Vivanta cuenta con alrededor de 200 clínicas repartidas por toda España, frente a las casi 250 que tenía antes de la pandemia
Según ha publicado el portal web The Objective, la cadena de clínicas dentales y estéticas Vivanta, que opta a 40 millones de euros de ayudas públicas de la SEPI, ha visto cómo se ha abierto en su contra un nuevo frente judicial.
Y es que un franquiciado exige ahora a la compañía 440.723 euros de indemnización en concepto de daños y perjuicios, reclamo que ha sido aceptado a trámite de juicio ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Nº 86 de Madrid.
A juicio del demandante, este incumplimiento «ha supuesto la ruina» de su negocio pues lo ha hecho «de forma sistemática», con lo cual solicita la nulidad del contrato de franquicia suscrito entre las dos partes en enero del 2018.
«El contrato de franquicia es nulo de pleno derecho porque se indujo a mi mandante con dolo y mala fe a firmarlo, haciéndole creer que Vivanta era lo que no es», afirma el escrito admitido a trámite por el juzgado, al que ha tenido acceso The Objective.
Cabe recordar que el Grupo Vivanta está conformado por las marcas y clínicas de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, todas adquiridas en 2017 por el fondo Portobello Capital, a su vez fundado por el empresario Íñigo Sánchez-Asiaín.
No obstante, el afán de crear el grupo dental líder de España, con 250 clínicas repartidas por todo el país, se ha visto cuesta arriba para la firma de private equity presidida por Sánchez-Asiaín debido a los múltiples frentes judiciales que libra desde 2019 contra sus antiguos socios minoritarios en Vivanta.
Así, Portobello cuenta con varios casos penales y mercantiles abiertos, mientras que otros han sido archivados. Entre otros delitos, la compañía de Sánchez-Asiaín es acusada de presunta estafa y falsedad documental.
No dejan de crecerle los enanos
A los pleitos ya existentes, que han llevado a la creación de una plataforma llamada ‘Víctimas de Portobello de Sánchez-Asiaín y Clínicas Vivanta’, se le suma ahora esta nueva demanda que ha llegado al Juzgado de Primera Instancia Nº 86 de Madrid.
El demandante, antiguo franquiciado de Unident y poseedor de una clínica en Vinaroz (Castellón), afirma que suscribió el contrato con Vivanta en enero de 2018 creyendo «que era un franquiciador con experiencia contrastada en el mercado, con un ‘know how’ y un modelo específico y diferenciado que distinguía a Vivanta de cualquier otro modelo de franquicia en el sector».
Por el contrario, considera que Vivanta ha «incumplido de forma sistemática» el contrato suscrito entre las dos partes, causando una caída notable en la facturación de su negocio dada la creación de lo que denomina «una suerte de franquicia Frankenstein», sin los servicios, inversiones y protocolos propios de un modelo de franquicia.
«El franquiciador no ha desarrollado ninguna red de franquicias, ni en régimen de franquicia ni tampoco en régimen de propiedad, ni tampoco existe un sistema Vivanta y mucho menos existe una imagen de reputación ni metodología», ha criticado.
Considerables pérdidas
Así, los abogados del franquiciado en la demanda señalan que dicha «falta de know-how, ausencia de formación, de gestión, de asistencia permanente, de publicidad, de notoriedad de marca y un largo etcétera», han provocado que el negocio del demandante pasara «de facturar en el año 2017 la suma de 396.000 euros cuando aún pertenecía a Unidental, a la cifra de 203.189 euros cuando ha pasado a formar parte de Vivanta».
Añade el escrito que a partir del momento en el que se integra a Vivanta, en mayo del 2018, su clínica empezó a facturar una media de 17.000 euros mensuales, cuando antes, con Unidental, facturaba una media de 34.957 euros al mes.
Un año más tarde, en 2019, facturó una media de 25.453 euros mensuales, frente a la estimación de 39.930 euros al mes que había hecho Unidental para la misma clínica durante ese ejercicio, lo que le llevó a perder el 40% de su clientela bajo la nueva marca, según consta en la denuncia
El referido portal The Objective asegura que ha consultado fuentes de Vivanta, las cuales le han indicado que la demanda que estudia el Juzgado de Primera Instancia Nº 86 de Madrid ya ha sido contestada por la compañía, y que a su consideración «no está ajustada a derecho». Al respecto, el fondo de Sánchez-Asiaín no hace declaraciones al respecto, ya que se trata de una disputa comercial que se encuentra sub iúdice en la correspondiente instancia judicial.
De acuerdo al trabajo realizado por el ya mencionado medio digital mediante la herramienta Insight View, Vivanta remodeló su accionariado a finales de 2020 para dar entrada al fondo especializado en deuda, Ares Management, y también al banco francés BNP Paribas, luego de que registrada pérdidas por 20,13 millones de euros a cierre de 2019, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.
Mediante un canje de deuda por capital valorado en 200 millones de euros pasaron a controlar, respectivamente, un 76% y un 8% del grupo dental. Entretanto, Portobello de Sánchez-Asiaín, que aún conservan el 15%, presentó entonces un plan de negocio para elevar un 30% la facturación durante los próximos tres años, hasta los 200 millones de euros en 2024, según Expansión.
Ante ello, es propicio recordar también que Vivanta cuenta con aproximadamente 200 clínicas repartidas por toda España, frente a las casi 250 que tenía antes de la pandemia.
Además, cuenta con una plantilla de alrededor de 2.000 trabajadores tras realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implicó la salida de 278 personas de la compañía, que quiere centrarse en su negocio dental y ha puesto a la venta su división de medicina estética.
