La investigación contra Begoña Gómez cuenta con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid. Los magistrados han rechazado este motivo específico del recurso de la Fiscalía, que se opuso a iniciar diligencias. Así, respaldan al juez instructor, que inició diligencias a partir de una denuncia de Manos Limpias por supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Los jueces de la Sección número 23 de la Audiencia Provincial de Madrid explican en su auto que el inicio de una querella o denuncia no lleva «de manera forzosa o ineludible» a la instauración de un proceso penal. En su lugar, requiere de una evaluación jurídica. Ahora bien, también hacen referencia a la doctrina del Tribunal Supremo que establece que basta «la verosimilitud» para admitir una querella.
La Fiscalía apeló la resolución de inicio de procedimiento que dictaminó el juez del Juzgado de Instrucción número 41 a mediados de abril. Esto se produjo al entender que la denuncia de Manos Limpias -que se limitaba a agrupar noticias publicadas en medios de comunicación sobre los negocios de Begoña Gómez- no cumplía con los requisitos necesarios para su aceptación.
«La investigación debe limitarse a los hechos»
Por consiguiente, recurrió su auto con velocidad récord y lo efectuó, además, directamente en apelación, a fin de que el tema pasara a manos de la Audiencia Provincial de Madrid sin demoras. Por su parte, el juez ha continuado con las investigaciones y espera tomar testimonio de testigos clave de la causa.
«La pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación amparándose en una taxativa interpretación típica, en este delicado campo es inusual. Así, podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva donde la delimitación del comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer y donde la obtención de fuentes de prueba es compleja», indican.
Después de la deliberación del recurso, en la que la exministra del PSOE, Pilar Llop se ha abstenido, la Audiencia de Madrid también determina que el juez debe llevar a cabo las diligencias pertinentes. «De lo hasta ahora dicho se concluye que la investigación, por el momento, deberá limitarse a los hechos sobre los que existe base objetiva debiendo el instructor dar las órdenes oportunas a la fuerza policial investigadora», exponen.
En oposición al secreto de sumario
En relación a la queja de la Fiscalía acerca del secreto de sumario que declaró el instructor al inicio de las pesquisas, la Audiencia de Madrid señala que esta medida restringe el derecho a la defensa pero no conlleva indefensión. Sin embargo, determinan que consideran «innecesario» que se decidiera esta medida dado que el juez no explicó «la finalidad» que justificara el secreto.
Por consiguiente, la Audiencia concede la razón a la Fiscalía en esta cuestión y parcialmente acepta su apelación, forzando al juez a levantar el secreto que fue ordenado en su resolución del pasado 16 de abril. No obstante, esta medida ya no es necesaria ya que Peinado optó por acordarla a principios de la semana después de que se filtrara en los medios el informe de la UCO de la Guardia Civil que, por el momento, descarta cualquier indicio de delito por parte de Begoña Gómez.
Con esta declaración, el juez logra la aprobación de la autoridad superior para impulsar un caso que pone el énfasis en los acuerdos que Carlos Barrabés, en UTE con The Valley, recibió de parte del sector público durante la pandemia.
Próximos citados para la investigación
El magistrado intenta determinar si el asesor aragonés -quien superó al resto de las propuestas al recibir la calificación más alta en la fase subjetiva- se benefició de las cartas de respaldo escritas por Begoña Gómez. Ello con el fin de obtener estos contratos que son manejados por el Gobierno que su esposo preside.
El 16 de abril se iniciaron las diligencias por parte del juez y en ese momento se le concedió la condición procesal de «investigada». Esto permitió su participación en el caso junto con el exfiscal y exministro del PSOE, Antonio Camacho. Hasta ahora, Peinado ha interrogado a los periodistas de El Confidencial y de Es.Diario que publicaron las noticias sobre los negocios de Begoña Gómez. También ha convocado a Barrabés, a un socio suyo, y a cuatro altos cargos de Red.es para los días 6 y 7 de junio.
En pleno momento de la crisis sanitaria, este organismo -dependiente en aquel entonces del Ministerio de Economía de Nadia Calviño- fue el encargado de convocar los dos contratos que obtuvo Barrabés por una suma ligeramente superior a los 10 millones de euros. De igual manera, el juez también ha requerido a la Guardia Civil que obtenga los contratos que este empresario ha conseguido en los últimos años tanto del Consejo Superior de Deportes (CSD) como de Red.es y del Ayuntamiento de Madrid.
