Una operación de «las cloacas del PSOE» intentó acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según informa el diario El Confidencial, María Leire Díez Castro, figura cercana al PSOE y exdirectora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos mantuvo una reunión en febrero con Alejandro Hamlyn, un empresario investigado por fraude de la trama de hidrocarburos, con el objetivo de obtener información comprometedora sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Antonio balas, es actualmente el jefe encargado de las investigaciones sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e imputada por cinco delitos de corrupción, y de David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, acusado por dos delitos y que recientemente hemos conocido que la jueza le sentará en el banquillo tras abrirle juicio oral.
Balas también está al frente de las investigaciones del entramado del «caso Koldo» y la investigación sobre el Fiscal General del Estado, Álvaro Garcia Ortíz. Por su parte, Leire Díez es la mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, donde precisamente la UCO está ultimando un informe demoledor sobre Cerdán, por el presunto cobro de comisiones de obras públicas de varias constructoras y donde figura una de las grandes empresas del IBEX, Acciona.
Según informa este diario, a la reunión realizada por videoconferencia asistieron la propia Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset –estrecho colaborador de Ferraz y procesado por fraude en subvenciones-, el abogado Jacobo Teijelo y Alejandro Hamlym, un industrial detenido por la UCO en 2019 en la operación Drake, un fraude en la venta de combustibles.
Leire Díez llevaba más de un año recopilando información sobre organismos considerados «enemigos del Gobierno», como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) o la propia UCO. En los audios se escucha como Hamlym afirma que tenía pruebas que confirmaban que había sido víctima de una trama corrupta de la Guardia Civil. Es entonces cuando el abogado pregunta «¿Qué sabemos de Balas?». Díez, por su parte, acusa a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de «no estar para los ciudadanos de este país» y critica duramente a Balas, que a su entender está convirtiendo «a todos en presos y carceleros de él».
La conversación continúa con, Hamlyn preguntándose que sacaba en su beneficio propio de todo esto, por lo que comenzó a enumerar sus problemas de nuevo. «Puedo sacar mucha información, (…) pero necesito saber qué pasa con mi tema. (…) ¿Qué pasa con mi honor, eh?» Y Leire le confirma que el fin de Balas sería el fin de sus problemas: «Necesito a Balas, así de claro» exponía.
#ÚLTIMAHORA Una grabación desvela una operación clandestina del PSOE para acabar con la UCO: «Si el [teniente coronel] Balas está muerto, mejor».https://t.co/VneZR7rBBj pic.twitter.com/NbI8uyEaXs
— José María Olmo (@josemariaolmo) May 26, 2025
A pesar de todo Hamlym no lo tenía muy claro y para poder ayudar al PSOE, pide «un papelito» donde quede todo por escrito. En este momento, cuando el empresario Dolset apunta que eran necesarias «una o dos irregularidades claras, absolutamente probadas«, contra el teniente coronal Balas. Es en ese momento cuando al empresario Hamlym se le escucha decir: «Con una cosa que te dé ya está, está muerto», espetó.
Antes de finalizar la reunión por videoconferencia , la periodista Díez le exige a Hamlym que actúe con rapidez para que le facilite dicha información sobre que los altos mandos de la UCO «traían contenedores de coca». Sin embargo no se produjeron más reuniones y ahí se vio como Hamlym iba «de farol» no tenía ningún tipo de material que pudiera comprometer a Balas y a su equipo.
En septiembre de 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez y con el objetivo de frenar las investigaciones de la UCO, se nombró a Mercedes Gónzález , como Directora General de la Guardia Civil, que fue diputada del PSOE y es una reconocida defensora de los postulados de Sánchez.
Además algunos ministros del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no tuvieron reparos en acusar a la UCO de la filtración de los mensajes de WhatsApps de Ábalos y Sánchez sin aportar ninguna prueba al respecto.
