ha sido duramente criticado, tanto en el ámbito político como mediático, por lo que muchos consideran una injerencia directa del Ejecutivo en el poder judicial.
Anoche, en el programa El Mundo al Rojo, centró su tertulia en lo que los analistas calificaron como una «presión inaceptable de Bolaños a los jueces». Durante la emisión, el presentador y varios colaboradores señalaron que la actitud del ministro demuestra el grado de nerviosismo que atraviesa La Moncloa, no solo por el contenido de los mensajes sino por el deterioro de la imagen presidencial que está generando la crisis.
Los analistas fueron claros: Bolaños no pide justicia, exige control de daños tras el escándalo de los WhatsApp. “No está defendiendo la legalidad, sino intentando proteger a Sánchez de una nueva humillación pública”, afirmaron en el plató. La intervención del ministro se interpretó como un intento de marcar el paso al Poder Judicial, una acción impropia de un gobierno democrático, que además se produce en medio de otras tensiones institucionales.
Una filtración incómoda… pero reveladora
Los mensajes entre Sánchez y Ábalos, publicados por El Mundo, han desvelado una cara más cruda del presidente, en la que se critica a compañeros de partido como Emiliano García-Page o Javier Lambán, tildándolos de “hipócritas”. También revelan cómo Sánchez seguía manteniendo una relación estrecha con Ábalos incluso después del estallido del caso Koldo, sugiriendo que el presidente no estaba tan distante de su exministro como había dejado entrever.
La publicación ha provocado una reacción en cadena: mientras el PP y Vox exigen responsabilidades políticas y elecciones anticipadas, desde el Gobierno se lanzan mensajes de victimismo. “Están vulnerando la intimidad del presidente”, dijo Bolaños, pero la pregunta que muchos se hacen es si no se está utilizando ese argumento como cortina de humo.
¿Límites a la libertad de prensa o defensa de la privacidad?
Desde el Ejecutivo, el discurso es claro: se trata de una violación a la privacidad. Pero para buena parte de la opinión pública y para medios como Distrito TV, el intento de silenciar el tema roza la censura informativa. Como se señaló anoche en El Mundo al Rojo, en ningún momento se ha cuestionado la veracidad de los mensajes. Entonces, ¿por qué el Gobierno no los desmiente y, en cambio, lanza amenazas legales contra quien los difunde?
Este movimiento se percibe como una forma de intimidar a la prensa y condicionar a la justicia. Las palabras de Bolaños (“si no se actúa de oficio, lo haremos nosotros”) fueron vistas como una advertencia directa al poder judicial, con tintes autoritarios que han despertado preocupación entre juristas y constitucionalistas.
El riesgo de politizar la justicia
En un momento especialmente sensible para la relación entre los poderes del Estado, este nuevo episodio ahonda la percepción de que el Gobierno no respeta la separación de poderes. Varios expertos han advertido de que una cosa es denunciar una filtración, y otra muy distinta es utilizar el poder del Ejecutivo para presionar a jueces y fiscales.
“La Fiscalía no puede convertirse en el departamento jurídico del presidente del Gobierno”, se dijo anoche en el programa, denunciando que el uso partidista de las instituciones debilita la democracia.
El problema no son los mensajes, sino su contenido
Más allá del debate sobre la legalidad de la filtración, lo que ha sacudido el tablero político es lo que revelan los mensajes: un Sánchez calculador, crítico con los suyos, que sigue en contacto con Ábalos a pesar del caso Koldo, y que muestra poca autocrítica.
En lugar de afrontar las consecuencias políticas de esa realidad, el Gobierno prefiere perseguir a quien la ha hecho pública. Y lo que muchos ven como una defensa de la institucionalidad, otros lo interpretan como un intento de silenciar una verdad incómoda, utilizando a Félix Bolaños como ariete contra la justicia y los medios tras la difusión de los WhatsApp.
