La acción se corresponde con las reivindicaciones transmitidas por el cuerpo de seguridad local al Ayuntamiento de la capital, en tanto en cuanto exigen un mejor trato por parte del equipo de Gobierno -no repitiéndose situaciones de abandono institucional como sucedió en los disturbios de Lavapiés- y unas condiciones salariales similares al del resto de servicios de Emergencias y Bomberos.
El portavoz de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU), Carlos Bahón, ha evidenciado el “profundo malestar” que ha generado el “inmovilismo” del concejal delegado de Seguridad, José Javier Barbero. «Las sanciones, los constantes desprecios, la limitación de derechos, la falta de diálogo y capacidad de negociación, son elementos que amenazan con lleva a muchos agentes a movilizarse y defender sus derechos y la seguridad de todos los madrileños», explica a Europa Press.
El peso de la falta de personal recae sobre los hombros de los agentes, que cubren más turnos de los debidos; incluso en el Rock an’ Roll Maratón de Madrid, celebrado el pasado domingo, 22 de abril, hubo efectivos que estuvieron de servicio hasta 12 horas. Esta es una problemática que se ha enquistado debido a que el consistorio se encuentra atado de pies y manos por parte del Gobierno central, al no permitir al Ejecutivo local crear nuevas plazas debido a la tasa de reposición.
Además de las condiciones laborales de las que se aquejan los policías está la polémica generada en torno a los tuits publicados por la concejal presidenta de Usera y Arganzuela, Rommy Arce. El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha citado a declarar a la concejal presidenta de Arganzuela y Usera, Rommy Arce, por un delito de injurias y calumnias contra la Policía Municipal en el marco de los mensajes publicados por ésta tras la muerte del mantero senegalés, Mmame Mbaye, en el barrio de Lavapiés. El magistrado interpreta que los tuits en los que la edil de Ahora Madrid hablaba de “persecuciones policiales” y de “políticas migratorias racistas y xenófobas que privan de derechos a los migrantes», en referencia a la actuación de los agentes de seguridad municipal, podrían ser constitutivos de delito.
