El escándalo en el PSOE destapado por el informe de la UCO— sobre el cobro de comisiones por parte de Santos Cerdán junto con Koldo García y el exministro José Luis ÁBlos, ha colocado a la constructora Acciona en el centro de una trama de corrupción que mezcla comisiones ilegales, adjudicaciones amañadas y uso de fondos públicos. La firma no solo aparece implicada en pagos por 620.000 euros, sino que acumula un pasado marcado por irregularidades detectadas en licitaciones urbanísticas y obras públicas.
Según la Guardia Civil, entre 2018 y 2021 Acciona —junto a otras compañías como OPR y LIC— habría remitido pagos ilegales por valor de 620.000 euros, con otros 450.000 euros pendientes, a través de un entramado gestionado por Santos Cerdán, Koldo García y el entorno del exministro José Luis Ábalos.
El informe revela que la constructora se benefició de altos contratos públicos, apoyados por la manipulación de criterios técnicos en licitaciones gestionadas por Adif y el Ministerio de Transportes, incluyendo proyectos clave en Murcia, Valencia, Sevilla, Logroño y Barcelona, cofinanciados con fondos europeos.
La formación Más Madrid, vía Sumar, ha reclamado que José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, comparezca ante la Comisión de Transportes del Congreso, para explicar el mecanismo de adjudicación de contratos públicos y los criterios técnicos empleados.
Se trataría de proyectos por un valor superior a 500 millones de euros, en los que Acciona obtuvo “alto puntaje subjetivo” pese a cuestionamientos sobre su calidad técnica .
Tras su implicación, Acciona ha manifestado su “total desconocimiento” sobre los pagos señalados y asegura que los supuestos hechos fueron responsabilidad de Fernando Merino, exdirectivo vinculado al caso. La constructora ha anunciado una auditoría interna para identificar y juzgar a los responsables, y asegura su disposición a colaborar con la Justicia .
A su vez, la UCO sostiene que los contratos de obra pública que se investigan en el Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en proyectos destinados a Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.
El núcleo del informe está sustentado en grabaciones interceptadas por la UCO, donde se escuchan conversaciones entre Cerdán, Koldo y un directivo de Acciona, considerados piezas fundamentales para amarrar licitaciones: “nada será posible sin esos nombramientos”, advierte Cerdán en uno de los audios
Acciona ya sancionada por otras obras públicas
Este escándalo no es el primero de Acciona, en 2018, la empresa fue vinculada al Caso Plaza en Zaragoza, una plataforma logística que acumuló sobrecostes e irregularidades en licitaciones, lo que forzó a Acciona a pagar más de 60 millones de euros al Gobierno de Aragón y a enfrentarse a condenas a directivos por malversación y falsedad documental.
Otra investigación afectó a la estación de La Sagrera en Barcelona, por construcción de túneles y facturas infladas, aunque sin consecuencias penales directas para la firma. Un desfase de más de 50 millones puesto bajo sospecha todas las obras de esta estación, ras pagar mordidas a funcionarios para que avalaran las operaciones.
Algo parecido con el caso Acuamed, que saltó en 2016 fue otro problema judicial para Acciona. En el caso Acuamed, la Guardia Civil, por medio de la UCO, investigó el pago de 25 millones de euros en sobornos realizados. Entre los arrestados figuraba el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini, por el fraude en los contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas.
