El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto una querella contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación en la compra del servicio de Bicimad.
El portavoz de los populares, José Luis Martínez-Almeida, interpreta que los 10,5 millones de euros abonados a Bonopark, empresa concesionaria del servicio, es “lesivo para las arcas públicas”. El líder del PP sostiene que “se pagó un precio muy superior al real, generando un gasto inoportuno, inapropiado y excesivo». Asimismo, la agrupación indica que la compra de Bicimad se justificó con un informe «sin fechar y sin firmar» y que carecía de encabezado.
«En ningún momento los servicios municipales tanto del Ayuntamiento como de la EMT contrastan la valoración de los 10,5 millones de euros», explica Martínez-Almeida, quien apostilla que el delito de prevaricación se sustenta en las decisiones «arbitrarias» e «injustas» en la adquisición del servicio.