José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, ha impugnado la resolución del instructor del ‘caso Koldo’ ante el Tribunal Supremo (TS), quien solicitó a la Agencia Tributaria y a una entidad bancaria información sobre el exdirigente socialista y la fundación peruana asociada a él. Al mismo tiempo, ha pedido al juez Leopoldo Puente que restrinja sus indagaciones a la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
En un documento al que tuvo acceso Europa Press, se presenta un recurso de reforma y apelación subsidiario por parte de la defensa de Ábalos contra la resolución del 20 de marzo, en la cual Puente solicitó dicha información tras recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil referente al patrimonio del ex ‘número tres’ del PSOE, el cual le atribuía propiedades en Madrid, Valencia, Perú y Colombia, así como varios vehículos y más de 200 cuentas bancarias.
En el mismo documento, se insta al juez a tomar «todas las medidas necesarias para restringir la duración de la indagación», «específicamente en relación con la apertura del expediente por la compra de mascarillas durante la fase de emergencia nacional provocada por el COVID-19».
La parte defensora señala que en el informe detallado proporcionado por la Audiencia Nacional (AN), que sirvió de fundamento para la apertura del caso en el Tribunal Supremo, únicamente se menciona situaciones que «no superan el año 2019», restringiéndose «únicamente» a lo que se identifica como «asunto de las mascarillas, ya que esos son los convenios que están siendo objeto de investigación».
Ábalos señala que, «no obstante, se ha decidido darle una nueva lectura, tan extensa como se desee, tanto es así, que se ha elegido extender el período que abarca el objeto del caso a toda la fase ministerial».
No obstante, ha señalado que las investigaciones llevadas a cabo por la UCO abarcan también su «periodo fuera del ministerio». En realidad, menciona que en el informe más reciente aparecen fotografías de su matrimonio «que no tienen relevancia para la actual indagación», y sostiene que deberían haberse excluido para «prevenir perjuicios personales y familiares».
Se menciona además la propiedad en Tulúa (Colombia), donde se está construyendo una casa, cuyo coste fue atribuido en 2003 por la UCO en más de dos millones de euros, lo que luego admitió como un error y rectificó aclarándose que se confundió al convertir la moneda, y el verdadero precio fue de 751,23 euros.
