El atentado contra el precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, ha reavivado un recuerdo doloroso en la memoria de un país que ha estado marcado por la guerra entre el narcotráfico, las extintas Farc, los paramilitares y el Estado.
Cuatro candidatos a la Presidencia fueron asesinados en plena campaña electoral entre los años 1987 y 1990, un época oscura en la que el temor reinaba en las calles por los constantes escenarios de muerte a manos de los carteles narcotraficantes y las guerrillas.
La violencia política se convirtió, en ese entonces, en un amenaza directa contra la democracia. Hoy, más de treinta años después, los colombianos vuelven a sentir preocupación por una situación que se creía ya había quedado en el pasado y con las elecciones presidenciales del 2026 a la vuelta de la esquina.
Los magnicidios que marcaron a Colombia
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Jaime Pardo Leal
El primer candidato colombiano asesinado fue Jaime Pardo Leal, el líder del partido político Unión Patriótica, quien fue atacado por sicarios el 11 de octubre de 1987 en el municipio de la La Mesa, en Cundinamarca.
Pardo, quien había denunciado públicamente a Gonzalo Rodríguez Gacha como financiador del paramilitarismo y fundador del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), regresaba a Bogotá junto con su familia cuando fue asesinado.
La justicia colombiano logró establecer que los hermanos William y Olivera Acuña Infante recibieron 30 millones de pesos colombianos (unos 6.300 euros) de Rodríguez Gacha alias ‘El Mexicano’ para cometer el crimen.
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Luis Carlos Galán Sarmiento
Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial colombiano del movimiento Nuevo Liberalismo fue atacado por sicarios del cartel de Medellín el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha (Cundinamarca).
El magnicidio de Galán Sarmiento contó con la colaboración de agentes del Estado y políticos aliados al cartel liderado por Pablo Escobar. El excongresista liberal, Alberto Santofimio Botero, fue condenado por estos hechos a 24 años de prisión como determinador del crimen.
Además, el general en retiro, Miguel Maza Márquez, también fue encontrado como responsable.
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Bernardo Jaramillo Ossa
El candidato del partido Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa, también fue asesinado tan solo siete meses después de la muerte de Galán. El 22 de marzo de 1990, Jaramillo fue atacado por un sicario menor de edad que le disparó con un fúsil Mini‑Ingram 380 pese a contar con un esquema de seguridad conformado por 16 escoltas del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Inicialmente, la entonces agencia gubernamental de seguridad colombiana acusó al cártel de Medellín. Sin embargo, luego se descubrió la implicación de grupos paramilitares, exescoltas del DAS y policías en una «alianza criminal» para atentar contra Jaramillo Ossa.
Su asesinato y el de Pardo Leal forman parte de un plan de exterminio contra la Unión Patriótica. Entre 1985 y 1991 fueron más de 8.000 militantes fueron acribillados, entre ellos, congresistas, alcaldes y líderes locales.
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Carlos Pizarro Leongómez
Carlos Pizarro Leongómez fue asesinado el 26 de abril de 1990, apenas 49 días después de dejara la organización guerrillera Movimiento 19 de abril (M-19) y comenzara su campaña presidencial bajo la Alianza Democrática M‑19, partido político derivado de la desmovilización del grupo armado.
El candidato fue atacado por el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe, alias ‘Jerry’, en un vuelo en el que viajaba de Bogotá a Barranquilla acompañado por escoltas del DAS. El hombre disparó contra Pizarro en varias oportunidades con una subametralladora cuando el avión estaba ya en el aire.
El sicario fue ultimado por los escoltas del DAS y Pizarro, aunque sobrevivió al impacto inicial, murió varias horas después en la Clínica Santa Rosa de Barranquilla. En 1999, se condenó al jefe paramilitar Carlos Castaño por su implicación en el crimen que fue declarado como delito de lesa humanidad.
En 2024, la Fiscalía ordenó la detención preventiva del coronel en retiro Manuel Antonio González Henríquez, exdirector del DAS, señalado de haber facilitado el asesinato mediante cambios en el esquema de protección del candidato. Fue imputado por homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
El atentado en contra Miguel Uribe Turbay vuelve a sacudir la escena política de Colombia, por lo que se hace necesario esclarecer el hecho y los responsables para así poder blindar la seguridad de los candidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo año.
El Gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación y la Policía ya se han comprometido a buscar respuestas mientras que el nieto del expresidente Julio César Turbay (1978-1982) sigue luchando por su vida.
