Bruselas escucha a la sociedad civil española. Amalio de Marichalar, conde de Ripalda y coordinador de la plataforma “De español a español por la Constitución”, ha sido recibido en el Parlamento Europeo por Sergio Alonso de León, Consejero Jurídico de la Presidenta del Parlamento Europeo. La reunión, celebrada en representación de 30 asociaciones de la sociedad civil, ha servido para exponer una batería de denuncias sobre la grave situación política e institucional que atraviesa España.
Ley de Amnistía: el punto de ruptura
En el centro de la denuncia se encuentra la polémica ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Marichalar calificó esta norma como “la más grave violación de la Constitución desde 1978”. Según explicó, esta ley no solo anula condenas judiciales, sino que ha sido el precio de siete votos corruptos que permiten al actual Ejecutivo mantenerse en el poder. La amnistía pone fin a la igualdad entre españoles, favorece delitos como la malversación y el terrorismo, e incluso se ha vinculado al conocido como “Rusiangate”.
Amalio de Marichalar recordó que esta ley ha provocado una contestación social sin precedentes: 566 días consecutivos de manifestaciones en defensa de la Constitución, más las recientes movilizaciones masivas en Burgos (6 de abril) y en la madrileña Plaza de Colón (10 de mayo), y la que se celebrará en Sevilla el 30 de este mes.
Ataques a la independencia judicial y a la Corona
Durante la reunión, Marichalar denunció “el ataque sistemático a la independencia judicial y a la división de poderes”, orquestado desde el propio Ejecutivo. También se hizo mención al constante menosprecio y desprestigio hacia la Corona española, promovido desde los círculos del Gobierno y sus aliados parlamentarios.
Especial atención se dedicó a la inacción respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incumpliendo las condiciones exigidas por Europa para garantizar la independencia judicial: que los jueces elijan a los jueces. La situación actual, sin una reforma real, deja a España en una peligrosa indefensión jurídica.
Un Gobierno que fagocita las instituciones
El embajador civil denunció que el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado, el CIS, el Tribunal de Cuentas, RTVE, el Consejo de Estado, y ahora también empresas como Indra o Telefónica, están bajo control político directo. “Las instituciones ya no son contrapesos, sino brazos ejecutores del Gobierno”, afirmó.
Condonación de deuda, Rusiangate y ocultación de fondos europeos
Otro punto clave fue la condonación de la deuda a Cataluña, una medida que, según Marichalar, rompe el principio de igualdad entre españoles y consagra privilegios inconstitucionales. Además, denunció la pasividad del Gobierno ante el escándalo del Rusiangate y la malversación cometida por autoridades catalanas que participaron en el golpe del 1-O.
También se expuso la falta de transparencia con los fondos europeos: “No sabemos dónde están ni cómo se están usando”, advirtió Marichalar, exigiendo una auditoría completa.
Internacional: Venezuela, terrorismo y complicidad con dictaduras
La denuncia alcanzó también el plano internacional. Marichalar criticó la negativa del presidente Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, desmarcándose de la postura oficial del Parlamento Europeo.
Asimismo, censuró el pacto del PSOE con partidos que incluyen en sus listas a personas condenadas por terrorismo. Se recordó que Europa ha exigido que los delitos de sangre no prescriban y que se investiguen más de 350 asesinatos aún sin resolver.
Ataques a la lengua española y al derecho a representación
También se denunció la discriminación del idioma español en comunidades autónomas como Cataluña. La ausencia de la consejera de Educación catalana en una reciente cita en el Parlamento Europeo fue destacada como ejemplo del desprecio institucional por la lengua común de todos los españoles.
Por otro lado, se criticó que dos ministros del Gobierno se negaran a recibir a una delegación del Parlamento Europeo que acudía a España para verificar el cumplimiento de las normas comunitarias sobre representación electoral mínima.
Exigencias urgentes al Parlamento Europeo
Ante todos estos hechos, Amalio de Marichalar solicitó al Parlamento Europeo que:
1. Se pronuncie de manera oficial contra todos los ataques a la Constitución española.
2. Exija a España el cumplimiento estricto del Estado de Derecho, conforme a los artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales.
3. Traslade estas denuncias al resto de instituciones europeas y facilite una visita institucional urgente de la sociedad civil.
4. Ponga en marcha medidas jurídicas y técnicas para investigar cada punto denunciado.
5. Establezca un calendario concreto para resultados prácticos y contundentes. 6. Propicie un viaje de la presidenta del Parlamento Europeo a España para comprobar in situ la situación. 7. Estudie la suspensión inmediata de los fondos europeos a España hasta que se recupere el cumplimiento pleno del Estado de Derecho.
Europa no puede mirar hacia otro lado
La reunión terminó con el compromiso del Consejero Jurídico de hacer seguimiento a todas las denuncias recibidas. Reconoció la gravedad de la ley de amnistía y mostró preocupación por el resto de hechos presentados. Marichalar entregó documentación detallada y agradeció formalmente a la presidenta del Parlamento Europeo su disposición para escuchar a la sociedad civil española.
En un momento crítico para la democracia española, Europa tiene ahora la palabra. El clamor de la calle, las manifestaciones multitudinarias y las constantes denuncias de inconstitucionalidad exigen una respuesta contundente. El futuro del Estado de Derecho en España depende de ello.
